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Inmobal Nutrer S.A.

TFN, sala A

29/11/2010

 

Buenos Aires, noviembre 29 de 2010.

 

Resultando:

 

I. Que a fojas 19/24 la actora interpone recurso de apelación contra una resolución de fecha 10 de octubre de 2001 de la AFIP-DGI, en virtud de la cual se determinó a la firma su obligación tributaria frente al impuesto a las ganancias, período fiscal 1998 con más intereses resarcitorios.

 

Manifiesta que dedujo como incobrable en su declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 1998 un importe de $ 285.604,39 que correspondía al saldo que uno de sus clientes, la firma Indacor SA, le debía al momento en que solicitara la apertura del Concurso Preventivo.

 

Considera que tal deducción se fundó eh el inciso b) del art. 87 de la ley del impuesto, que establece el cómputo como gasto de “los castigos y previsiones contra los malos créditos”. A su vez, cita también el art. 136 del Decreto Reglamentario. En ese sentido, entiende que es clara la disposición de dicho decreto, ya que —dice— consigna como uno de los supuestos de la incobrabilidad a la cesación de pagos, condición necesaria o presupuesto para la apertura del Concurso Preventivo, conforme lo dispuesto en el art. 1° de la ley 24.522.

 

En cuanto a las observaciones efectuadas por los inspectores, sostiene que la contabilidad se rige por normas y criterios propios que en nada condicionan a los criterios impositivos, por lo tanto —añade— si contablemente se previsionó el 60% del crédito, ello no obliga a que impositivamente se hiciera lo mismo, pues si hipotéticamente el acuerdo no resultaba homologado y la empresa iba a quiebra, con que criterio luego se computaba el 40% restante como incobrable. Por otra parte, que el activo sea mayor que el pasivo no es ni más ni menos que la condición necesaria para que la empresa vio se encuentre en quiebra técnica, y por último, la circunstancia de que haya seguido operando con Indacor SA tampoco implica nada, destacando que las operaciones siguientes al concurso fueron realizadas al contado, por lo tanto, no había riesgo de incobrabilidad.

 

Sostiene que bajo el pretexto de que las deducciones por incobrables deben justificarse, se le exige condiciones no requeridas por norma alguna, en forma totalmente arbitraria, casuística y contradictoria con la jurisprudencia de este Tribunal.

 

Expresa que si no hubiese deducido el incobrable hasta el momento de la homologación (ejercicio 1999) hubiera perdido el derecho a tal deducción, ya que el mismo hubiera sido extemporáneo.

 

Explica que cuando en el ejercicio 1999 ocurre la homologación y por lo tanto quedó firme la quita del 60% y la posible cobrabilidad del 40% restante, decide recuperar ese 40% en la medida de su efectiva percepción. A tal efecto, cita el art. 134, tercer párrafo “in fine” del Decreto Reglamentario.

 

Finalmente, aclara que en el año 1998 la deudora se presentó en concurso, lo que implica estar en cesación de pagos y ello significa que se verificó un índice de incobrabilidad. En el siguiente período fiscal, se homologó un acuerdo concursal por el cual INDACOR SA se comprometió a pagar el 60% de su deuda. Tal circunstancia, implicó el recupero de parte del crédito incobrable, por lo cual lo imputó como ganancia del año fiscal 1999.

 

Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

 

II. Que a fojas 31/42 vta contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y derecho que expone solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva del caso federal.

 

III. Que a fojas 63 se abre la causa a prueba y se clausura a fojas 99. A fojas 103 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la sala “A” y a fojas 106 se ponen los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fojas 107/110 y 111/112.

 

A fojas 114 se llaman los autos para dictar sentencia.

 

Considerando:

 

I. Que corresponde expedirse sobre la procedencia de la deducción efectuada por la actora en concepto de deudores incobrables de la empresa “Indacor SA” por el período fiscal 1998.

 

Previo a todo análisis, cabe señalar que con posterioridad a la verificación, la actora presentó declaración jurada rectificativa del período fiscal 1999.

 

La recurrente manifiesta que dedujo en la DDJJ 1998 el crédito con Indacor SA. por un importe de $ 285.604,39.- con sustento en que con fecha 31/12/98 dicha firma había entrado en cesación de pagos con apertura del Concurso Preventivo y verificación del crédito quirografario por su parte.

 

II. Que en primer lugar, conviene describir la normativa aplicable. Al respecto, el artículo 87 de la ley de impuesto a las ganancias dispone que de las ganancias de la tercera categoría y con las limitaciones de dicha ley se podrá deducir, según lo prescripto en el inciso b), los castigos y previsiones contra los malos créditos en cantidades justificables de acuerdo con los usos y costumbres del ramo. Se agrega que la Dirección General Impositiva podrá establecer normas respecto de la forma de efectuar castigos.

 

Por su parte, el artículo 133 del decretó reglamentario dispone que es procedente la deducción por castigos sobre créditos dudosos e incobrables que tengan su origen en operaciones comerciales, pudiendo el contribuyente optar entre su afectación a la cuenta de ganancias y pérdidas o a un fondo de previsión constituido para hacer frente a contingencias de esta naturaleza. A su vez, el artículo 136 del citado reglamento establece que cualquiera sea el método que se adopte para el castigo de malos créditos, las deducciones de esa naturaleza deben justificarse y corresponder al ejercicio en que se produzcan, siendo índices de ello: la cesación de pagos real o aparente, la homologación del acuerdo de la junta de acreedores, la declaración de quiebra, la desaparición del deudor, la prescripción, la iniciación de cobro compulsivo, la paralización de operaciones y otros índices de incobrabilidad.

 

En virtud de lo expuesto, se considera que los requisitos para la deducción de los deudores incobrables son los siguientes:

 

— que los créditos tengan origen en operaciones comerciales propias del giro del contribuyente;

 

— que se verifique alguno de los parámetros de incobrabilidad comprendidos en la normativa pretranscripta, advirtiéndose que la descripción obrante en el artículo 136 del decreto reglamentario no es taxativa, sino meramente enunciativa;

 

— que esté justificada la incobrabilidad;

 

— que la referida incobrabilidad corresponda al ejercicio en que se produzca la misma.

 

III. Que en el caso de autos, si bien la presentación de Indacor SA en un concurso preventivo es un elemento indicador de incobrabilidad, cabe realizar algunas consideraciones.

 

La firma Indacor SA se presentó en Concurso Preventivo en fecha 2/2/98, siendo la apertura del mismo el 6/3/98 y la firma acreedora verificó su crédito quirografario dentro del concurso, dictándose la sentencia de verificación de créditos el 22/10/98. Posteriormente, la concursada logró un acuerdo preventivo con sus acreedores quirografarios, el cual resultó homologado en fecha 17/5/99 y concluyó en una quita del 60% de la deuda mantenida con los mismos, acordándose la forma de pago del 40% restante en cuatro cuotas iguales, anuales y consecutivas. A tales efectos, la actora consideró contablemente el 60% de la deuda de Indacor SA, como crédito de cobranza imposible, mientras que impositivamente imputó como incobrable el 100% de dicho crédito

 

En ese sentido, cabe remitirse a lo resuelto por esta Sala in re “Industrias Plásticas D”Accord SRL s/apelación”, de fecha 17/12/1997, en virtud de la cual se dijo: “Los balances en forma comercial son los que surgen de la contabilidad llevada por la sociedad…y para las liquidaciones impositivas, debe partirse del resultado del balance comercial”… “No se puede optar por un método distinto del seguido en la contabilidad, sin que exista autonomía entre los balances fiscal y comercial, por cuanto la pauta reglamentaria alude al resultado neto del ejercicio comercial…al que se le adicionarán y deducirán ajustes impositivos”… “Las divergencias entre los balances comercial e impositivo sólo resultan admisibles cuando en forma taxativa la ley y su reglamentación dispongan tratamientos alternativos de excepción”. Criterio que fuera confirmado por la Alzada con fecha 6/7/2000.

 

En lo que hace a la circunstancia que la actora haya continuado operando con el deudor en cuestión, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, este Tribunal no puede dejar de observar que dicho accionar resulta, en principio, revelador de que la apelante no tenía la plena convicción de que se trataba de un deudor incobrable por estar en cesación de pagos.

 

IV. Que atento lo expuesto, cabe advertir que no obstante la falta de estrictez que debe reconocerse a la norma reglamentaria en cuestión, la ley exige la existencia de requisitos mínimos que analizados en el caso concreto, permitan razonable y prudentemente, tener por configurada dicha incobrabilidad a los efectos de una adecuada determinación del gravamen en el período fiscal que se liquida. Circunstancia que no se da en la especie.

 

En razón de lo expresado, corresponde confirmar la resolución apelada, con costas.

 

Por ello, SE RESUELVE:

 

Confirmar la resolución apelada, con costas. —José E. Bosco. — Ernesto C. Celdeiro. — Ignacio J. Buitrago

 

 

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