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Pérez Dalale, c/ AFIP s/Apelación multas

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1

FGR 20000302/2011

Neuquén, 2 de septiembre de 2014.

Y VISTOS: Para dictar sentencia en los presentes caratulados: “PÉREZ DALALE, DIEGO MARTIN  C/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ APELACIÓN MULTAS”, Expte. Nº FGR 21000302/2011, de los que

RESULTA: 1) Que a fs. 116/129 comparece el Sr. Diego Martín Pérez Dalale, por su propio derecho y con patrocinio letrado, a iniciar la demanda contenciosa prevista por el art. 82 inc. a) de la ley 11.683 solicitando que se revoque la multa que le fuera impuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos por Resolución Nº 3151/10 (DV JNEU), confirmada por Resolución Nº 129/11 (DI RNEU).

Relata a tales fines que entre el 18/01/2010 y el 05/07/2010 fue fiscalizado por la AFIP, realizándosele ciertas observaciones al tratamiento de los ingresos y gastos que no compartió, pese a lo cual decidió aceptar el ajuste fiscal y presentar las DDJJ rectificativas del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los períodos fiscales 2005, 2006 y 2007, surgiendo diferencias a favor del Fisco de $ 4.897, $ 8.437 y $ 3.951 respectivamente.

En función de tal ajuste, añade, le fue aplicada una multa de $ 11.523,03 en el marco del art. 46 de la ley 11.683, que recurrió administrativamente sin éxito.

Cuestiona que su conducta haya sido considerada dolosa por la AFIP, planteando la inconstitucionalidad del art. 9 punto 1.b) del Decreto 618/97 que otorga al Juez Administrativo la facultad de aplicar sanciones de naturaleza penal, estimando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha vedado a la Administración aplicar sanciones en

“Angel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” (05/04/2005) (Fallos Corte: 328:651) y en “López, Ramón Ángel s/ recurso del art. 445 bis del Código de Justicia Militar causa Nº 2845C del 06/05/2007.

Señala así que los arts. 18 y 109 de la

Constitución Nacional vedan en forma absoluta la posibilidad de que el Poder Ejecutivo o funcionarios jerárquicamente dependientes de éste asuman funciones jurisdiccionales.

Atribuyendo naturaleza penal a la sanción de multa recurrida, alegan que el hecho de que el mismo organismo sea parte acusadora y juzgadora importa una clara violación de la garantía del juez imparcial.

Subsidiariamente, recuerda que la mera comprobación de la situación objetiva en la que se halle el infractor no basta para configurar la infracción del art. 46, que requiere de un elemento subjetivo específico (dolo) cuya presencia debe demostrar el Fisco, acompañada del ardid o engaño utilizado a tales fines.

Cita jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación según la cual la sola presentación de declaraciones juradas inexactas y su posterior rectificación son insuficientes por sí solas para calificar de doloso el accionar del contribuyente.

Recuerda que se desempeña como Interventor del Registro Automotor Nº 5 de Neuquén, afirmando que sus ingresos devienen de la recaudación de la actividad registral neta de los gastos específicamente vinculados a la misma.

Asegura haber puesto a disposición de la fiscalización toda la documentación respaldatoria de las operaciones y haber prestado plena colaboración, evidenciando ello a su juicio la buena fe con que actuó.

Expone que la diferencia que originó el ajuste proviene de la impugnación que la AFIP hiciera de gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia gravada, que a criterio de los inspectores actuantes, no resultaban computables, tales como amortizaciones de bienes de uso afectados a la actividad, comidas y refrigerios en oportunidad de la actividad laboral del Interventor y sus dependientes, teléfonos celulares utilizados por el Interventor y sus dependientes, movilidad, taxis y cadetería, combustibles y otros.

Enumera los conceptos que sí fueron admitidas por la fiscalización como deducciones autorizadas por la ley.

Estima arbitraria la exclusión de aquellos gastos, pero más arbitraria aún considera a la apreciación de la AFIP de que su inclusión puede deberse a una conducta dolosa, considerando que el ajuste total es de $ 17.285, sobre un total de ingresos brutos para el mismo período de $1.876.384.

Entiende que el uso de la presunción del art. 47 de la ley 11.683 importa una inversión de la carga de la prueba de la inocencia, desvirtuando la presunción constitucional, por lo que deja planteada su invalidez.

Advierte además que la presunción del art. 47 inc. a) de la ley 11.683 no es aplicable porque no se presentan las graves contradicciones entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes con los datos que surgen de las DDJJ, a las que la norma supedita la presunción de dolo.

Indica en este sentido que las operaciones están debidamente respaldadas, las registraciones y libros son llevados en legal forma y todo ello coincide con lo plasmado en las DDJJ del Impuesto a las Ganancias involucradas.

Entiende incumplida la Instrucción General AFIP Nº 6/2007 según la cual, para considerar configurada la defraudación fiscal, debe acreditarse fehacientemente el ánimo defraudatorio.

Insiste en que el ajuste fiscal surgió como solución a una discrepancia de criterios que por su escaso monto no ameritaban profundizar la discusión y los plazos de la inspección.

Observa que la AFIP utiliza frases dogmáticas pero no las sustenta en hechos comprobados.

Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y pide que oportunamente se revoque la resolución apelada.

2) Recibido el sumario Nº DRNSM 451/2010 de la AFIP y declarada a fs. 318 habilitada la instancia judicial, se corrió traslado de la demanda a la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien se hizo parte por medio de su apoderada a contestarla a fs. 332/343.

Tras reseñar el contenido de los antecedentes administrativos acompañados,  negó la ausencia del ardid o el engaño en la contribuyente, así como la inexistencia de las graves contradicciones que dieron lugar a la aplicación de la presunción del art. 47 inc. a) de la ley 11.683.

Negó que los gastos impugnados respondan a conceptos ostensiblemente vinculados con la actividad registral y que su importe resulte poco significativo.

Negó también que la sanción aplicada resulte de naturaleza penal y que el único fundamento de su imposición haya sido la presentación de DDJJ rectificativas.

Recuerda que el art. 46 de la ley 11.683 reprime a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, así como que su art. 47 contempla diversas presunciones iuris tantum sobre la presencia del dolo, que invierten la carga de la prueba poniendo sobre el contribuyente la de demostrar la inexistencia de dicho elemento subjetivo.

Indica que las DDJJ rectificativas fueron presentadas como consecuencia de la actividad fiscalizadora de la AFIP, y que el ente fiscal acreditó la conducta omisiva del gravamen.

Reiteradamente apuntó que el soporte fáctico de la presunción de dolo quedó acreditado, sin nunca en qué consiste tal soporte ni cuáles fueron los hechos que le permitieron considerar configuradas las graves contradicciones a que alude  el art. 47 inc. a) de la ley 11.683.

Recordó que el actor rectificó las declaraciones juradas por la presencia y acción del Fisco y no en forma espontánea, lo que desde su punto de vista, revela el ánimo deliberado de causar un perjuicio fiscal consistente en no ingresar el impuesto en su justa medida.

Sostiene que las infracciones tributarias tienen distinta naturaleza que los delitos penales lo que permite que en aquellas, el elemento subjetivo pueda presumirse a partir de la configuración de diversas situaciones de hecho descriptas en la ley.

Observa que ello fue lo sucedido en autos, sin que el actor haya logrado desvirtuar la presunción, al no haber aportado prueba alguna para demostrar su supuesto “actuar prudente”.

Se opone al planteo de inconstitucionalidad del art. 47 inc. a) de la ley 11.683, pero ninguna mención dedica al destinado a cuestionar la validez del art. 9 punto 1.b. del Decreto 6189/97.

Ofrece prueba, funda su derecho y hace reserva del caso federal, para terminar solicitando que oportunamente se rechace la demanda con costas.

3) Celebrada a fs. 353 la audiencia prevista por el art. 360 del CPCyC, y fracasada la instancia conciliatoria, existiendo hechos controvertidos sin que se hubiese producido otra medida de prueba que la documental, allí mismo se llamó AUTOS para dictar sentencia; y

CONSIDERANDO:  Que la actora persigue que se revoque la Resolución Nº 129/11 (DI RNEU) de la AFIP, que confirmó la multa de $ 11.523,03 impuesta por Resolución Nº 3151/2010 (DV JNEU) en el marco del art. 46 de la ley 11.683, respecto del Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2005, 2006 y 2007, por entender ausente el elemento subjetivo (dolo) que integra la figura por la cual se lo sancionara, alegando que los datos inexactos contenidos en las DDJJ originales del tributo aludido  no configuraron una maniobra tendiente a engañar al Fisco o a ocultarle información. Planteó por otro lado la invalidez constitucional del art. 9 punto 1.b.) del Decreto 618/97, así como la del art. 47 inc. a) de la ley 11.683.

La AFIP, por su  lado, defiende la validez del acto administrativo objetado, señala que el dolo  se presume al haber conformado la actora el resultado de la inspección y presentado en consecuencia las DDJJ Rectificativas, admitiendo con ello implícitamente la falsedad del contenido de las DDJJ originales, entendiendo aplicable la presunción del art. 47 inc. a) de la ley 11.683. Defendió además la validez constitucional de las normas atacadas.

Sintéticamente reseñado el conflicto,  tenemos que configura un hecho cierto, admitido por las partes,  que el Sr. Pérez Dalale presentó sus Declaraciones Juradas Rectificativas del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2005, 2006 y 2007 a instancia de la AFIP, tras una fiscalización que se extendió por seis meses, ajustándose el tributo originalmente declarado en las sumas de $ 4.897, $

8.437 y $ 3.951 respectivamente.

Ahora bien: la actora alega que el ajuste fiscal tuvo origen en una diferencia de criterios sobre cuáles son los gastos deducibles admitidos, aceptando el contribuyente el parecer de la inspección a fin de evitar que la fiscalización se prolongue, teniendo en cuenta la escasa significación de las diferencias a integrar. Negó enfáticamente haber incurrido en falsedad a través de ardid o engaño, esto es, negó la presencia del elemento subjetivo doloso requerido por el art. 46 de la ley 11.683 para tornar procedente la sanción de multa allí prevista.

La demandada, por su parte, alega que el dolo se presume a partir del hecho de haber la actora rectificado su DDJJ original, admitiendo con ello que la primera presentada contenía información inexacta (en el caso, se omitía denunciar materia imponible). Tal sería la interpretación que cabe asignar a su reiterada afirmación de que el supuesto fáctico previsto por el art. 47 inc. a) de la ley 11.683 se encuentra acreditado, sin invocar ni mencionar ninguna otra contradicción que la que surge entre ambas DDJJ (las originales y las rectificativas).

De manera que el tema central del debate es el atinente a la existencia o no del dolo requerido por la norma para que se configure la infracción del art. 46 citado.

El texto de esta última norma, reformado por la ley 25.795 (que entró en vigencia el 17/11/2003) establece que “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido.”

Para verificar si se cometió la infracción, el primer paso consistirá en comprobar el aspecto objetivo, el que en el caso, quedó acreditado al haber conformado la actora el resultado de la inspección fiscal a través de la presentación de las Declaraciones Juradas rectificativas, concretada voluntaria pero no espontáneamente sino como consecuencia de la actuación fiscalizadora. La conformidad dada supone el reconocimiento de que las declaraciones juradas originales presentadas no se ajustaban a la realidad.

En cuanto al elemento subjetivo, el art. 46 exige al ente recaudador no sólo acreditar la conducta omisiva del gravamen sino también el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.

A tales fines, el art. 47 crea una serie de presunciones nacidas de diversas situaciones que se enumeran. La accionada ha invocado, en el caso, la del inciso a) de aquél texto legal, según el cual se  presume, “… salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando:  a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del art. 11”.

Ahora bien: el organismo recaudador ha permanentemente invocado, tanto en sede administrativa como en su escrito judicial, para considerar demostrado el dolo del contribuyente, la presunción del art. 47 inc. a) mencionada, sin explicar concretamente en qué consistió la contradicción que daría nacimiento a la presunción de dolo.

No lo hizo en el acto administrativo en el que imputó la conducta a la contribuyente (fs. 172/174).

En la resolución que impuso la multa (fs. 71/75) mencionó que “sin lugar a dudas, los libros, registraciones, documentos, y demás antecedentes correlativos con los datos surgidos de la declaración jurada, etc. evidencian grave contradicción entre sí, toda vez que fue necesaria una verificación a fin de solucionar la misma a los efectos de determinar el impuesto adeudado…La contradicción grave de los datos originales es irrebatible..” (fs. 214, segundo párrafo), pero no precisó  concretamente cuál es el dato que figura en los asientos contables y no fue trasladado a la Declaración Jurada. Mencionó, de manera vaga y genérica, que el contribuyente omitió ingresos e incluyó gastos impugnados, pero sin explicar cuáles fueron los registros o documentos de los cuales ellos surgieron, como tampoco sus importes o conceptos.

Al contestar demanda, en cambio, el Fisco parece sostener que la contradicción entre lo declarado y los libros y demás documentación de la actora quedaría configurada por la sola circunstancia de haber presentado ésta una Declaración Jurada Rectificativa, aceptando el resultado de la inspección.

A esa conclusión se arriba tras la detenida lectura del escrito de fs. 332/343, en el que ninguna otra contradicción se refirió o invocó. Simplemente se entendió allí probado el soporte fáctico de la presunción de dolo “sobre las Declaraciones Juradas presentadas de manera inexacta…hecho cierto y no meramente probable o conjetura.” (fs. 335 vta., sexto párrafo y 336 último párrafo.) Añadió a fs. 336 que la declaración jurada es una autodeterminación del impuesto y apuntó a fs. 338 tercer párrafo que la conducta imputada por la AFIP al actor quedó evidenciada por el hecho de no haber adoptado las medida necesarias para el cumplimiento de la obligación tributaria. A fs. 342 concluyó que la presunción del art. 47 inc. a) se ve reforzada por la actitud del contribuyentes de presentar las DDJJ rectificativas conformando el ajuste efectuado, lo que a su juicio, “confirma la concurrencia del elemento subjetivo requerido para tener por cometido el ilícito”.

En síntesis, la posición del organismo recaudador no ha sido clara al señalar cuáles son los hechos externos en los que funda el nacimiento de la presunción del art. 47 inc.

  1. a) de la ley 11.683, pudiendo deducirse que ésta provendría de la mera circunstancia de haber la actora presentado una DDJJ Rectificativa a instancias de una fiscalización.

Sostuvo en “GONZÁLEZ, ADELA  C/ ADMINISTRACIÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ ORDINARIO”, Expte. Nº 116, Folio 120, Año 2007 (SD Nº 72/2009 del  16/9/2009) que esta circunstancia –presentación no espontánea de una DDJJ rectificativa, tras un ajuste fiscal propuesto por una fiscalización del organismo recaudador- es insuficiente por sí misma para tornar  aplicable la presunción nacida del art.

47 inc. a) de la ley 11.683.

Señalé en tal ocasión que “En efecto, la mera presentación de una DDJJ Rectificativa -lo que necesariamente implica por el contribuyente admitir que materialmente, la anterior DDJJ adolecía de defectos en la información- no trae automáticamente aparejada  desde mi punto de vista el nacimiento de la presunción iuris tantum de dolo, pues el supuesto fáctico previsto por la norma para producir tal efecto difiere sustancialmente de tal conducta: exige que exista una grave contradicción entre la DDJJ y los libros y asientos contables sobre cuya base supuestamente aquélla se confeccionó. Lo que la ley presume, y es razonable que  así sea, es que si un contribuyente tiene asentada una operación en su libro contable y no la traslada a su DDJJ, la omisión tiene origen en su voluntad de ocultar información al fisco para eludir el pago del tributo, quedando siempre habilitado el administrado a demostrar que la omisión tiene un origen distinto.”

Pero no resulta lógico en cambio suponer que cualquiera que rectifica una DDJJ a instancias de la actividad fiscalizadora está admitiendo que en la anterior DDJJ presentada había ocultado información maliciosamente al Fisco, pues la presentación de las DDJJ rectificativas puede obedecer a múltiples causas tales como el distinto criterio fiscal sobre la interpretación de las normas que determinan la materia imponible.”

Por ello, estimo que para que se torne operativa la presunción del art. 47 inc. a) de la ley 11.683, es menester que exista una grave contradicción entre los asientos y registros contables del contribuyente y la información que este brindó al presentar la DDJJ.”

Ahora bien: la lectura del informe de fs. 58/64 permite concluir que la presentación de las DDJJ Rectificativas fue concretada por la contribuyente como consecuencia del requerimiento fiscal que resulta de haber detectado, tres relevar los  “comprobantes de gastos generales relacionados con la actividad, como así también demás gastos personales deducibles como Obra Social”, que fueron puestos a disposición por el contribuyente (fs. 61, segundo párrafo, una significativa diferencia en los montos de los ingresos gravados ($ 363.673,32 contra $ 88.420 originalmente declarados en 2005; $ 438.930,41 contra $

98.752,23 en 2006 y $ 513.175,37 contra $ 252.519,38 en 2007).

Expresamente asentó el inspector que la documentación en función de la cual practicó el ajuste fue la suministrada por el contribuyente.

Así las cosas, estimo posible acudir a la aplicación de la presunción del art. 47 inc. a), pues se habría configurado la grave contradicción  “entre los … documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas”.

Tal sería el soporte fáctico de la presunción de dolo. Probado el mismo, sí, se infiere la conducta dolosa del administrado, y estará a su cargo desvirtuar la presunción aportando pruebas que justifiquen los motivos por los cuales omitió brindar la información en cuestión, lo que en el caso, la actora no hizo.

Obsérvese que en el caso no se trata de una presunción creada por la ley a los fines de determinar la cuantía del tributo (al estilo de las del art. 18 de la ley 11.683) –presunciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha encargado de desechar como elemento probatorio del dolo (Cfr. “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/recurso de apelación” Fallos: 312:447, donde destacó que si bien la presunción consagrada por el art. 25 de la ley 11.683 -t.o. 1978- resultaba suficiente para fundar una determinación impositiva, dichas consecuencias no podían extenderse al campo del hecho ilícito tributario, sin el necesario sustento de otros elementos de prueba que permitiesen acreditar la existencia de una actividad dolosa, tendiente a defraudar los intereses del fisco)- sino de aplicar una presunción creada especialmente por la ley para tener por configurado el dolo.

Creo útil advertir aquí, para despejar toda duda, que lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encargó de descalificar, fue la utilización de presunciones en función de las cuales se determinó el tributo para tener por justificada también la presencia del dolo.

Así lo  destacó en  “Montenegro Hermanos S.A. c. Dirección General Impositiva” (24/08/2000; Cita online: AR/JUR/4704/2000). En aquella ocasión, la AFIP determinó de oficio el impuesto al valor agregado que constituía  la base de la multa aplicada, mediante el sistema de presunciones regulado por la ley 11.683 en el art. 25 del texto citado, y así comprobó que la empresa había abonado remuneraciones que omitió contabilizar, y extrajo de ese hecho, con fundamento en una “regla de experiencia”, que los fondos aplicados a aquéllas provenían de utilidades brutas originadas en ventas -gravadas con el impuesto al valor agregado- cuya registración habría sido omitida. En esa inteligencia, la AFIP fijó un coeficiente -obtenido por la relación entre utilidades brutas y ventas de la empresa- para determinar de ese modo una obligación en concepto del mencionado impuesto superior a la declarada por el contribuyente. La actora se agravió sosteniendo que esa presunción –y no la del art. 47 inc. a)- no era apta para dar sustento a la multa que le fue aplicada, y esa fue la conducta desechada por el Tribunal.

No es este nuestro supuesto, en el que el contribuyente conformó el ajuste fiscal, dándole así certeza.

También en el pronunciamiento emitido en “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c. D.G.I.” (31/03/1999, Fallos Corte: 322:519) se trataba de una determinación de oficio elaborada por la AFIP sobre bases presuntas, y lo que la Corte Suprema descartó, fue que la presunción del art. 25 de la ley 11.683 se utilizara para presumir el dolo.

Pero nada dijo sobre la nacida del art. 47 inc. a).

Ahora bien: la actora ha cuestionado a fs. 124 ante último párrafo, la constitucionalidad  de dicha norma por violentar la presunción de inocencia que nace del art. 18 de la Constitución Nacional.

Sin embargo, observo que lo que el legislador ha dispuesto en el art. 47 de la ley 11.683, como lo recordó la Alzada en su SD N°012 F°039/43 Año 2011 dictada en autos “Ríos Confluencia S.R.L. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) s/ ordinario” (Expte. N° C19809) el 8/9/2011 fue tasar el valor presuncional de ciertos hechos.

Recordó allí el Superior que la norma estableció una serie de supuestos en los que aquel elemento intencional debe presumirse, salvo prueba en contrario.

De esta manera, en auxilio de la administración, la ley “facilita” la prueba del ingrediente subjetivo mediante presunciones que no son fatales pues pueden ser rebatidas por el responsable. El resaltado precedente significa que este artículo no contiene ninguno de los elementos base de una imputación tributaria sino, y únicamente, una herramienta probatoria que, a lo sumo, puede facilitar la acreditación de uno de aquéllos.”

Para que la presunción se torne operativa, es menester que la AFIP pruebe el hecho en el que se asienta la presunción (en el caso, la existencia de graves contradicciones entre los libros contables o documental exhibida por el contribuyente y el contenido de su DDJJ). No se invierte la carga de la prueba sobre la inocencia, sino que a partir de un extremo de hecho que debe demostrar la AFIP –de acreditación más sencilla que la prueba directa del dolo- se presume la existencia de aquél elemento subjetivo.

Y es razonable que así sea, porque si el contribuyente registró en sus libros contables operaciones que luego omite denunciar ante la AFIP –ya sean ventas, que disminuyan el IVA a abonar, o ingresos que obvia para reducir la base imponible del Impuesto a las Ganancias-, lo lógico es suponer que lo hizo con un afán de defraudar al Fisco, intencionalmente.

Pero la presunción no es legal, sino iuris tantum y como tal, admite prueba en contrario. Por ello, permite presumir a la AFIP que quien declara ingresos menores que los que surgen de su propia documental o libros contables lo hace dolosamente con ánimo de defraudar. Pero da la posibilidad al contribuyente de demostrar lo contrario, explicando los motivos por los cuales omitió los ingresos o incluyó – eventualmente- como deducciones gastos no autorizados por la ley.

En el caso, por ejemplo, el actor alega que mantuvo diferencias de criterios interpretativos sobre la idoneidad de ciertos gastos para ser deducidos. Pero no expuso cuáles eran, ni adjuntó los comprobantes respectivos para acreditar su relación con la actividad gravada, ni ofreció tampoco prueba en ese sentido.

Si el contribuyente entendía que la grave contradicción tenía una justificación razonable que podía exponer al Tribunal para demostrar la falta de dolo, debió hacerlo. Tuvo la oportunidad para ello.

En este sentido, no entiendo que la presunción del art. 47 inc. a) de la ley 11.683 importe una inversión del principio de inocencia, constitucionalmente garantizado, en tanto este estatus se mantiene hasta que la autoridad competente disponga lo contrario al imponer la multa.

Aquella disposición legal lo único que facilita a la  AFIP es la manera en que debe demostrar la presencia de uno de los elementos de la infracción (el subjetivo). Y para que este se presuma, la AFIP debe acreditar alguno de los hechos al que la ley le atribuye tal efecto, enumerados en el art. 47.

El dolo no se presume automáticamente, sin más. Hace falta que el organismo fiscal despliegue actividad para lograr probar la configuración de alguno de los  supuestos de hecho previstos por el art. 47 para que la norma autorice la presunción cuestionada. Y ésta, además de admitir prueba en contrario, recaerá solo sobre uno de los elementos del tipo (el subjetivo), sin que resulte operativa para el elemento objetivo, esto es, la configuración del comportamiento cuestionado (declaración e ingreso en menos del tributo que correspondía).

En suma, la presunción de inocencia se mantiene, y lo que la norma crea es simplemente un sistema de prueba tasada que puede ser desvirtuada por la prueba en contrario que ofrezca  el administrado.

Recordó la Alzada, en el pronunciamiento citado, que “El método probatorio conocido como “prueba de presunciones” consiste, sencillamente, en que a partir de uno o más hechos acreditados en el proceso, se autoriza a tener por probados otro u otros de los cuales no hay prueba directa. Salvo que la ley “tase” el valor presuncional de ciertos hechos (es lo que sucede en el art.47 de la LPT, o en el 417 del CPCC), las leyes procesales exigen ciertos recaudos para autorizar el empleo de este método (ver art.163, inc.5, del CPCC).”

Se añadió allí: “El juez valora libremente —según las reglas de la sana crítica—  todas las constancias para verificar qué quedó acreditado y qué no. En este camino, puede valerse de una presunción legal si está establecida como tal, pero si no lo hiciera, por la razón que fuese, ello no elimina la posibilidad de acudir a otros ingredientes de la causa para formar su convicción sobre tal o cual aspecto del factum.”

En suma, la presunción del art. 47 inc. a) no derriba la de inocencia, de rango constitucional. Es tan solo una herramienta probatoria más de la cual el Juez dispone, si la AFIP logra demostrar la presencia del supuesto de hecho configurante de la presunción,  para resolver el marco fáctico a juzgar.

Estimo que lo expuesto es suficiente para desechar el escueto planteo de inconstitucionalidad del art. 47 inc. a) deslizado a fs. 124 ante último párrafo.

Queda por último analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 del Decreto 618/97 articulado por la actora, cuestionando la facultad del Administrador Federal de Ingresos Públicos o de los funcionarios en quien éste sustituye la función, de juez administrativo que le otorga el inciso 1) punto b) de la disposición legal citada.

La norma dispone que “Las autoridades del organismo tendrán las funciones y facultades que se detallan seguidamente: 1) Serán atribuciones del Administrador Federal, además de las previstas en los artículos anteriores: b) Ejercer las funciones de Juez Administrativo, sin perjuicio de las sustituciones previstas en los artículos 4º y 10 en la determinación de oficio de la materia imponible y gravámenes correspondientes, en las repeticiones, en la aplicación de multas y resolución de los recursos de reconsideración….”.

Recuerda Claudio D. Gómez en “Apuntes sobre la actividad jurisdiccional de la administración pública. A propósito de los “Tribunales Administrativos””, publicado en DJ 2003-3, 147 (la ley Online: AR/DOC/10834/2003) que la

Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido validez constitucional a la actividad jurisdiccional de los funcionarios u órganos administrativos.

Divide en tres períodos su evolución jurisprudencial en materia de justificación del funcionamiento de los tribunales administrativos, los que a partir del pronunciamiento dictado por el Alto Tribunal en el precedente citado por el actor (“Angel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” del 05/04/2005 Fallos Corte: 328:651; Cita online: AR/JUR/57/2005I) –de época posterior al artículo doctrinario- se amplían a cuatro.

En un primer momento, recuerda el autor, no se exigió el control judicial posterior. En la causa “Adolfo Parry” (Fallos: 193-408, 1942), la Corte admitió el ejercicio de facultades jurisdiccionales por la Administración sin necesidad de revisión judicial posterior, siempre y cuando se hayan respetado los derechos y garantías constitucionales, en particular el de defensa en juicio.

En el segundo periodo, añade,  la Corte se inclinó hacia la teoría judicialista. Se trataba de la causa “López de Reyes c. Instituto de Previsión social” (Fallos: 244-548, 1959), en donde se consideró suficiente el control judicial a través de un recurso extraordinario federal en contra de la decisión administrativa, limitado a la revisión del derecho cuestionado, no así a los hechos debatidos. En disidencia se pronunció el juez BoffiBoggero quien consideró que el recurso debía permitir el análisis de los hechos debatidos (y de su prueba).

En el tercer período, iniciado  por el leading case “Fernández Arias c. Poggio” (Fallos: 247-646, 1960), la Corte exigió, para convalidar la constitucionalidad de los tribunales administrativos,  el control judicial, representado por: a) el  reconocimiento a los litigantes del derecho de interponer recurso ante los jueces ordinarios, b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La mera facultad de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, ya no fueron suficientes para sostener la constitucionalidad de dichos tribunales.

A partir de este precedente, la condición básica a la cual la Corte Suprema supeditaba la validez del ejercicio de facultades jurisdiccionales por la Administración, era que el justiciable tuviese derecho a interponer, en plenitud, un recurso ante un tribunal judicial, en el que se pudieran debatir los hechos y derechos controvertidos.

La Corte exigió allí que lo decidido por los tribunales administrativos carezca de carácter definitivo, y que se permita por ley al justiciable el “control judicial posterior”, quedando su suficiencia al análisis del caso en concreto.

Reflexiona el autor que la Corte Suprema “llega a dicha conclusión, en nuestro juicio, porque subsume (inserta) el art. 109 de la Constitución Nacional en el art. 18, del mismo texto, entendiendo, que lo que se reclama es la no violación del debido proceso, la que puede ser salvada (subsanada) en la instancia judicial posterior, cuando lo que se prohíbe, es justamente, la posibilidad de ejercer

“funciones judiciales” por el poder administrador.”

Opina así que “La Corte soslaya en forma grosera la prohibición constitucional. La “prohibición” se convirtió en “permiso”, siempre y cuando se deje expedita la instancia judicial posterior, en donde se podrá salvar la garantía del debido proceso adjetivo.”

Criticó que la Corte  Suprema entienda que el principio de la división de los poderes no es un compartimento estanco, sino que es una “distribución de funciones” entre los poderes del Estado, que reclama la suficiente flexibilización, a los fines del ejercicio funcional de cada poder, en la tutela del interés general.

Entiende que a partir de la jurisprudencia convalidante de la Corte, la llamada “jurisdicción administrativa” supone que la función jurisdiccional es el género y las jurisdicciones judicial y administrativa sus dos especies, cuando ambos son términos recíprocamente excluyentes.

Concluye que -contrariamente a la mentada jurisprudencia de la Corte- la actividad administrativa “para-jurisdiccional” atenta contra los claros principios y normas constitucionales reseñadas. Las razones que da para ello son que en  sede administrativa no se respeta el debido proceso, evocando a Ekmekdjian cuando afirma que  “quien tiene al juez por acusador, necesita a Dios por abogado defensor“. El mismo acusador es quien resuelve (decide) la controversia o aplica sanción, es juez y parte, quedando el derecho subjetivizado según la voluntad del administrador; el mismo funcionario que instruye el sumario es quien dicta o al menos prepara la “sentencia administrativa”.

Sostiene además que con ello se viola el principio de la “tutela judicial efectiva”, porque se  debe esperar la sustanciación y conclusión del trámite administrativo, para lograr el control judicial posterior, con la posibilidad de que el derecho de la parte pueda perderse irremediablemente, ante el seguro rechazo de su petición.

Y también el principio de la división de poderes, porque en nuestro sistema constitucional, a su juicio la función jurisdiccional es única y se encuentra a cargo del Poder Judicial, la cual no admite, válidamente, un desdoblamiento en dos especies, judicial y administrativo, “la que a más de ser sutil y forzado, carece de fundamento legal en nuestro derecho. Los límites que han tratado de imponer la doctrina a la actividad jurisdiccional de la Administración, aparecen en la realidad, como un bello collar, que tratan de contener a un poder por esencia incontrolable.”

El cuarto período, en esta evolución jurisprudencial de la Corte Suprema, podríamos considerarlo iniciado el 05/04/2005 con el pronunciamiento dictado en “Angel Estrada y Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” (Fallos Corte: 328:651; Cita online:

AR/JUR/57/2005I). Allí, a los dos recaudos exigidos desde “Fernández Arias” la Corte añadió uno tercero, de sustancial relevancia para resolver el asunto traído a decisión.

Sostuvo allí que el principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art.18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales -art. 109-, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.”

Rodolfo Spisso sistematiza la nueva doctrina judicial, esquematizándola del siguiente modo: la Corte reconoce ahora la legitimidad de los organismos administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales, en la medida en que: a) el tribunal administrativo haya sido creado por ley y se halle asegurada su independencia e imparcialidad. b) el objetivo económico y político para crearlos y restringir la competencia de la justicia ordinaria sea razonable. c) se le niegue al tribunal administrativo la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial; d) se reconozca a los litigantes el derecho de interponer recursos ante los tribunales ordinarios; e) el control judicial de la decisión administrativa sea amplio y suficiente, no satisfaciendo dicha exigencia la mera facultad de deducir recurso extraordinario, basado en la inconstitucionalidad o arbitrariedad. (Cfr. “Facultades de la administración, del Tribunal Fiscal de la Nación y las convenciones sobre derechos humanos”, Spisso, Rodolfo R., Publicado en: LA LEY 01/07/2014, 1,  Cita Online: AR/DOC/1806/2014).

Expone este último autor que la Corte Suprema reconoció la legitimidad del ejercicio, por parte de la autoridad administrativa, de funciones jurisdiccionales, deferidas por ley, con la condición de que se preserve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito del poder administrador (Fallos 187:79; 174:157; 240:238;

243:500; 244:554; 247:646; 261:36; 267:97; 228 y 407; 301:1217, entre otros.). La Corte reconoció también el ejercicio por parte de la Administración de funciones jurisdiccionales en materia de derecho penal administrativo, económico, tributario, sentando el principio de que no configura agravio a los derechos constitucionales de igualdad y de defensa en juicio la exigencia de pago previo de las multas aplicadas con motivo de infracciones a las leyes de policía económica, como requisito para la intervención judicial, salvo supuestos de monto extraordinario y falta comprobada e inculpable de los medios pertinentes para depositar la multa, circunstancias que deben ser invocadas y probadas. En ese sentido, nuestro más Alto Tribunal ha señalado que la facultad deferida por ley a la autoridad administrativa para juzgar y reprimir contravenciones —lo que constituye, sin duda, el ejercicio de facultades de tipo judicial—  no atenta contra el principio de división de los poderes, ni contra la garantía del juez natural ni de la defensa en juicio, siempre que al justiciable le sea brindada la oportunidad de ocurrir ante el órgano judicial con el fin de que cualquier decisión de aquellas autoridades que lo afecte sea materia del consiguiente control (Cfr. Fallos 155:96; 261:101, y sus citas; 278:188; íd., 30/11/1970, LL 142-319; íd., 18/10/1973, LL 154-153; íd., 4/6/1991, “Centro Editorial SRL”, LL del 6/1/1992, f. 90.024.; Fallos 261:36 y sus citas; 298:714, 267:97; 274:157; 281:235; 295:614; 301:1217, entre otros).

Pero recuerda que ya en “Dumit” (8/11/1972, Fallos

284:150) y en “Lapiduz” (28/4/1998, Fallos 321:1043), la Corte señaló que no cabe hablar de “juicio” —y en particular de aquel que el art. 18 de la Carta Magna exige como requisito que legitime una condena— si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente, ni de juicio previo, si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de ella.

Concluyó Spisso que de dicha doctrina se desprende que el reconocimiento del ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal, por parte de la Administración, “queda limitado a una labor de investigación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la contravención corresponde exclusivamente al Poder Judicial.”

En función de ello cabe concluir que la Administración carece de facultades para aplicar sanciones penales, aunque se trate de contravenciones o faltas y no de delitos, por lo cual, el organismo fiscal debe elevar al juez competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que éste abra el debate y emita la correspondiente sentencia. Si bien la Corte no ha recogido aún esta conclusión, que se deduce de su propia doctrina, ha transitado por un sendero que tarde o temprano la llevará a admitirla.”

El autor entiende además que la evolución de la doctrina de la Corte sobre la constitucionalidad de tribunales militares es de suma trascendencia en su proyección sobre el ejercicio de la jurisdicción penal por parte de la Administración.

Recuerda que desde antigua data la doctrina de la Corte Suprema de la Nación reconoció la constitucionalidad de los tribunales militares, sobre la base del art. 67, inc. 23 —actual art. 75, inc. 27—, de la Constitución, que faculta al Congreso a dictar normas para la organización y gobierno de las fuerzas armadas. Sin embargo, advierte, en la sentencia recaída en la causa “López” (6 de mayo de 2007, “Recurso de hecho deducido por la defensa de Ramón Ángel López en la causa López, Ramón Ángel s/recurso del art. 445 bis del Código de Justicia Militar Ccausa N° 2845C”, LL del 30/4/2008), se observa un sustancial cambio en la orientación del Alto Tribunal, que acoge el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Casación Penal y declara la nulidad de todo lo actuado y absuelve al recurrente por el delito militar por el cual había sido juzgado y condenado por la Justicia Militar.

Analiza el pronunciamiento observando que tres de los jueces que integran la mayoría —Lorenzetti, Zaffaroni y Fayt, este último según su voto—, declararon la invalidez constitucional de los tribunales castrenses sosteniendo que si el derecho penal militar es un derecho penal especial, cabe exigir que la criminalización sea decidida por jueces independientes, que podrán ser o no especializados, cuestión que no tiene relevancia en la medida en que no se trate de comisiones especiales y, por ende, constitucionalmente prohibidos. Un tribunal, sea ordinario o especializado, no necesariamente debe integrarse con jueces técnicos, pero inevitablemente debe conformarse con jueces independientes, lo que significa que no pueden integrarlos funcionarios sometidos al poder disciplinario del Poder Ejecutivo. “Un juez no puede estar sometido a ningún poder disciplinario que no sea el de responsabilidad política, ni a otra coacción que la que por sus actos incumbe a cualquier ciudadano o habitante.”

Estos principios rigen respecto de toda jurisdicción y los impone la Constitución (inc. 1º del art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del inc. 22 del art. 75 de la Constitución). Por lo tanto, concluyen que los tribunales militares no pueden considerarse jurisdicción en sentido constitucional ni internacional, sino que constituyen tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas. Si el presidente de la República no tiene jurisdicción penal, pues carece expresamente de ella (arts. 23, 29 y 109 de la Constitución), mal pueden ejercerla sus subordinados.

El voto de la Dra. Argibay, añade el autor, se limita a considerar que el Código de Justicia Militar, en cuanto impone limitaciones a la libre elección de defensor por parte del imputado de un delito militar, conculca el derecho de éste de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libre y privadamente con él, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En razón de ello, la Dra. Argibay considera que en la especie ha habido un efectivo menoscabo del derecho de defensa lo que hace innecesario abocarse al estudio de los restantes agravios, e integra la mayoría al declarar la nulidad de todo lo actuado y absolver al imputado del hecho que se le imputara.

En suma, en el voto de la mayoría, tres integrantes de la Corte Suprema niegan a los tribunales militares la calidad de ser imparcial e independiente.

Esta conclusión, entiende Spisso, se proyecta a todo el derecho penal especial con efectos excluyentes de la atribución de la administración activa de imponer sanciones de naturaleza penal.

Y en este sentido, reseña el autor, se expidió en minoría la disidencia del Tribunal Fiscal de la Nación el 02/12/2013 en  “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/ DGA s/ apelación”, y el  3/12/2013 “Blanco Eduardo Jorge c/ DGA s/ apelación.

Allí, indica, “el voto en disidencia del Dr. Garbarino se alza como una voz de alerta sobre las necesarias reformas a introducir en las normas infraconstitucionales para adecuarlas a las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. Y en ese sentido, afirma que según dichos tratados a la Administración activa le está vedado el ejercicio de la junción jurisdiccional penal, por no ser un órgano imparcial e independiente, pues los funcionarios que ejercen dicha función se encuentran sometidos al poder disciplinario del organismo del cual dependen, y son beneficiarios del producido de los bienes decomisados y multas aplicadas; que tales tratados son aplicables tanto a los delitos como a las contravenciones aduaneras y que el Tribunal Fiscal, como órgano imparcial e independiente, al cual al ley le ha asignado el ejercicio de la función jurisdiccional en materia tributaria y aduanera se encuentra facultado para ejercer el control de constitucionalidad de las normas que aplica, incluso de oficio. En atención a todo ello, declara la nulidad de las resoluciones administrativas emanadas de la Dirección General de Aduana que han aplicado sanciones de naturaleza penal, lo que ha producido una verdadera mutación respecto de la facultad revisora que la ley le atribuye al Tribunal Fiscal, transformándolo en un tribunal de juzgamiento de las infracciones imputadas a los apelantes.”

La mayoría, en cambio considera que no le es dable transformar de oficio la facultad revisora de las resoluciones dictadas por la AFIP, en ejercicio de la jurisdicción penal que le ha sido atribuida por ley, y confirma las resoluciones administrativas.

Analizado el marco jurisprudencial y doctrinario imperante sobre el asunto, profundizando la línea argumental propuesta por Spisso, entiendo que a partir de “Ángel Estrada” es posible considerar que las facultades jurisdiccionales asignadas por el art. 9 inc. 1 apartado b) del Decreto 618/97  han dejado de ser compatibles con el art. 109 de la Constitución Nacional, porque el Juez

Administrativo designado no es un órgano imparcial.

No puede predicarse del Administrador Federal, ni de quienes lo sustituyen en la función, que cumpla con el estándar de tener independencia e imparcialidad asegurada, cuando justamente es la AFIP la que inicia el sumario para sancionar una defraudación cometida en su contra.

Si en “Ángel Estrada” la Corte consideró que el principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art.18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales -art. 109-, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a control judicial amplio y suficiente.”, no es posible concluir, en nuestro supuesto –en el que además, la parte impugnó la constitucionalidad de la norma específica que atribuye la competencia jurisdiccional al órgano administrativo- que la disposición del art. 9 inciso 1 apartado b) del Decreto 618/97 satisfaga aquel recaudo.

El juez administrativo, en el caso, no cumple con la indispensable condición de ser imparcial y ajeno a las partes.

La garantía del juez imparcial tiene anclaje constitucional, para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde “Penjerek, Norma Mirta s/ rapto y homicidio s/ incidente de recusación”, del 14 de noviembre de 1963 (Fallos: 257:132) en adelante, en el derecho al debido proceso reconocido en el art. 18 de la Constitución Nacional.

El contenido de la garantía fue profundizado y aclarado por la Corte Suprema en “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones – arts. 104 y 89 del Código Penal -causa Nº 3221-“, fallada el 17 de mayo de 2005)(Fallos: 328:1491), “doctrina que ulteriormente fue federalizada al ser extendida, como una de las garantías mínimas de la administración de justicia, a los procesos radicados en sede provincial (causa D.81.XLI “Dieser, María Graciela y Fraticelli, Carlos Andrés s/ homicidio calificado por el vínculo y por alevosía -causa Nº 120/02-“, fallada el 8 de agosto de 2006) (Fallos: 329:3034).” (CSJN, Freytes, Daniel Enrique, 12/08/2008, Fallos Corte: 331:1784).

Por otro lado, la garantía del juez imparcial no es exclusiva ni excluyente de la jurisdicción penal, sino que se extiende de acuerdo al art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a cualquier litigio de orden civil, fiscal o de cualquier otro carácter (“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”).

Teniendo la norma rango constitucional en virtud de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, estimo que la previsión del art. 9 inc. 1 apartado b) del Decreto 618/97 que da facultades a un funcionario de la Administración para dictar sentencia en los sumarios iniciados contra contribuyentes para evaluar si incurrieron en las  conductas descriptas en el art. 46 de la ley 11.683 que perjudican al mismo organismo, no satisface la garantía del juez imparcial que le es aplicable, por lo que la norma no supera adecuadamente el test de constitucionalidad.

El tribunal administrativo en cuestión tampoco cumple con los recaudos de validez reseñados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Angel Estrada” – plenamente compatibles con el art. 8.1. de la Convención citada- al no tratarse de un órgano independiente e imparcial a las partes involucradas (Fisco y contribuyente).

Todo ello conduce a acoger el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 inc. 1 apartado b) del Decreto 618/97 y a declarar en consecuencia la nulidad de la Resolución Nº 3151/10 (DV JNEU), confirmada por Resolución Nº 129/11 (DI RNEU), ambas de la AFIP, que impusieran al actor la multa de $ 11.523,03 cuestionada.

Las costas del proceso serán soportadas por la demandada perdidosa.

Sin perjuicio de advertir que no se encuentra acreditada la condición de cada profesional frente al Impuesto al Valor Agregado en el modo exigido por la Resolución General 689/99 de la AFIP y por razones de economía procesal, se procederá igualmente en este estado a regular los honorarios de los profesionales intervinientes según la actuación cumplida por cada uno, dejando aclarado que sólo corresponderá adicionar el 21% del Impuesto al Valor Agregado de aquellos profesionales que acrediten su condición de Responsables Inscriptos ante aquél Tributo a la fecha de la presente.

Por lo expuesto,

RESUELVO: 1)DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD del art. 9, inciso 1 apartado b) del Decreto 618/97 y HACER LUGAR a  la acción contenciosa  interpuesta por el Sr. DIEGO MARTÍN PEREZ DALALE contra la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, declarando la nulidad de las Resoluciones Nº 3151/10 (DV JNEU) y 129/11 (DI RNEU) que le impusiera una multa de $ 11.523,03.

2) Con costas a la demandada (art. 68 del CPCyC). Tomando como monto base arancelario la cuantía de la multa atacada, de $ 11.523,03, regulo los honorarios del Dr. MARIANO ANDRÉS BRILLO, patrocinatne del actor, en la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300) (19,96%) (arts. 6,7,9 y 38 ley 21.839). En relación a los honorarios de la Dra.

Flavia Karina Reyes y Marcela Andrea Chiappe, encontrándose en vigencia el art. 7 del Decreto 1204/2001, no corresponde regular los mismos.

Los honorarios regulados precedentemente devengarán, en caso de mora, un interés a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, hasta el efectivo pago.

Regístrese y notifíquese.

MARIA CAROLINA PANDOLFI

JUEZ FEDERAL

Registrado electrónicamente (Acordada Nº 6/2014 CSJN) en la misma fecha. Conste.

 

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