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Telec Int. Telintar c. D.G.I.

CNACAF, sala IV

25/06/2009

 

Buenos Aires, junio 25 de 2009.

 

Considerando:

 

I. Que, a fojas 869/873, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó parcialmente la resolución de la AFIP-DGI, de fecha 20 de diciembre de 2001, en cuanto determinó la obligación tributaria de la actora en el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos 1995; 1996; 1997; 1998 y 1999 y la revocó respecto de la procedencia de los intereses resarcitorios y de la multa aplicada, con costas por su orden.

 

Para así resolver dicho organismo, en su voto mayoritario, sostuvo, en primer lugar, que la cuestión a dilucidar en la presente causa era si el plazo de vida útil acordado por la recurrente al bien de uso “fibra óptica”, a efectos de calcular su amortización impositiva; era correcto o si, por el contrario, le asistía razón a la tesis sostenida por el Organismo Fiscal.

 

A tales efectos, ponderó:

 

a) que se debía tener en cuenta que el agotamiento y el desuso no se referían al desgaste sino a la pérdida de utilidad del producto que justificaba la inversión o bien su desuso por razones tecnológicas o por la imposibilidad de utilización;

 

b) que, en definitiva, casi todas las respuestas periciales, así como la mayor parte de los informes agregados a la causa, se sustentaban en el factor obsolescencia como elemento prioritario para estimar la duración de la fibra óptica, por lo que resultaba necesario rescatar de ellos la medida del factor desgaste puro, vale decir, el envejecimiento que sufrían los bienes por su utilización normal en la actividad a la que estaban destinados, de acuerdo con lo que respecto de las amortizaciones disponía el artículo 82, inciso f), de la ley del tributo;

 

c) que, teniendo en cuenta los informes analizados, la referencia a la garantía de los fabricantes, prescindiendo de toda consideración relativa al desuso causado por obsolescencia o por renovación del equipamiento asociado, empleado en los sistemas de transmisión, y sin dejar de lado que había concordancia en admitir que no se advertía en el futuro inmediato una nueva corriente tecnológica, susceptible de reemplazar los cables de fibra óptica, se extraía como conclusión que ellos tenían una duración estimada entre los veinte y treinta años, lo que suponía la convalidación del criterio empleado por el Fisco para fundamentar su posición, al sostener que el plazo de vida útil del bien de uso “fibra óptica” que empleaba la recurrente era de veinte años, por lo que resultaba pertinente confirmar el ajuste practicado por el Organismo Fiscal;

 

d) que, en cuanto a los intereses resarcitorios, no parecía razonable declarar morosa en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la recurrente cuando el propio Fisco evidenció, hasta el dictado del acto recurrido, un estado de duda respecto del caso concreto, de lo que era prueba suficiente las distintas opiniones venidas por el Organismo Fiscal durante el trámite administrativo;

 

e) que, por iguales fundamentos, correspondía revocar la multa impuesta en el acto recurrido con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 y, asimismo, imponer las costas del juicio en el orden causado.

 

II. Que, a fojas 880/1 y 882, el apoderado de la parte actora y el representante del Fisco interpusieron recurso de apelación contra dicho decisorio, los que fueron concedidos a foja 943. Puestos los autos en la oficina, la actora expresó agravios a fojas 886/930 vuelta y el Fisco a fojas 936/942 vuelta, los que fueron contestados a fojas 947/960 vuelta y a fojas 961/968 vuelta, respectivamente.

 

La actora se agravia de la sentencia del Tribunal Fiscal por cuanto considera que éste se apartó del derecho aplicable y de los hechos de la causa.

 

Se agravia, asimismo, sosteniendo que hubo una valoración arbitraria de la prueba producida y que no se tuvieron en cuenta elementos probatorios esenciales para la resolución de la litis, otorgándose preeminencia a elementos que no permitirían fundar el resultado al que se llegó.

 

Afirma que el fallo merece su descalificación, debido a que se aparta del derecho aplicable al despreciar la obsolescencia técnica como circunstancia computable, a fin de determinar la vida útil de los bienes de uso con relación a su amortización y aplicar indebidamente las normas, sobre obsolescencia sobreviviente (desuso).

 

Asevera que, salvo la opinión del voto mayoritario del Tribunal Fiscal, toda la doctrina jurídica y contable es pacífica al señalar que la amortización está destinada a compensar la pérdida del valor -derivado de la obsolescencia, entre otras causas- de un activo fijo, a fin de que culminada la vida útil de éste pueda reemplazarse con otro bien de las mismas características o funciones.

 

III. Que el Fisco, por su parte, se agravia de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto dejó sin efecto los intereses resarcitorios liquidados.

 

Considera al respecto que los accesorios aplicados, generados desde el vencimiento del plazo establecido para ingresar el gravamen, constituyen el resarcimiento al Fisco de la lesión patrimonial sufrida por la mora del deudor, de acuerdo a lo previsto en la ley 11.683, en su artículo 37.

 

Agravia, asimismo, al Fisco la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal, por cuanto resuelve revocar la sanción impuesta a la recurrente con iguales fundamentos que sostuvo para revocar los intereses resarcitorios.

 

IV. Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 11.683 (t.o. en 1998), en los recursos de revisión y apelación contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de tributos o sanciones, la Cámara resolverá el fondo del asunto teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos probados. Ello, no obstante, podrá apartarse de ellas y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de autos autoricen a suponer error en la apreciación que se hace en la sentencia de los hechos. Por ello, la valoración del Tribunal Fiscal respecto de la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara, a menos que se pruebe que el Tribunal a quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (conf. esta Sala, 10/11/1998, “Clement SCA”, entre otros).

 

V. Que, examinada la cuestión objeto de recurso, esa revisión procede, por cuanto se considera que existió en la valoración de la prueba efectuada por el tribunal administrativo un error de magnitud suficiente que justifica el apartamiento del principio antes mencionado.

 

VI. Que la cuestión debatida en los presentes autos se circunscribe a determinar el plazo de amortización que debió computar la actora respecto de los cables de fibra óptica que se encontraban ubicados en el lecho submarino.

 

Al respecto, es dable señalar que la fiscalización actuante estimó que dicho plazo era de veinte años y no de quince, como lo había calculado la actora en su declaración jurada.

 

Dicha diferencia se proyectó en el cálculo de una mayor amortización de los referidos cables y, por ende, en el resultado impositivo en defecto de los períodos 1995 a 1999, en el impuesto a las ganancias.

 

El Tribunal Fiscal confirmó el acto determinativo ponderando que las opiniones, vertidas a través de los elementos probatorios de la causa, se sustentaban en el factor obsolescencia como elemento prioritario para estimar la duración de la fibra óptica, debiendo establecerse, en consecuencia, cuál sería la medida del factor “desgaste puro”; esto es, el envejecimiento que sufrían los bienes por su utilización normal en la actividad a la que estaban destinados, de acuerdo con lo que dispone el articulo 82, inciso f), de la ley del gravamen.

 

VII. Que, de lo expuesto precedentemente, se advierte que según el voto mayoritario del Tribunal Fiscal, la obsolescencia no debe ser tomada en cuenta al momento de determinar el plazo de amortización de un bien mueble, toda vez que a dicha cuestión se refiere el articulo 66 de la ley de impuesto a las ganancias y no el artículo 84 de dicho impuesto.

 

VIII. Que el artículo 82 de la ley de impuesto a las ganancias, en su inciso f), autoriza a deducir de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso, y establece, en su artículo 84, el método a fin de calcular la amortización impositiva anual, para compensar el desgaste de los bienes muebles. A tal fin, dispone que debe dividirse el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de éstos.

 

La vida útil es la duración estimada que un objeto puede tener cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido creado.

 

IX. Que, según lo informado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires a fojas 586/588, para el establecimiento de la vida útil de los bienes de uso es importante considerar -entre otros- los factores de obsolescencia del bien.

 

Cabe señalar al respecto que se entiende por obsolescencia la caída por desuso de máquinas, equipos y tecnologías motivadas, no por un mal funcionamiento, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado.

 

Para fundar su respuesta, dicho organismo transcribió la parte pertinente de la resolución técnica 10 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en el que se dispuso: amortizaciones: para el cómputo de las amortizaciones debe considerarse fundamentalmente la capacidad de servicio del bien, enmarcando su existencia en el tipo de explotación que corresponda, sobre la base de los siguientes elementos de juicio: … 2) la capacidad de servicio esperada durante la vida útil estimada asignada al bien, factor cuya evaluación requiere considerar: – la política de mantenimiento seguida por el ente; – las situaciones que podrían provocar la obsolescencia del bien (por ej., cambios tecnológicos o en el mercado de los bienes producidos por el ente mediante su empleo, etc.)…”.

 

De lo expuesto se concluye que, conforme con lo informado por el referido Consejo de Ciencias Económicas, el factor obsolescencia es considerado a los fines de estimar la amortización de un bien, lo cual no fue, tenido en cuenta por el voto mayoritario del Tribunal Fiscal.

 

X. Que, por otra parte, y en cuanto a las restantes pruebas aportadas, no pueden soslayarle los informes obrantes en los presentes autos de los que surgen las siguientes consideraciones:

 

a) informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (fs. 53/57) -ratificada a fs. 447/8-: “Se considera de acuerdo a las consideraciones vertidas en la presente nota que resulta razonable fijar el plazo de amortización de las redes de fibras ópticas entre 10 y 15 años. Asimismo, cabe agregar que el plazo de 15 años es un valor máximo que en la actualidad puede ser calificado “como sumamente conservador” (ver respuesta a pregunta 6 obrante a fs. 57);

 

b) informe de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (fs. 334/336): en respuesta a la pregunta 6 referida al plazo de amortización razonable de las redes de fibras ópticas informa que: “…Para las redes de fibras ópticas y de acuerdo a lo manifestado en las respuestas a las preguntas 1 a 5, es razonable fijar el plazo de amortización entre 10 y 15 años. El valor de 15 años es un valor límite y conservador para la época actual” (cfr. fs. 336);

 

c) informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (fs. 61/2): en relación a la vida útil estimada de las redes de fibras ópticas en tendidos de telecomunicaciones informa a foja 62 que: “a) en general, los fabricantes de cables de fibras ópticas garantizan plazos de 20 años para sus productos tendidos de acuerdo con las reglas del arte. Dicho plazo se acerca a nuestra estimación de duración física del cable en un modelo teórico de instalación y uso. En la práctica, la utilización del cable y el transcurrir del tiempo producen una suerte de desgaste por cortes o defectos de instalación; b) el crecimiento explosivo de la demanda de ancho de banda, especialmente impulsada por la transmisión de datos y su efecto sobre la evolución tecnológica de todos los factores que integran la red de telecomunicaciones, nos hace concluir que cualquier diseño de tales redes debería calcular un plazo de vida útil de entre cinco a diez años. Sin perjuicio de lo dicho, es importante señalar que la velocidad de aparición de nuevas tecnologías puede impactar seriamente limitando estos plazos a otros menores; c) no resulta excepción a lo expuesto en a) la vida útil física estimada de un cable de fibra “dispersión shifted”. Este tipo de cable fabricado y tendido en condiciones ideales puede tener una duración física de aproximadamente 20 años. Sin embargo, por los motivos que se expusieran en el punto 1, las limitaciones que se producen en su capacidad de transmisión nos hacen suponer que este tipo de cables deberá ser reemplazado por los operadores en plazos menores a los indicados; en b) desde el momento de su despliegue (posiblemente no más de 7 años)…”;

 

d) informe de Siemens (fs. 312/314): se informa a foja 312 que: “…el tiempo de vida útil como objetivo de diseño de los elementos de red aislados podría especificarse típicamente de 15 a 20 años. Estos valores conducirían a una vida útil de la red de transporte de alrededor de 15 años”;

 

e) informe de Pifelli (fs. 316/7): “…La vida útil o duración de un cable de fibra óptica, se estimó en veinte años solo desde el punto de vista físico (condiciones de instalación y medio ambiente, suelo, etc.) y no así su obsolescencia tecnológica y comercial. Por lo tanto: el cable habrá dejado de ser útil en menos de la mitad de ese lapso, por razones de obsolescencia tecnológica, que no tienen relación con la duración física del cable, sino con su utilidad, para la función a que está destinado…” (cfr. fs. 316);

 

f) informe de la Secretaría de Comunicaciones (fs. 460/582): según lo informado por dicha Secretaría se ha establecido una política uniforme de amortizaciones a fin de facilitar la comparación en la información a presentar trimestralmente a la autoridad de control, que comenzó a regir a partir de 1997 y según la cual la vida útil que se estimó para la fibra óptica, repartidores y multiplicadores de pares es de 12 años (fs. 474/5).

 

XI. Que, tal como lo señaló el doctor Porta en su voto minoritario, de los informes a los que se hizo referencia anteriormente surgen datos que consideran menores los plazos de amortización a los pretendido por el Fisco.

 

En razón de lo expuesto, el acto determinativo carece de suficientes fundamentos como para modificar la amortización calculada por la parte actora respecto de las fibras ópticas submarinas.

 

XII. Que, en atención a la forma en que se resuelve, deviene inoficioso el tratamiento de los agravios del Fisco en relación a los intereses y la multa impuesta.

 

Por lo expuesto, corresponde revocar lo resuelto por el Tribunal Fiscal en su voto mayoritario y dejar sin efecto la resolución determinativa apelada.

 

Las costas se imponen en ambas instancias al Fisco que resultó vencido.

 

Se deja constancia de que el doctor Jorge Esteban Argento suscribe la presente conforme con los términos de la acordada 17/2008 de esta Cámara, encontrándose vacante la restante Vocalía de esta Sala (art. 109 del RJN). —Jorge Esteban Argento. — Guillermo Pablo Galli.

 

 

 

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