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Presión fiscal indirecta

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de Rio Cuarto (Córdoba), en autos De Scisciolo, Liliana Marina C/ Gobierno de la Provincia de Córdoba, 03/08/2015 ha dictado un fallo donde, ante el accionar del fisco, bordeando o directamente olvidando la ley tributaria, ha afirmado que la validez jurídica de los mecanismos recaudatorios no depende de su eficacia ni encuentra justificación suficiente en sus nobles finalidades, sino que está condicionada a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos. Entre estas últimas deben considerarse tanto las de rango general (propiedad, debido proceso, derecho de defensa, acceso a la justicia) como las específicas del derecho tributario (legalidad, confiscatoriedad, capacidad contributiva, etc.).

Al respecto puntualiza que la presión tributaria debe medirse no sólo por la magnitud de los tributos en su conjunto (nacionales, provinciales y municipales), sino teniendo en cuenta el tiempo y esfuerzos personales y materiales que los organismos de recaudación exigen a los contribuyentes, amparados en las atribuciones de fiscalización y control de los primeros y en los deberes formales de los últimos, o sea lo que se conoce en doctrina como presión  fiscal indirecta.

Entre otras cosas al contribuyente se le había solicitado información sobre impuestos nacionales y municipales o datos de los registros contables que no están directamente relacionados con los tributos provinciales, además de imponer a la contribuyente la labor de confeccionar una planilla Excel con la información contenida en los libros IVA Ventas e IVA Compras ordenada por columna.

La sentencia dispuso que, en el marco de la inspección, las autoridades tributarias solo pueden exigir a la actora el cumplimiento de deberes formales y de información o de aporte de documentación y registraciones, directamente relacionadas con el Impuesto a los Ingresos Brutos y que, respecto a los demás requerimientos solo serán válidos (y, por lo tanto, obligarán a la contribuyente) en la medida en que el organismo recaudador justifique que son el medio adecuado para obtener fines legítimos, los que deberán ser indicados con claridad y precisión.

 

Posted by on septiembre 28, 2015 in Uncategorized

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3ª edición de Impuesto a las Ganancias

La editorial La Ley ha lanzado la 3ª edición del libro de ganancias de mi autoría. En los siguientes links se consiguen las ediciones disponibles:

Impuesto a las Ganancias: Teoría, Técnica y Práctica (E-book + Papel)

IImpuesto a las Ganancias: Teoría, Técnica y Práctica (E-book)

Tercera edición libro Impuesto a las Ganancias - Luis Omar Fernández

Las principales novedades que contiene están referidas a la mejora de los índices de fallos, bibliografía, dictámenes y abreviaturas, agregándose uno de voces para facilitar la consulta de la obra; con el mismo propósito se ha mantenido el detallado índice general cuyo propósito original fuera, de algún modo, facilitar la búsqueda de los temas, ante la falta de un índice de voces.

Las principales novedades de la obra, además de la actualización citada, se refieren a reorganización de algunos temas, incorporación de otros  y los comentarios sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ley 26994 así como sobre el Digesto Jurídico Argentino, ley 26939.

En el primer aspecto, se han reordenado los contenidos de los Capítulos, manteniendo por razones de orden su numeración, con lo que algunos temas han mudado su ubicación, por ejemplo el tratamiento de los instrumentos derivados se ha trasladado al Capítulo de Operaciones Financieras, lo cual ha sido indicado específicamente en la ubicación anterior. Además, como como de facilitar un abordaje integral en los temas que lo requieren, se han hecho referencias cruzadas indicando el lugar de la obra donde se puede complementar cada tratamiento u observarlo desde una óptica diferente.

Los principales tópicos incorporados han sido los regímenes de información, en especial del sector agropecuario, dado que tienen una influencia tributaria indirecta porque su falta de cumplimiento acarrea la aplicación de mayores alícuotas de retención. También se analizan el impuesto a la transferencia de inmuebles y, con mayor detalle, el régimen simplificado y todo lo relacionado con los concursos y quiebras.

En cuanto al Código Civil y Comercial de la Nación la forma de incorporar estas novedades ha planteado una nueva cuestión. Escribir una obra que pretende ser útil con las normas actuales y otras futuras, implica todo un  desafío, en especial por la forma de presentación del texto, que permita al lector tener a su alcance las nuevas disposiciones, incluidas en la sección  que corresponda, pero sin que el texto  se “corte” con párrafos intercalados que, haciendo referencia a las mismas, dificulten o entorpezcan la lectura de las vigentes; para ello se han empleado dos juegos de notas: al pie de cada página,  con las referencias habituales a leyes, fallos, dictámenes y otros materiales que deben considerarse y, al fin del capítulo, con las atinentes a las nuevas normas.

En los aspectos formales, las referencias y comentarios relativos al nuevo Código se identifican siempre con letra bastardilla y se encuentran al final del capítulo con la nomenclatura (i), (ii)……… Cuando se trata de una simple apostilla, se ha utilizado una nota numérica correlativa al pie, con texto también en bastardilla.

En los casos en que la obra menciona normas de los Códigos Civil o de Comercio en vigencia, se han transcrito, cuando existen y estén relacionadas, algunas de las normas del Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26994. Cuando se lo consideró pertinente, se han hecho breves análisis de la influencia de estas últimas en el tratamiento tributario que se analiza o de la situación de indefinición que se ha producido, tanto con el nuevo Código, como con la derogación de diversas leyes que prevé el mismo; además, en algún caso se han sugerido eventuales normas, que solucionarían esas dificultades o se han detallado con más precisión los inconvenientes que existirán a partir de la vigencia del nuevo Código.

Este criterio se ha empleado para el estudio, entre otros, de los contratos de fideicomiso y leasing y del derecho real de superficie. Por su parte, de este último, se ha hecho un análisis más detallado, sugiriendo las normas tributarias aplicables, basado en una ponencia del autor en el 15° Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se celebrara del 7 al 9 de agosto de 2013.

 

Posted by on septiembre 28, 2015 in impuesto a las ganancias

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Ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias: ¿Cuándo aplicarlo?

Hemos recibido del colaborador Lisandro Yolis el siguiente comentario sobre el estado actual de la cuestión del título:

La reciente medida cautelar otorgada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba (18 de agosto) ha llamado la atención en diversos ámbitos.

A través de una medida cautelar, el Juzgado ordenó a la AFIP que arbitre los medios necesarios a fin de que la empresa Bodegas Esmeralda presente la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015, aplicando el ajuste por inflación impositivo, tomando como índice de ajuste el índice de Precios al por Mayor nivel general publicado por INDEC.

En el caso, según pone de relieve la resolución, la bodega había probado que la no aplicación del ajuste por inflación importaba que el impuesto absorbiera el 47,38% del resultado impositivo ajustado por inflación y el 47,99% de las utilidades contables ajustadas por inflación.

Esta medida cautelar se inserta en un contexto donde la cuestión del ajuste por inflación ha cobrado nuevamente relevancia.

Algunos días antes (13 de agosto), la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba sostuvo la aplicación del ajuste para el período fiscal 2011. En esta oportunidad, se señaló que “practicados los cálculos… las tasas efectivas de impuesto a las ganancias ascienden a 45,67% (ajustado por IPIM…) y a 52,00% (ajustado por IPI e ICC…) resultando por tanto superiores a las consignadas en el Certificado Contable obrante en autos, las cuales son de 40,20% y 47,50%, respectivamente”.

Asimismo, debe recordarse que el 11 de agosto la Corte Suprema, al aplicar el artículo 280 del CPCCN, dejó firme la sentencia de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que había permitido la aplicación del ajuste por inflación al período fiscal 2010 a la empresa Gas Cuyana, por extensión del precedente “Candy SA” (Fallos 332:1571). En esa oportunidad, con cita del informe del perito contador, la Cámara tuvo por probado que, de no aplicarse el mecanismo mencionado, la firma debería ingresar un impuesto igual al monto que surgiese de aplicar la alícuota del 153% sobre el resultado impositivo ajustado por inflación.

Estos precedentes ponen de manifiesto un problema concreto sobre el tema: ¿cuál es el límite de la confiscatoriedad para que resulte aplicable el ajuste por inflación?

Este problema surge a raíz de la falta de autorización legal para la aplicación del ajuste por inflación. Desde hace algunos años y dejando de lado la discusión sobre porcentajes, el INDEC ha reconocido cierto nivel de inflación, pero la AFIP no ha autorizado formalmente la aplicación del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias. Esto conlleva necesariamente a un conflicto entre la realidad económica y la realidad impositiva.

Si bien el problema surge por lo expuesto, lo cierto es que se pone de manifiesto y se agrava por la actuación de la justicia.

La omisión de la Corte Suprema de establecer un porcentaje mínimo y claro de confiscatoriedad para la aplicación del ajuste por inflación, deriva irremediablemente en que cada tribunal federal del país pueda considerar confiscatorio un porcentaje diferente.

La Cámara Federal de Mendoza sostuvo que: “Atento a que en la misma causa [“Candy SA” (Fallos 332:1571)] se consideró acreditado el perjuicio por representar para Candy el pago del impuesto a las ganancias, sin aplicar el APIDRI, más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, es que resulta razonable considerar que dichos porcentajes constituyen el límite a partir de los cuales existe confiscatoriedad” (punto V).

El Juzgado Federal de Córdoba, por su parte, omite cualquier tipo de determinación de porcentaje mínimo, considerando confiscatorias detracciones inferiores al 50% del resultado impositivo y de las utilidades contables, ambos ajustados. Más aún, la Cámara Federal de Córdoba, en el caso citado, había expresado que “de no aplicarse el mecanismo de ajuste impositivo por inflación al ejercicio cerrado al 30/06/2011 de la sociedad, implicaría que la misma debe ingresar alícuota efectiva superior a la prevista por la Ley del Impuesto a las Ganancias del 35%”. En otras palabras, del texto puede colegirse que cualquier alícuota efectiva superior al 35% sería inconstitucional por confiscatoria.

Como consecuencia de ello, la cuestión termina siendo casuística y dependiendo casi exclusivamente del criterio individual de cada juzgador.

Creo, en definitiva, que, hasta tanto el legislador o administrador decida permitir formalmente la aplicación del ajuste por inflación, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación unificar y determinar el porcentaje de absorción aplicable, ya que es la única forma de garantizar la seguridad jurídica.

Ju.z Fed. Córdoba Bodegas Esmeralda SA

Cam. Fed. Mendoza Distribuidora de Gas Cuyana SA

CSJN, Distribuidora de Gas Cuyana SA

Cam Fed. Córdoba Sanatorio Allende SA

 

Posted by on septiembre 18, 2015 in ajuste por inflación

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El principio de legalidad y las tasas

El art. 25 de la ley 26682 que regula el sistema de medicina prepaga dispone que las entidades del mismo deben ingresar una matrícula anual cuyo monto será fijado por la reglamentación. A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional subdelegó tal atribución en el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (art. 25 del decreto 1993/11), la que fue finalmente ejercida por esta última mediante la resolución 1769/14, por la que se determina para el pago de la matrícula anual una alícuota del dos por mil, que se calculará sobre la base del total de los ingresos devengados en cada año calendario en concepto de cuotas y mayores servicios comercializados mediante planes de salud totales y/o parciales que brinden prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a los usuarios.

El contribuyente objetó, con fundamento en el principio de legalidad tributaria, la delegación de la cuantía de esa matricula en el Poder Ejecutivo. En primera instancia obtuvo sentencia favorable y en apelación la Cámara confirmó el fallo, mencionando el evidente carácter tributario de la llamada “matricula” que, en realidad, constituye una tasa y que “Contrariamente a lo sostenido por el recurrente, más allá de su denominación, tal “matrícula anual” reviste indudable naturaleza tributaria, máxime si se atiende a la preeminencia que cabe asignar a la realidad económica en la interpretación de las leyes de tal naturaleza (conf. art. 11 de la ley 11683 y Fallos: 318:676, cons. 12°), toda vez que se trata de una suma de dinero que obligatoriamente han de sufragar algunos sujetos pasivos —empresas de medicina prepaga— en función de ciertas consideraciones de capacidad para contribuir (art. 1º resolución 1769/14) y que se halla destinada a la cobertura de gastos públicos (art. 25 de la ley 26682).”

Swiss Medical S.A. c/ EN – SSS s/ amparo ley 16.986 – CNACAF – SALA IV – 04/08/2015

 

Posted by on agosto 10, 2015 in Tasas

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La Corte y las quitas concursales

Sobre el tema del titulo nos ha enviado Lisandro Yolis el siguiente comentario:

Las Quitas Concursales en el Impuesto al Valor Agregado

Por Lisandro Yolis

Con fecha 3 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las “quitas concursales” difieren del concepto de “quitas” establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los hechos

La empresa actora se presentó en concurso preventivo en el año 1999.

En el año 2001 se homologó el acuerdo preventivo, lo que, en definitiva, redundó en que la empresa pagase solamente cerca de un 40% del total adeudado.

A raíz de esta situación, el Fisco impugnó el crédito fiscal computado por la actora , en la proporción del 60% de la quita obtenida en el proceso concursal. Concretamente, el Fisco sostenía que la firma concursada omitió exteriorizar en el mes correspondiente del año 2001 un mayor débito fiscal como consecuencia de la quita obtenida sobre los saldos adeudados.

La postura del Fisco

El criterio de la AFIP se sustenta, centralmente, en el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación Nº 48/2006.

Allí, la Procuración concluyó que “las quitas concursales se encuentran comprendidas en el artículo 12, inciso b) de la Ley de IVA (t.o. 1997) siempre que se encuentren satisfechas las exigencias que esa norma establece”.

Asimismo, entendió que dicha norma “no efectúa distinciones de ninguna especie según la naturaleza de las quitas que menciona, ni exige que ellas deban ser libre y voluntariamente pactadas, ni tampoco bilaterales o contractuales”.

En lo concreto, la Procuración indicó que “las únicas exigencias que ella establece, para admitir los créditos fiscales derivados de las quitas allí mencionadas, consisten en que estas últimas estén de acuerdo con las costumbres de plaza y que se facturen y contabilicen”. Respecto de la costumbre de plaza, consideró que quedan “suficientemente a salvo cuando ella cuenta con la aprobación del Juez del concurso. Si las costumbres de plaza sirven de respaldo a las quitas contractuales, a fortiori debe reconocerse tal efecto a la doctrina judicial que fija los términos y alcances de las quitas concursales. Por ese mismo motivo, en caso de rechazar el Juez interviniente la nota de crédito extendida por el acreedor, considero que la condición precitada no se encontraría satisfecha”. De forma concordante y en cuanto a la contabilización, expresó que “ese rechazo judicial impediría que la quita fuera contabilizada”.

Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 25 de febrero de 2010, revocó la resolución determinativa de AFIP. Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que: a) las quitas concursales tienen origen judicial; b) las quitas del artículo 12 de la Ley de IVA refieren al precio neto de la operación, en cambio las quitas del artículo 43 de la Ley de Concursos refieren a créditos quirografarios verificados; c) las quitas concursales dispuestas por el juez no responden a acuerdos de partes, sino a la homologación judicial de un crédito. Finalmente, concluyó que “cuando se trata de quitas generadas en la resolución judicial de un concurso de acreedores, las mismas no generan débito ni crédito fiscal alguno”.

Sin embargo, posteriormente la Sala IV de la Cámara, revocó la sentencia del Tribunal Fiscal, ratificando el criterio del Fisco. Al respecto, postuló que: a) la ley no establece diferencia alguna entre “quitas concursales y “quitas comerciales”; b) siguiendo la postura de la Procuración del Tesoro de la Nación, la “costumbre de plaza” está garantizada en el concurso por la aprobación del acuerdo por el juez; c) la exclusión de las quitas concursales del IVA afectaría la neutralidad del impuesto; d) hizo la salvedad con respecto a la obligación que le cabe al Fisco de controlar que los acreedores de la actora emitan las correspondientes notas de crédito de manera tal que no se produzca un enriquecimiento sin causa del Fisco. En definitiva, la Cámara consideró que “las quitas concursales se encuentran incididas por el IVA y constituyen un débito fiscal del período en el que el juez del concurso homologue la propuesta concursal y, simétricamente, un crédito fiscal para los acreedores verificados en proporción a los precios netos gravados y al impuesto que conformen la deuda verificada”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte dejó sin efecto el fallo de Cámara y tal como se anticipó, declaro que las quitas concursales no generan un débito fiscal en el IVA.

Repitiendo, en lo sustancial, los argumentos del dictamen la Procuración General, la Corte Suprema sostuvo que:

  • El término ‘quitas’ seguido de las indicaciones ‘que, respecto del precio neto, se logren (…)’ no puede ser entendido como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que únicamente incrementan el débito fiscal aquellos descuentos o reducciones del precio logrados -entre otros requisitos- ‘respecto del precio neto’ de la venta, locación o prestación gravada. Y ese ‘precio neto’, no es otro que el definido por el art. 10 de la ley como aquel que resulta de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto” (Considerando 6º).
  • Las aludidas ‘quitas concursales’ no aumentan el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, pues ellas no han sido logradas ‘respecto del precio neto’ de la compra, de la locación o de la prestación, sino que obedecen a otra razón, ulterior y ajena a ese ‘precio neto’, como es el ‘crédito verificado’ a aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial para requerir el pago de los importes adeudados (arts. 32 y concordantes de la ley 24.522)” (Considerando 7º).

La Corte Suprema resuelve acertadamente y de conformidad con la lógica del impuesto, ratificando, además, el principio de reserva de ley o de legalidad en materia impositiva (“la extensión analógica de la definición taxativa de la base imponible prevista por la ley -aun cuando se la efectúe invocando la pretendida neutralidad del impuesto- es inadmisible pues se encuentra en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo”), lo que redunda en una mayor seguridad jurídica.

Conclusión

Así, la Corte Suprema ha puesto fin a un debate sobre la naturaleza de las “quitas concursales” y su tratamiento en el Impuesto al Valor Agregado, habrá que ver el grado de acatamiento del fallo por parte de la AFIP y sus efectos sobre las determinaciones impositivas.

 

Posted by on julio 8, 2015 in Uncategorized

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Facturación y registración

Arnaud Iribarne ha enviado la siguiente cuestión:

Una contribuyente se encuentra inscripta en ganancias y monotributo.

Tiene tres clases de ingresos:

  1. Como empleada en relación de dependencia
  2. Como honorarios de socia gerente de SRL (similar Director SA)
  3. Monotributista por desempeño profesional (Contadora)

Su hija menor de edad recibe un inmueble rural  por donación y su madre (que ejerce la patria potestad y convive con ella, será quien firme el contrato de locación y deberá declarar la renta – sumándola a la propia – por el Art. 31 de la LIG). Como se trata de un arrendamiento rural, exento de IVA, deberá abrir un  punto de facturación específico para la locación.

SE PREGUNTA:

  1. ¿Puede declarar esta  renta y seguir siendo monotributista por su actividad profesional?
  2. ¿Debe inscribirse como IVA Exenta?
 

Posted by on junio 22, 2015 in Uncategorized

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La Corte Suprema y las tasas

Lisandro Yolis, a propósito del fallo de la Corte Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA, nos ha enviado el siguiente comentario:

Es sabido que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere decir algo, lo dice. De la misma forma, cuando no quiere hacerlo, no lo hace. Así, la sentencia del 29 de abril de 2015 en autos “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A.” es, cuanto menos, llamativa por varios motivos.

Primera cuestión (sobre el proceso), la Corte Suprema accede ingresar en el tratamiento de la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, bajo la breve argumentación de que “la demanda deducida constituye la vía idónea para suscitar la intervención de este Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos de la aplicación de la ley tarifaria provincial a la que la empresa actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par que fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (…). En efecto, al fundarse la presente acción en la interpretación de una ley local, su confrontación con normas constitucionales y con las disposiciones nacionales pertinentes es del todo relevante para la solución del caso” (Considerando 2º). Sin embargo, el Máximo Tribunal omite ex profeso expedirse sobre los argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen del 29 de mayo de 2013, donde remite a su dictamen emitido en autos “Glaciar Pesquera S.A.”, donde había sostenido la inexistencia de un “acto en ciernes”, lo que conllevaba al rechazo de la acción. De ello puede colegirse que la Corte Suprema tenía interés en dictar sentencia.

Segunda cuestión (sobre las facultades de la Provincia), el Alto Tribunal considera que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “tiene facultades suficientes para imponer tasas retributivas de servicios a las empresas que operan en la zona implicada, en el marco de la verificación de las actividades que desarrollan según ese régimen promocional”, inmediatamente establece la limitación “siempre que se respete el presupuesto de reserva de ley, la naturaleza de la tasa y con la salvedad de que se retribuyan servicios efectivamente prestados” (Considerando 7º). La sentencia a continuación trata cada uno de esos puntos sobre la debatida Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos.

Tercera cuestión (principio de reserva de ley), en pocos renglones la Corte Suprema descarta la impugnación de la empresa, indicando “el principio de legalidad enunciado se cumple en la especie con el dictado de la ley provincial 854” (Considerando 9º).

Cuarta cuestión (sobre la base imponible), aquí está el nudo del fallo. El Máximo Tribunal sostiene que la Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos “encuadra prima facie en el concepto de tasa”, párrafo de por medio, expresa “[n]o obstante lo expresado, seguidamente al fijar la base imponible para la determinación de la tasa, lo hace conforme a un parámetro: ‘el valor F.O.B. de salida que figure en el permiso de embarque cumplido’, que remite concretamente a una acción ulterior al proceso productivo de que se trata y que puede o no darse, que es la exportación del producto” (Considerando 12º). De ello extrae que “es la exportación de la mercadería lo que en realidad genera el nacimiento de la obligación tributaria, en vez de exigirla en función de procesos técnicamente anteriores a ese hecho” y luego agrega la novedosa idea de “hecho imponible real” (Considerando 13º).

Quinta cuestión (sobre la finalidad de la tasa), en directa relación con la cuestión anterior, el Alto Tribunal expresó que “[e]l quehacer de la administración provincial que la tasa solventaría es idéntico y en consecuencia debería ser ajustado, si existiese, de acuerdo a una única pauta fijada según el trabajo que se realiza”(Considerando 16º) y más aún “no se advierte cuál es la razón por la cual se estableció como parámetro de la tasa el valor FOB de salida y no otro modo de cálculo de la base imponible referido concretamente a los costos que genera la prestación del servicio que se pretende solventar” (Considerando 14º, el resaltado me pertenece). Adicionalmente, considera que “la tasa debería abonarse sin excepción, más allá de que se produzca o no la exportación de los productos. Más aún, en el supuesto de que la mercadería no llegara a exportarse, no habría monto a ingresar” (Considerando 14º).

Sexta cuestión (sobre las aduanas interiores), la Corte Suprema determina que la Provincia “está instaurando un derecho de exportación antes que una tasa de verificación de servicios cumplidos”.

Séptima y última cuestión (sobre el principio de igualdad), respecto de las diferentes alícuotas (2% sobre exportaciones al territorio continental y 3% sobre exportaciones a otros países), el Alto Tribunal sostiene que “frente a supuestos procesos de verificación análogos, se fijan tasas diferenciales sin una justificación razonable que lo sustente”, añadiendo “[e]l servicio que debería justificar el ingreso de la tasa es el mismo, por ello no se advierte razón para establecer porcentajes distintos según el destino” (Considerando 16º).

La motivación del presente comentario es entender la naturaleza de la tasa en la concepción de la Corte Suprema y sus posibles implicancias sobre otras tasas. Muchas jurisdicciones han establecido tasas tomando como base imponible los ingresos brutos de las empresas, cabe preguntarse entonces si el Máximo Tribunal ha querido decir algo más en su sentencia. Quizás, solapadamente ha dejado entrever su opinión sobre un posible planteo al respecto.

A modo de conclusión, puede considerarse que la Corte Suprema, como invariablemente lo hace, ha elegido cuidadosamente las palabras y los argumentos para expedirse en un caso, en el cual no tenía necesidad de hacerlo. Puede que, quizás, constituya un anticipo de lo que podría sentenciar respecto de las tasas que toman como base imponible los ingresos brutos de las empresas. Veremos que nos depara el futuro.

Antecedentes:

Dictamen PGN Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA

Dictamen PGN Glacial Pesquera SA

 

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Multas: su constitucionalidad

Muchas veces se han cuestionado las facultades de la administración para imponer multas, dado su carácter penal y la naturaleza del proceso mediante el cual se aplican; estas objeciones son más graves en el caso de las llamadas multas automáticas.

En los fallos del Tribunal Fiscal que se adjuntan, un voto en disidencia aborda esta cuestión desde el punto de vista de la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos.

TFN, sala F,  BLANCO EDUARDO JORGE c/DGA s/Recurso de Apelación, 03/12/2013

TFN, sala G,  AGENCIA MARITIMA MUNDIAL S.A. c/DGA s/Recurso de Apelación, 18/02/2015

 

¿Cómo influye el Impuesto a las Ganancias en el Nuevo Código Civil?

El miércoles 22 de abril próximo, entre las 9:30 y las 12:30 horas, voy a dar el seminario “Derecho Tributario: Influencia del Nuevo Código Civil y Comercial en los impuestos nacionales” (con especial énfasis en el Impuesto a las Ganancias) en el marco de un desayuno de trabajo organizado por elDial.com. La disertación se llevará a cabo ante un grupo reducido, para que los asistentes tengan la posibilidad de plantear consultas e intercambiar opiniones.

Para más información:

http://www.eldial.com/publicidad/mailings/marzo2015/desayuno_fernandez_20150313.html

Para inscribirse:

http://www.eldial.com/nuevo/registracion2_ec_desayuno.asp

Están todos invitados.

 

Cuidado con las citas

Cuando en algunos fallos o dictámenes se mencionan citas bibliográficas, la prudencia aconseja recurrir a la fuente mencionada, para conocer el contexto de la cita y poder analizar su pertinencia; esta práctica me ha producido sorpresas, algunas desarrolladas en otro lugar (1) y otras como la que se comenta.

En el resumen del fallo Griselda Maria De las Nieves (2) donde se trataba de la inclusión en el tributo de las retroactividades generadas por una renta vitalicia previsional,  la mayoría cita mi libro Impuesto a las Ganancias donde, analizando el inc. v) del art. 20 se dice que “…la razón subyacente de esta disposición es que para el acreedor no existe ningún tipo de ganancia, sino solamente el recupero en valores constantes de su acreencia” pero no se menciona que, como también se dice en la obra y establece la propia ley, esta norma se aplica, para quienes declaran sus rentas por el criterio de lo percibido, como es el caso, a las actualizaciones posteriores a la percepción.

Como se sabe las retroactividades jubilatorias se perciben cuando se produce su pago, situación que en el caso no se ha producido, por lo que la solución es la contraria: están comprendidas en el tributo. A mayor abundamiento, la ley tiene un mecanismo propio (art. 18 inc. b) 3er párrafo), de carácter optativo, para imputarlas cuando la percepción provoque una aumento desmedido del tributo.

 

(1)   En el art. “Algo más sobre las multas”, publicado en el Consultor Tributario de febrero 2015   mencioné un dictamen en el cual, la cita de un concepto del Dr. Enrique J. Reig, al ser sacada de contexto, fundamentaba una opinión contraria a la que el autor exponía en su obra.

(2) CFSS, sala I, Cappiello, Griselda Maria De las Nieves y Otro c/P.E.N. y otro s/Amparos y Sumarisimos

Ver fallo y comentario en http://www.diariojudicial.com/fueroseguridadsocial/El-retroactivo-de-la-renta-vitalicia-no-paga-Ganancias-20150313-0001.html

 

Posted by on abril 8, 2015 in Exenciones

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