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Giardino, Juan

IMPUESTO. Facultades impositivas de la Nación, provincias y municipalidades.

El poder impositivo de las provincias y el Gobierno Nacional en sus respectivos ámbitos territoriales, no puede ser absoluto, y el poder del uno debe cesar donde comienza el poder del otro.

La facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos no es ilimitada; reconoce la salvedad de que las leyes impositivas provinciales no graven bienes existentes fuera de los límites políticos de la provincia, o atenten contra el sistema federativo con leyes, fiscales o no fiscales, que estén en pugna con las nacionales, de prevalencia ineludible.

Las provincias no pueden gravar válidamente la transmisión hereditaria de las acciones o participaciones que el causante, domiciliado en la Capital Federal , tenía en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada radicadas en dicha ciudad, pero con bienes en las provincias. Ha sido en virtud de la asistencia legal de las autoridades de la Capital Federal que la transmisión pudo operarse y es por lo tanto a la ley fiscal de ese lugar a la única que ha correspondido gravar la transmisión hereditaria.

Los herederos del socio fallecido sólo tienen un derecho de crédito contra la sociedad por la participación ideal que en ella correspondía al causante. Ese crédito debe hacerse valer en el lugar donde la sociedad tiene su sede y es bien que allí está radicado. Pretender que la ley tributaria local pueda atribuir a las acciones de una sociedad anónima o a las participaciones del causante en otra clase de sociedades, una radicación económica en el lugar de ubicación de los bienes de la sociedad para fundar en ello la imposición, exigiría admitir que el patrimonio de la sociedad se confunde con el del socio y que lo que éste transmite a sus herederos es una coparticipación en esos bienes, lo que es jurídicamente inadmisible.

La infracción al art. 31 de la Constitución Nacional puede ocurrir de dos maneras: directa, cuando la ley impositiva afecta los principios, derechos y garantías constitucionales; o indirecta, cuando la ley fiscal contradice los principios y normas de las leyes que dicta el Congreso en materia que le es propia.

Las acciones de una sociedad anónima son bienes de existencia autónoma y como tales transmisibles a terceros en la forma que corresponda a su naturaleza; su radicación no es la del lugar de ubicación de los bienes de la sociedad.

La participación de los socios en las sociedades de responsabilidad limitada no puede considerarse como un derecho actual de cada uno de ellos sobre los bienes sociales. El patrimonio de las sociedades es independiente del patrimonio individual de los socios.

1957
T. 237, P. 431

 

Texto completo: Juan Giardino Fallos 237.431

 

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