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Disposición de fondos, artículo 73

La norma sobre disposición  de fondos ha producido mucha jurisprudencia y hay fallos para todos los gustos. La Corte, en dos recientes sentencias (BJ Service SRL y Fiat Concord SA del 06/03/2012) ha establecido que el concepto de “interés de la empresa” debe referirse a quien realiza la disposición de fondos y no al grupo del que forma parte. Además considera que en determinadas situaciones, que no analiza, pueden existir modalidades comerciales peculiares en las cuales exista una contraprestación por parte de quien recibió los fondos o bienes, lo cual, se agrega,  habilitaría a considerar el interés del grupo.

Sobre el tema he escrito una colaboración que se publicara en El Dial: http://www.eldial.com.ar/ el 27/03/2012.

A continuacion se transcriben ambos fallos:

FIAT CONCORD SA:

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.-

Vistos los autos: “Fiat Concord S.A. TF (16.778-I)) c/ DGI”.//-

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, al revocar la dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó el ajuste practicado por el organismo recaudador a Fiat Concord S.A y a Fiat Argentina S.A en el impuesto a las ganancias —por disposición de fondos a favor de terceros, con sustento en el art. 73 de la ley del gravamen, y 100 de su decreto reglamentario— las mencionadas empresas interpusieron recurso extraordinario por hallarse en tela de juicio la interpretación de normas de naturaleza federal, que fue concedido por el a quo en ese aspecto (fs. 632).-

2°) Que para decidir en el sentido indicado, la cámara afirmó que tanto Fiat Concord S.A como Fiat Argentina S.A dispusieron de fondos a favor de otras sociedades las que, como tales, tienen personalidad, patrimonio e intereses propios.-

Puntualizó que no surge de las constancias de autos que la realización de tales operaciones haya implicado un beneficio para quien efectuó los préstamos. Agregó que las sociedades no () demostraron la alegada necesidad de tales préstamos para su giro normal. En tal sentido, señaló que las actoras se limitaron a describir su estructura organizativa sin aportar prueba alguna sobre el provecho que derivaría para ellas de operar en esa forma. En particular, y teniendo en cuenta la calidad de financiera de Fiat Argentina, descartó que la realización de esas operaciones —sin la percepción de un interés equivalente al de mercado— hubiera podido redundar en un beneficio patrimonial.-

Del mismo modo, concluyó en que tampoco podía considerarse a los préstamos gratuitos una consecuencia del propio giro de la empresa, máxime en atención a su propio objeto social y a los quebrantos millonarios que sufría al momento de prestar el dinero.-

Asimismo, rechazó los argumentos de las actoras relativos a que el interés de ellas era equiparable al del grupo económico que integraban. Puso de relieve que frente al impuesto a las ganancias, las empresas vinculadas deben comportarse, en principio, como partes independientes;; de manera que la vinculación societaria no acredita, por esa sola circunstancia, que los préstamos de dinero hayan sido efectuados en beneficio de quien los realizó. Al respecto, con cita del precedente de Fallos: 286:97, señaló que la relación orgánica de subordinación societaria no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente ni tampoco anula su capacidad tributaria.-

3°) Que, con el alcance de la concesión, el recurso extraordinario es formalmente admisible, pues se controvierte la inteligencia asignada al art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias —y su reglamentación—, y la decisión del superior tribunal de la causa es contraria a la pretensión que el apelante funda en aquellas disposiciones (art. 14, inciso 3°, de la ley 48).-

4°) Que, por el contrario, el remedio federal es inadmisible en cuanto en éste se pretende cuestionar lo decidido por el a quo respecto de que no se aportó prueba alguna en el caso que demostrara el beneficio que tendría para las empresas actoras la operatoria a la que se hizo referencia en la sentencia, ni la necesidad de acudir a aquélla de acuerdo al giro normal de sus actividades, pues tales aspectos remiten al examen de cuestiones fácticas, por principio, ajenas al remedio extraordinario. Máxime, si se tiene en cuenta que en dicho recurso no se desarrolla ninguna argumentación acerca de una incorrecta valoración del material probatorio reunido en la causa, ni aquél ha sido fundado en la doctrina de la arbitrariedad de sentencias.-

5°) Que el art. 73 de la ley del impuesto a las ganancias —cuya constitucionalidad el apelante no ha cuestionado—, en cuanto aquí interesa, dispone en el primer párrafo: “Toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés…” que allí se fija. La ganancia presunta se calcula tomando una de las siguientes variantes: a) un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación para descuentos comerciales o, b) una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor, nivel general, con más un interés del 8% anual sobre el monto ajustado. Entre ambas, la ley dispone que deberá tomarse la que arroje como resultado el importe mayor.-

Por su parte, el art. 100 del decreto reglamentario de la ley del gravamen —art. 103 en su redacción actual—, en lo pertinente, establece: “A efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados”.-

6°) Que la presunción referida precedentemente fue introducida en el régimen que regula el impuesto a las ganancias por la ley 23.260, ordenamiento que —entre las posibles alternativas de integración del impuesto societario y el personal— optó por establecer que la sociedad revestía la calidad de sujeto pasivo del gravamen por las utilidades obtenidas y, al propio tiempo, que los accionistas tendrían la misma calidad respecto de los dividendos que aquélla les distribuyera. En el contexto de dicha modalidad de imposición, el sentido de la presunción fue limitar la práctica habitual de ciertas sociedades “cerradas”, cuyos accionistas tenían altos niveles de ingreso, consistente en retener sus utilidades con el objeto de canalizar luego los fondos de la sociedad por vías que no supongan para aquéllos una imposición adicional.-

Ello fue expresado por el Poder Ejecutivo Nacional en el mensaje de elevación del proyecto de ley —número 662— en los siguientes términos: “A efectos de restringir dicha posibilidad se extiende el tratamiento previsto para la distribución de utilidades a las sumas facilitadas por sociedades a sus accionistas en calidad de préstamo, en los casos en que no se estipule el pago de intereses o éstos resulten inferiores a los contemplados en el texto legal…” (ver, Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, abril 25/26 de 1985, páginas 8250 y 8251).-

Tal propósito quedó plasmado en el texto de la ley al establecer que, sin perjuicio de la presunción de ganancia gravada que para la sociedad tendría toda disposición de fondos o bienes a favor de terceros —primer párrafo del art. 73—, esas sumas tendrían para el accionista el mismo tratamiento que los dividendos —segundo párrafo del art. 73, en su texto originario—.-

No puede soslayarse, sin embargo, el hecho de que a partir de la reforma que introdujo la ley 24.073, el legislador se inclinó por gravar solamente las ganancias en cabeza de las sociedades a una tasa única del 30% y desgravar los dividendos como ganancia personal de los accionistas (ver, Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, marzo 18 y 19 de 1992, pág. 6007), esquema en el que se desvanecería el propósito originario de la presunción de evitar que pueda eludirse el pago del tributo mediante un espurio envío de fondos de la sociedad a los accionistas, sin acudir a la distribución de dividendos. Pese a ello, dicha reforma legislativa se limitó a suprimir el segundo párrafo del art. 73, y mantuvo en los mismos términos, la presunción que resulta de su párrafo primero, para toda disposición de fondos o bienes efectuada en favor de terceros por los sujetos comprendidos en el art. 49, inciso a), de la ley del gravamen.-

7°) Que, como ha quedado delimitada la jurisdicción del Tribunal, éste debe ceñirse a decidir: a) si puede considerarse que ha mediado una disposición de fondos o bienes efectuada en favor de un “tercero”, en los términos de la norma que se examina, cuando aquélla se realiza entre sociedades vinculadas que integran un mismo conjunto económico; b) si —como lo sostiene la apelante— el “interés de la empresa” al que alude la ley, debe ser entendido como el interés de dicho conjunto, y no, el del sujeto que efectúa la disposición de fondos o bienes.-

8°) Que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el hecho de que la disposición de fondos se efectúe — como ha ocurrido en el caso— entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria.-

En rigor de verdad, el ordenamiento argentino no regula los conjuntos económicos como estatutos autónomos. No lo hace la ley tributaria ni la legislación comercial, puesto que, el principio general, es considerar a las sociedades integrantes de aquéllos como partes independientes en tanto se ajusten a las prácticas normales del mercado, sujetándolas al deber de llevar sus registraciones contables en forma separada (ver art. 5°, ley 11.683; art. 1° de la ley del impuesto a las ganancias y su art. 14, en la redacción dada a partir del dictado de la ley 21.481 —B.O. 5/1/77— y en las sucesivas reformas, al primitivo texto de la ley 20.628 —B.O.31/12/73—;; arts. 33, 63 y 64 de la ley de sociedades comerciales), reservándose para casos de excepción la posibilidad de prescindir de la individualidad jurídica de cada sujeto, y de considerar, a los fines fiscales, a todos ellos como una unidad.-

En efecto, como lo precisó este Tribunal, la “…relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad dependiente [respecto de la sociedad dominante] ni anula su capacidad jurídica tributaria” (Fallos: 286:97). En el mismo sentido afirmó que ciertas circunstancias particulares “…autorizan el tratamiento excepcional que esta Corte ha dispensado a otros conjuntos económicos, según las argumentaciones expuestas en los ya citados precedentes de Fallos: 286:97 y 287:79[Fallo en extenso: elDial.com – AA1A1F], sin que ello importe reconocer a aquella vinculación el estatuto autónomo de un sujeto pasivo de la obligación tributaria para los gravámenes controvertidos en esta causa…”, pues “…para la solución del sub lite no se ha desconocido la existencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas conforme al orden jurídico privado, ni tampoco la personería jurídica de la sociedad local” (Fallos: 307:118).-

Resulta contundente en este sentido, señalar que la propia apelante ha mencionado en defensa de su postura, que en la contabilidad de Fiat Argentina S.A. existirían otras cuentas distintas a las examinadas por el organismo fiscal— en las que se asentaban los “préstamos inter empresarios” por los que sí se cobraban intereses a las empresas del llamado grupo Fiat (fs. 617 vta./618), lo que descarta nítidamente la alegada imposibilidad de que las sociedades actoras hayan asumido comportamientos propios de los terceros independientes, y que, por ende, no puedan ser alcanzadas por las previsiones del art 73 de la ley.-

9°) Que, establecida la individualidad jurídica de cada sujeto, cabe concluir que cuando el art. 73 de la ley alude a las operaciones realizadas en “interés de la empresa” —recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del “giro de la empresa”—, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes. Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que en el supuesto de las sociedades que integran un conjunto económico, podrían existir modalidades comerciales peculiares, que deberán ser contempladas, en cada caso, mediante una exhaustiva ponderación de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los receptó, examen que —por las razones señaladas en el considerando 4° de la presente— no corresponde al Tribunal realizar en esta instancia excepcional.-

Por ello, y habiendo dictaminado la señora Procuradora Fiscal, se declara formalmente admisible el recurso extraordinario con los alcances señalados en la presente, y se confirma la sentencia apelada. Las costas se imponen por su orden, atento a lo novedoso de la cuestión planteada y a las dificultades que presenta (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.//-

Fdo.: RICARDO LUIS LORENZETTI – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY

BJ SERVICE SRL

Buenos Aires, 6 de marzo de 2012.-

Vistos los autos: “BJ Services SRL (TF 22.368-I)) c/ DGI”.//-

Considerando:

1°) Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución por la cual el organismo recaudador impugnó las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos 1997, 1998 y 1999 presentadas por la actora, determinó de oficio su obligación por tal tributo, liquidó intereses, intimó el pago de las sumas correspondientes, y aplicó una multa con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).-

2°) Que para decidir en el sentido indicado, consideró correcta la aplicación del art. 73 de la ley del mencionado impuesto (ley 20.628 t.o. en 1997) realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en tanto esa norma presume, sin admitir prueba en contrario, que las disposiciones de fondos efectuadas a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el art. 49, inc. a, del citado texto legal, y que no respondan a operaciones realizadas en interés de la empresa, constituyen una ganancia gravada equivalente a un interés de capitalización anual no () menor al fijado por el Banco Nación Argentina para descuentos comerciales.-

3°) Que, en primer término, el Tribunal Fiscal señaló que los movimientos de fondos registrados en la contabilidad cuestionada por la autoridad fiscal, según lo expresado por la actora, tendrían su origen en utilidades líquidas y realizadas provenientes de la actividad de la empresa, para las que no había aplicación en el país, razón por la que a solicitud del accionista principal (“B.J. USA”), fueron transferidas al exterior para su utilización por otras sociedades del grupo, en el lugar que resultara más rentable para el conjunto económico (fs. 308/308 vta.). Destacó que, según la descripción efectuada por aquella, “B.J. Services”- Argentina enviaba los fondos excedentes “…a su cuenta bancaria en el exterior (USA) y desde allí…[eran] transferidos diariamente a una cuenta cuyo titular es “B.J.Panamá”, entidad que a su vez…[transfería] los fondos a “B.J. USA”. Acotó que “…la casa matriz…solamente le dio instrucciones para efectuar transferencias a ‘B.J. Panamá’ y no a otras sociedades del grupo”, y que según resultaba de los resúmenes bancarios de la cuenta corriente del exterior, las transferencias efectuadas desde Argentina por “B.J. Services S.A.”, se realizaban a través de un banco argentino, y en el mismo día en que los fondos eran acreditados en la cuenta, se transferían a la cuenta bancaria de “B.J. Services Panamá”, quedando el saldo siempre en cero (fs. 308 vta.).-

4°) Que al respecto el mencionado tribunal negó que resulte pertinente tratar a las remesas de fondos efectuadas por la actora a favor de una sociedad perteneciente al mismo grupo económico como distribución de utilidades, pues para ello resulta necesaria la decisión de la asamblea, según lo dispuesto por la ley 19.550, recaudo que no puede tenerse por suplido por las instrucciones de un “manual” —elaborado por la casa matriz— referentes al modo en que deben proceder las empresas integrantes del grupo económico con los excedentes de fondos obtenidos por cada empresa local y que no tengan aplicación en el país donde éstas estén constituidas.-

5º) Que, por otra parte, juzgó que era inaplicable el principio de la realidad económica invocado por la actora. Con relación a ello, entendió que a la luz del tipo societario elegido y ante la inexistencia de decisiones asamblearias que hubieran aprobado distribuciones de utilidades, las razones alegadas por la recurrente llevaban a la convicción de que la disposición de fondos respondió al interés económico y al propósito comercial y político del grupo económico, y no al interés de la actora.-

6°) Que por último, con relación a la impugnación de la tasa de interés, señaló que los fondos fueron dispuestos en la República Argentina, y luego transferidos a la cuenta coordinadora —situada en el exterior—, con lo que tampoco en este sentido los argumentos de la apelante pueden prosperar. Y con relación a los intereses resarcitorios, señaló que éstos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente, sin que en el caso se haya demostrado que la mora no le era imputable, según el criterio de precedentes de ese tribunal, concordantes con el establecido por la Corte en el caso “Citibank”, fallado el 1° de junio de 2000. Por otra parte, confirmó la multa impuesta por el organismo fiscal, pues consideró acreditada la materialidad de la infracción descripta en el art. 45 de la ley 11.683 y, según lo expresó, no existía causal exculpatoria alguna.-

7°) Que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó dicha sentencia. Para así decidir, consideró -ante la invocación del principio de la realidad económica por parte de la actora que no hubo intención real de ésta de distribuir dividendos no sólo porque no existieron utilidades que pudieran ser distribuidas en los términos previstos por la ley sino, antes bien, en la medida en que no hubo una expresión de la voluntad societaria en el sentido indicado (arts. 68 y 234 de la ley 19.550). Por otra parte, puso de relieve que los fondos no fueron remitidos a la casa matriz sino a una sociedad panameña.-

8°) Que contra lo así resuelto, la actora interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 357), que fue concedido a fs. 358. El memorial de agravios obra a fs. 364/376 y su contestación a fs. 379/384. La apelación planteada es formalmente admisible puesto que se dirige contra una sentencia definitiva dictada en una causa en que la Nación es parte, y el valor disputado en último término, sin sus accesorios, excede el mínimo legal previsto por el art. 24, inc 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte.-

9°) Que la cuestión central debatida en el sub examine resulta sustancialmente análoga a la considerada y resuelta por el Tribunal en la sentencia dictada en la fecha en la causa F.260.XLIII “Fiat Concord S.A. (TF 16.778-I) c/ DGI”, a cuyos fundamentos corresponde remitirse, en lo pertinente por razones de brevedad.-

10) Que, en efecto, la doctrina establecida en el caso antes citado —considerandos 8° y 9° de la sentencia del Tribunal— conduce a desestimar los agravios de la apelante relativos a que la disposición de fondos o bienes entre sociedades que integran un mismo conjunto económico no puede ser considerada como efectuada a favor de “terceros” en los términos del art. 73 de la ley del gravamen, y a que el “interés de la empresa” —al que alude dicho artículo— sea el del conjunto y no el del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes. Sin perjuicio de que -como fue señalado en aquel fallo con respecto a este último punto- deba ser ponderado, en cada caso, la existencia de modalidades comerciales peculiares que podrían derivarse de esa vinculación económica, mediante un exhaustivo examen de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los receptó.-

En el caso, puesto que como lo expone la recurrente, las remesas de fondos obedecerían a una práctica establecida para todas las empresas del grupo en el “Manual de Políticas/Procedimientos de Contabilidad Internacionales”, con la finalidad última de que las utilidades obtenidas por la sociedad local puedan ser utilizadas por otras sociedades integrantes del mismo conjunto económico, según el criterio de asignación de aquéllas que decida la casa matriz (ver en el Cuerpo Determinación de Oficio N° 2, fs. 306 del Informe Final de Inspección, y fs. 308/308 vta.;; 364 vta., y 371 vta. de los autos principales), no puede entenderse que esa operación haya sido realizada en interés de la empresa actora.-

11) Que tampoco puede prosperar el agravio relativo a que los jueces de grado han omitido considerar que el art. 73 de la ley del gravamen —último párrafo—, excluye de la presunción establecida en la norma a aquellos supuestos descriptos en los párrafos tercero y cuarto del art. 14 de aquella ley, hipótesis en la que —según el texto vigente al tiempo de los hechos examinados en estos autos— las prestaciones entre las partes deberían ser tratadas con arreglo a los principios que regulan el principio del aporte y la utilidad.-

En efecto, ello es así, pues la aplicación del mencionado art. 14 requería que los actos jurídicos hayan sido celebrados entre la empresa local de capital extranjero y la persona física o jurídica domiciliada en el exterior que “directa o indirectamente la controle”, y en modo alguno, el recurrente ha refutado lo sostenido por la autoridad fiscal y por los tribunales de la causa, acerca de que los fondos han sido girados a una sociedad integrante del grupo con sede en Panamá, y no a las sociedades que ejercían dicha clase de control sobre la actora, ambas con sede en los Estados Unidos (ver fs. 308/308 vta. y 354 del expediente principal;; fs. 306 del expediente agregado “Cuerpo Determinación de Oficio N° 2″).-

En este sentido, resulta insuficiente la breve referencia que efectúa el apelante en su memorial (fs. 369), para contrarrestar lo que fue sostenido por la autoridad fiscal en estos términos: “…con relación a lo argumentado por la responsable [acerca] de que: “El destino final de los fondos no es la filial panameña del grupo, sino la casa matriz…”, corresponde señalar que no es tema de debate en los presentes actuados “el destino” que el deudor —BJ Services International S.A. (Panamá)— le haya asignado a los mencionados fondos, lo que sí debe tenerse presente, es que en las registraciones contables constatadas por la inspección actuante, se individualizó al deudor perceptor de los fondos objeto de análisis y que no es otro que la firma BJ Services International (Panamá) y no la casa matriz como argumenta la rubrada…” (ver resolución 100/03 (DV DOGR), en especial, fs. 717 y 719, del expediente agregado “Cuerpo Determinación de Oficio Nota 312/2003 (DV DOGR)”).-

12) Que, por otra parte, no son atendibles las argumentaciones del apelante relativas a que, por aplicación del principio de la realidad económica (art. 2° de la ley 11.683), la disposición de fondos efectuada por la sociedad actora debe ser considerada como una distribución de dividendos. Ello es así, pues aquél se ciñe a indicar que la sentencia utiliza un razonamiento puramente formal, sin refutar concretamente las conclusiones de los tribunales de las instancias anteriores, en el sentido de que no han sido cumplidos los recaudos exigidos por la ley de sociedades 19.550 (arts. 68 y 234) para proceder a aquella distribución, pues teniendo en cuenta el tipo societario adoptado por la actora en esa época -sociedad anónima-, el único órgano habilitado para decidir el destino de los resultados no asignados era la asamblea de accionistas, en tanto los fondos no pertenecen a éstos sino a la sociedad. Tampoco el recurrente ha rebatido la afirmación de aquellos tribunales acerca de que no correspondía aplicar el referido principio, pues en el caso no se había configurado un supuesto de estructuras jurídicas inadecuadas.-

13) Que en relación al agravio de la recurrente acerca de que no resulta aplicable al caso la tasa de interés contenida en el art. 73 de la ley del impuesto, sino la contemplada en el art. 155 del mismo ordenamiento, basta para su rechazo con señalar que no concurren en el sub examine los presupuestos de hecho previstos en la norma citada en último término. En efecto, según ha quedado establecido en el pleito, se trata de fondos que reconocían su origen en las utilidades obtenidas por la sociedad actora en el país, cuya disposición se efectuó en éste, aun cuando en forma inmediata hayan sido transferidos a una cuenta en el exterior.-

14) Que, por último, en cuanto a la multa impuesta, teniendo en cuenta las constancias acompañadas por la actora a fs. 390/402, cabe concluir que la sanción ha quedado condonada en virtud de lo dispuesto en el art. 4°, inciso a, y concordantes de la ley 26.476.-

Por ello, se confirma la sentencia apelada, excepto en lo relativo a la multa que resulta condonada. Las costas se imponen por su orden en atención a lo novedoso de la cuestión planteada, a las dificultades que presenta, y al resultado alcanzado (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.//-

Fdo.: RICARDO LUIS LORENZETTI – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY

 

SERVICE SRL

 

 

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