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Gastaldi Roberto A. c. Dirección Gral. Impositiva

CNACAF, sala III

06/02/2007

 

Buenos Aires, febrero 6 de 2007.

 

Considerando:

 

I. A fs. 309/312 vta. el Tribunal Fiscal confirmó —con costas— la resolución de la AFIP-DGI que determinó de oficio la obligación tributaria del actor en el impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 1997, con más intereses resarcitorios. Para así resolver estimó que las cuestiones a dilucidar eran dos: 1) determinar si la actividad agropecuaria a la que se dedicaba el actor, se cumplía a través de la sociedad de hecho que, según sostiene, integraba con sus cuatro hijos, y 2) la procedencia de la amortización del ganado de su propiedad que practicó en el período fiscal cuestionado.

 

Para desestimar la primera cuestión consideró que: a) la amplitud probatoria que autoriza el art. 25 de la ley de sociedades para acreditar la existencia de una sociedad de hecho debe ser integrada con el art. 209 del Código de comercio en cuanto exige principio de prueba por escrito; b) la documentación acompañada a tal fin, meras fotocopias en las que constan manifestaciones de diversas personas acerca del hecho que se quiere probar, no puede siquiera ser considerada instrumento privado por carecer de la firma de sus otorgantes en original, cita jurisprudencia que niega valor probatorio a las fotocopias; c) el ordenamiento tributario para reconocer la existencia de una sociedad de hecho requiere que se encuentre inscripta, que tenga CUIT, fije sede social, tenga facturas, libros sociales, cuentas bancarias y otros papeles comerciales; extremos que no se acreditaron en el caso, como tampoco los aportes efectuados por cada socio; d) las marcas y señales de la hacienda corresponden al actor, al igual que las facturas; e) los recibos de sueldo del personal, y declaraciones juradas lo tienen como único empleador, surgiendo idénticos datos de las indemnizaciones pagadas a los tamberos medieros, siendo el actor el que se encuentra inscripto como contribuyente.

 

Con relación al tratamiento tributario de la hacienda señaló que el principio general es su carácter de mercadería, es decir, de bien de cambio, correspondiendo la amortización de su valor sólo si se acredita que es ganado de pedigree o puro por cruza. Sostuvo que a tal fin debe demostrarse que se encuentra registrado o individualizado en los asientos públicos existentes a tal efecto, por lo cual la vida útil de cierto tipo de hacienda, a esos efectos, es una cuestión que reviste carácter secundario. Ponderó que la única prueba producida en tal sentido, informe de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, no permite acreditar en forma indubitable que la hacienda registrada sea la misma que tuvo en cuenta el ente recaudador y además de los antecedentes administrativos resulta que el actor los declaró como bienes de cambio. Estimó que al no hallarse respaldadas las manifestaciones del contribuyente por pruebas categóricas no se logró doblegar el principio de legitimidad que goza la determinación de oficio

 

II. Apela la actora (fs. 321) fundando su recurso a fs. 323/328 vta. y el Fisco Nacional lo contesta a fs. 332/338. En tanto que a fs. 330 y 331 ambas partes recurren contra la regulación de honorarios de fs. 322.

 

III. La parte actora centra sus agravios en que: a) no se hizo mérito de las prueba documental, ni del reconocimiento de la sociedad de hecho efectuado por el Fisco a través de los períodos fiscales anteriores al que motiva estos autos, ni del principio de la realidad económica para interpretar las leyes tributarias; b) ni la ley de impuesto a las ganancias ni de su reglamentación surge la exigencia del registro en asientos públicos de la hacienda, requisito al que tampoco la AFIP hace referencia en la resolución apelada; c) el rechazo por el Fisco del valor probatorio de las facturas de compra de hacienda amortizable efectuadas en los años 1985, 1991 y 1993, demuestra su desconocimiento en la materia para determinar cuando una vaca es hacienda general y cuando es apropiada para la explotación lechera, sin mencionar si es de pedigree o pura por cruza; d) el carácter de puro por cruza del ganado quedó demostrado en el informe de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, al indicar que el actor tiene vacas holando argentinas puras por cruza registradas desde 1988 y que en los años 1991 y 1992 las poseía; e) del informe pericial veterinario resulta que los animales observados son de raza holando argentina de muy buen nivel genético; f) resultaría absurdo que los animales se degeneraran en su calidad genética con cruzas indebidas que redundarían en un menor rendimiento lechero; g) la vida útil de la vaca es procedente pues dado que las compras realizadas corresponden en su casi totalidad a vaquillonas de entre 1 a 2 años de edad, al informarse que la vida útil puede alcanzar 12 años, perfectamente las vacas arqueadas por el Fisco en 1997 son las mismas que aquellas cuya adquisición se probó; h) la declaración como bienes de cambio no es lo que se expuso en las notas presentadas ante la AFIP en 1998 y 1999.

 

IV. El Tribunal Fiscal fundó su decisión en la apreciación de elementos fácticos, cuya revisión, en principio, no cabe en esta instancia (conf. art. 86 de la ley 11.683; doc. CSJ Fallos: 300:985 y esta sala in re “Renault Argentina SA” del 7/3/95, “Barclays” del 18/7/95; “Curtiembre Verona” del 28/9/99, entre muchas otras). Ello es así pues está reservada a ese tribunal la valoración con respecto a la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquel principio.

 

V. Los agravios de la parte actora contra el rechazo de su posición acerca de la existencia del una sociedad de hecho, sólo trasuntan su discrepancia con relación al criterio de selección y valoración de la prueba sin demostrar que ello configure una decisión arbitraria (CS Fallos: 268:221; 269;159; 276:311 entre muchos otros). En efecto; a) se queja por la falta de mérito de la prueba documental, mas no se hace cargo de las razones expuestas por el tribunal a quo para descalificarla; b) el argumento respecto a la aprobación fiscal durante períodos fiscales anteriores de su posición no resulta atendible, pues las declaraciones juradas están sujetas a verificación (conf. art. 13 de la ley 11.683, to 1998) por lo cual su presentación no implica la aprobación de su contenido por parte del organismo recaudador; c) ataca, el pronunciamiento apelado por haber omitido la aplicación del principio de realidad económica, receptado por la ley 11.683 (art. 1° y 2°) para la exégesis de las leyes impositivas, sin explicitar las razones de sus dichos, en tanto que se advierte que la decisión cuestionada se fundó en un análisis de la forma como se cumplía efectivamente la explotación, atendiendo a los elementos probatorios acompañados, que en forma concreta no fue desvirtuada por la parte actora.

 

VI. En lo que hace al tratamiento contable que corresponde acordar a la hacienda es menester señalar que la ley de impuesto a las ganancias sólo autoriza la amortización de reproductores adquiridos, las hembras, cuando fuesen de pedigree o puros por cruza (conf. art. 54). A fin de acreditar esos extremos el actor acompañó en sede administrativa facturas de compra de vacas y vaquillonas holando argentina, que fueron rechazadas por el organismo fiscal por corresponder a los años 1993, 1991 y 1985 y no guardar relación con la hacienda del contribuyente existente al tiempo del ajuste tributario (año 1997). En tanto que en el pronunciamiento apelado el rechazo de su pretensión se fundó que aquellas hembras deben estar registradas e individualizadas en los asientos públicos respectivos, no surgiendo en forma indubitable de la prueba arrimada que la hacienda que tiene registrada sea la misma que tuvo en cuenta el ente recaudador. Decisión contra la que se alza la actora en el entendimiento de que la norma tributaria antes referida no impone la exigencia de registro insistiendo en la idoneidad de las facturas, acompañadas para probar el cumplimiento de los recaudos legales.

 

Tampoco en este aspecto el recurso puede prosperar pues las facturas agregadas, fechadas varios años antes del período fiscal, en que se realizó la determinación tributaria, contrariamente a lo que sostiene la parte actora no resultan suficientes a los fines probatorios. Ello es así dado que sólo refieren la adquisición de vacas o vaquillonas holando argentina, resultando por tanto imposible correlacionar las hembras existentes en los establecimientos inspeccionados al momento de la verificación fiscal con aquellas compras, en tanto que la demostración de ese nexo es imprescindible atento que el tratamiento tributario pretendido por la actora no comprende a las hembras de pedigree o puras por cruza de producción propia, por tal razón no resulta idónea la mera acreditación del promedio de vida útil de los animales que integran explotación.

 

Por lo demás, y sin perjuicio de la facultad que el art. 164 de la ley 11.683 (to 1998) concede al Tribunal Fiscal de resolver con independencia de lo alegado por las partes, se advierte que las disposiciones que regulan el control lechero, en el cual se encontrarían incluidos los establecimientos que motivaron estas actuaciones (vide fs. 29/40) exigen, según las modalidades aprobadas, que las vacas sometidas a control de producción se encuentren registradas —en tres de dicha modalidades— o individualizadas —en la restante— (conf. Res. 22/82 de la Secretaría de Agricultura y Ganadería).

 

Por tanto, se confirma el pronunciamiento de fs. 309/312 vta. Con costas.

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del asunto, su monto, la calidad y extensión de la labor cumplida por la dirección letrada y representación de la demandada que comprendió tres etapas del juicio se confirma el honorario regulado (arts. 6°, 7°, 9°, 37 y 38 de la ley de arancel).

 

Por las tareas cumplidas ante esta instancia y atendiendo al resultado del recurso, se fijan los honorarios de la dirección letrada y representación fiscal en la suma de pesos diez mil ($10.000) (conf. arts. citados y 14 de la ley de arancel).

 

Atendiendo a la labor cumplida por la perito veterinario de la demandada, el hecho de haber presentado el informe en forma conjunta con el perito de la contraria y su mérito, se confirma honorario regulado. — Jorge E. Argento. — Carlos M. Grecco. — Sergio Fernández.

 

 

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