RSS

Tag Archives: Principio de legalidad.

El principio de legalidad y las tasas

El art. 25 de la ley 26682 que regula el sistema de medicina prepaga dispone que las entidades del mismo deben ingresar una matrícula anual cuyo monto será fijado por la reglamentación. A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional subdelegó tal atribución en el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (art. 25 del decreto 1993/11), la que fue finalmente ejercida por esta última mediante la resolución 1769/14, por la que se determina para el pago de la matrícula anual una alícuota del dos por mil, que se calculará sobre la base del total de los ingresos devengados en cada año calendario en concepto de cuotas y mayores servicios comercializados mediante planes de salud totales y/o parciales que brinden prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios.

El contribuyente objetó, con fundamento en el principio de legalidad tributaria, la delegación de la cuantía de esa matricula en el Poder Ejecutivo. En primera instancia obtuvo sentencia favorable y en apelación la Cámara confirmó el fallo, mencionando el evidente carácter tributario de la llamada “matricula” que, en realidad, constituye una tasa y que “Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, más allá de su denominación, tal “matrícula anual” reviste indudable naturaleza tributaria, máxime si se atiende a la preeminencia que cabe asignar a la realidad económica en la interpretación de las leyes de tal naturaleza (conf. art. 11 de la ley 11683 y Fallos: 318:676, cons. 12°), toda vez que se trata de una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos —empresas de medicina prepaga— en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir (art. 1º resolución 1769/14) y que se halla destinada a la cobertura de gastos públicos (art. 25 de la ley 26682).”

Swiss Medical S.A. c/ EN – SSS s/ amparo ley 16.986 – CNACAF – SALA IV – 04/08/2015

 

Posted by on agosto 10, 2015 in Tasas

Leave a comment

Tags: ,

La Corte Suprema y las tasas

Lisandro Yolis, a propósito del fallo de la Corte Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA, nos ha enviado el siguiente comentario:

Es sabido que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere decir algo, lo dice. De la misma forma, cuando no quiere hacerlo, no lo hace. Así, la sentencia del 29 de abril de 2015 en autos “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A.” es, cuanto menos, llamativa por varios motivos.

Primera cuestión (sobre el proceso), la Corte Suprema accede ingresar en el tratamiento de la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, bajo la breve argumentación de que “la demanda deducida constituye la vía idónea para suscitar la intervención de este Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos de la aplicación de la ley tarifaria provincial a la que la empresa actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par que fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (…). En efecto, al fundarse la presente acción en la interpretación de una ley local, su confrontación con normas constitucionales y con las disposiciones nacionales pertinentes es del todo relevante para la solución del caso” (Considerando 2º). Sin embargo, el Máximo Tribunal omite ex profeso expedirse sobre los argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen del 29 de mayo de 2013, donde remite a su dictamen emitido en autos “Glaciar Pesquera S.A.”, donde había sostenido la inexistencia de un “acto en ciernes”, lo que conllevaba al rechazo de la acción. De ello puede colegirse que la Corte Suprema tenía interés en dictar sentencia.

Segunda cuestión (sobre las facultades de la Provincia), el Alto Tribunal considera que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “tiene facultades suficientes para imponer tasas retributivas de servicios a las empresas que operan en la zona implicada, en el marco de la verificación de las actividades que desarrollan según ese régimen promocional”, inmediatamente establece la limitación “siempre que se respete el presupuesto de reserva de ley, la naturaleza de la tasa y con la salvedad de que se retribuyan servicios efectivamente prestados” (Considerando 7º). La sentencia a continuación trata cada uno de esos puntos sobre la debatida Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos.

Tercera cuestión (principio de reserva de ley), en pocos renglones la Corte Suprema descarta la impugnación de la empresa, indicando “el principio de legalidad enunciado se cumple en la especie con el dictado de la ley provincial 854” (Considerando 9º).

Cuarta cuestión (sobre la base imponible), aquí está el nudo del fallo. El Máximo Tribunal sostiene que la Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos “encuadra prima facie en el concepto de tasa”, párrafo de por medio, expresa “[n]o obstante lo expresado, seguidamente al fijar la base imponible para la determinación de la tasa, lo hace conforme a un parámetro: ‘el valor F.O.B. de salida que figure en el permiso de embarque cumplido’, que remite concretamente a una acción ulterior al proceso productivo de que se trata y que puede o no darse, que es la exportación del producto” (Considerando 12º). De ello extrae que “es la exportación de la mercadería lo que en realidad genera el nacimiento de la obligación tributaria, en vez de exigirla en función de procesos técnicamente anteriores a ese hecho” y luego agrega la novedosa idea de “hecho imponible real” (Considerando 13º).

Quinta cuestión (sobre la finalidad de la tasa), en directa relación con la cuestión anterior, el Alto Tribunal expresó que “[e]l quehacer de la administración provincial que la tasa solventaría es idéntico y en consecuencia debería ser ajustado, si existiese, de acuerdo a una única pauta fijada según el trabajo que se realiza”(Considerando 16º) y más aún “no se advierte cuál es la razón por la cual se estableció como parámetro de la tasa el valor FOB de salida y no otro modo de cálculo de la base imponible referido concretamente a los costos que genera la prestación del servicio que se pretende solventar” (Considerando 14º, el resaltado me pertenece). Adicionalmente, considera que “la tasa debería abonarse sin excepción, más allá de que se produzca o no la exportación de los productos. Más aún, en el supuesto de que la mercadería no llegara a exportarse, no habría monto a ingresar” (Considerando 14º).

Sexta cuestión (sobre las aduanas interiores), la Corte Suprema determina que la Provincia “está instaurando un derecho de exportación antes que una tasa de verificación de servicios cumplidos”.

Séptima y última cuestión (sobre el principio de igualdad), respecto de las diferentes alícuotas (2% sobre exportaciones al territorio continental y 3% sobre exportaciones a otros países), el Alto Tribunal sostiene que “frente a supuestos procesos de verificación análogos, se fijan tasas diferenciales sin una justificación razonable que lo sustente”, añadiendo “[e]l servicio que debería justificar el ingreso de la tasa es el mismo, por ello no se advierte razón para establecer porcentajes distintos según el destino” (Considerando 16º).

La motivación del presente comentario es entender la naturaleza de la tasa en la concepción de la Corte Suprema y sus posibles implicancias sobre otras tasas. Muchas jurisdicciones han establecido tasas tomando como base imponible los ingresos brutos de las empresas, cabe preguntarse entonces si el Máximo Tribunal ha querido decir algo más en su sentencia. Quizás, solapadamente ha dejado entrever su opinión sobre un posible planteo al respecto.

A modo de conclusión, puede considerarse que la Corte Suprema, como invariablemente lo hace, ha elegido cuidadosamente las palabras y los argumentos para expedirse en un caso, en el cual no tenía necesidad de hacerlo. Puede que, quizás, constituya un anticipo de lo que podría sentenciar respecto de las tasas que toman como base imponible los ingresos brutos de las empresas. Veremos que nos depara el futuro.

Antecedentes:

Dictamen PGN Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA

Dictamen PGN Glacial Pesquera SA

 

Tags: ,

Cancelación de la CUIT: la Corte declaró inconstitucional la RG 3358/12

Marcos Gutman envió el siguiente post:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 20 de agosto de 2014, dejó firme el fallo “FDM Management S.R.L.”, que declaró la inconstitucionalidad de la RG 3358/12. En esta sentencia se estableció que la AFIP-DGI no tiene facultades para dar de baja de oficio una CUIT.

En el fallo de Cámara se había cuestionado esta facultad y considerado que la resolución era inconstitucional porque la ley de procedimiento tributario no otorgaba estas potestad al Director General. La AFIP-DGI interpuso un recurso extraordinario que fue rechazado y que deja firme lo manifestado por la Cámara.

Comentario fallo FDM Management SRL.

 

Posted by on septiembre 15, 2014 in cancelacion CUIT

3 Comments

Tags: