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DGI (en autos Telec. Int. Telintar S.A.) (TF 20.343 – I)

Corte Suprema de Justicia de la Nación

22/05/2012

 

Buenos Aires, 22 de mayo de 2012.

 

Vistos los autos: “DGI (en autos Telec. Int. Telintar S.A.) (TF 20.343-I).”.

 

Considerando:

 

1°) Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó, por mayoría, la resolución por la cual la Administración Federal de Ingresos Públicos determinó de oficio la obligación tributaria de la actora frente al impuesto a las ganancias correspondiente a los ejercicios fiscales 1995 a 1999. En cambio, la revocó en lo atinente a multa y a los intereses resarcitorios. El ajuste efectuado se originó en la diferencia de criterios respecto del plazo de amortización de cables submarinos de fibra óptica: el organismo recaudador entendió que la vida útil que debía computarse para dicho bien de uso era de veinte años y no quince, como lo había calculado la actora para liquidar el impuesto en sus declaraciones juradas.

 

2°) Que para pronunciarse en el sentido indicado, el mencionado tribunal consideró, en síntesis, que a los fines de establecer el plazo de amortización debía tenerse en cuenta únicamente el “desgaste puro”, esto es, “el envejecimiento que sufren los bienes por su utilización normal en la actividad a la que están destinados, de acuerdo con lo que dispone el artículo 82, inciso f, de la ley del gravamen respecto de las amortizaciones” (fs. 871 vta.). Por el contrario, entendió que “el factor obsolescencia”, es decir, “la pérdida de utilidad relativa de los bienes causada por el avance tecnológico” (fs. 871) no era computable a tal fin pues ella normalmente ocasiona el “desuso”, contemplado en el art. 66 de la ley del impuesto y en el art. 95 del reglamento, normas que dan al contribuyente la opción de seguir amortizando el bien anualmente hasta la total extinción del valor original o imputar la diferencia entre el bien aún no amortizado y el precio de venta en el balance impositivo del año en que ésta se realice. Con tal comprensión, examinó el material probatorio reunido en la causa, prescindiendo de los peritajes e informes que tuvieron en cuenta el “factor obsolescencia” como elemento prioritario para estimar la duración de la fibra óptica, y teniendo en consideración únicamente la medida del “factor desgaste puro”. De tal manera, convalidó el criterio empleado por la AFIP, al sostener que el plazo de vida útil del bien de uso “fibra óptica” empleado por la actora es de veinte años.

 

3°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó lo decidido por el Tribunal Fiscal y, en consecuencia, dejó sin efecto el ajuste efectuado por la AFIP. Para decidir en el sentido indicado, la alzada entendió que para establecer la vida útil de un bien debe considerarse, entre otros elementos, el factor obsolescencia. Fundó tal conclusión en el informe producido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires que, a su vez, se sustentó en una resolución técnica de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Desde tal perspectiva, examinó los distintos informes producidos en autos y puso de relieve que de ellos resultan plazos de amortización menores al pretendido por la AFIP. Por lo tanto, llegó a la conclusión de que el acto determinativo del impuesto carecía de suficientes fundamentos como para modificar la amortización calculada por la actora respecto de las fibras ópticas submarinas.

 

4°) Que contra tal sentencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos interpuso recurso ordinario de apelación (fs. 1024/1025) que fue concedido a fs. 1028, y resulta formalmente procedente, toda vez que se dirige contra una sentencia definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y, el monto disputado en último término, sin sus accesorios, supera el mínimo establecido por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de esta Corte. El memorial de agravios obra a fs. 1035/1060 y su contestación por la actora a fs. 1063/1080 vta.

 

5°) Que el argumento central de la recurrente consiste en sostener —en consonancia con el voto mayoritario del Tribunal Fiscal— que la ley del impuesto a las ganancias sólo admite, en el art. 82 inc. f, la deducción de “las amortizaciones por desgaste y agotamiento” y que no está prevista en la legislación como causal de cómputo de las amortizaciones admitidas en el art. 82 la eventual obsolescencia tecnológica y que esa voluntad legislativa no puede cambiarse sino mediante una modificación de la norma, mientras no se plantee su inconstitucionalidad. Aduce que la obsolescencia de un bien ocasiona su desuso, y tal supuesto se encuentra especialmente contemplado en el art. 66 del referido cuerpo legal.

 

6°) Que en primer lugar cabe puntualizar que la ley del impuesto (ley 20.628 y sus modif.) permite deducir de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta “las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso” (art. 82, inc. f). Por su parte, el art. 84 establece ciertas reglas con arreglo a las cuales es admisible la deducción en concepto de “amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes empleados por el contribuyente para producir ganancias gravadas”. A tal fin dispone, en lo que tiene relevancia para el caso de autos, que “se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos” (punto 1°).

 

7°) Que al respecto corresponde poner de relieve que —con excepción de las previsiones del art. 83 referentes a inmuebles— ni la ley ni la reglamentación fijan la vida útil computable para cada tipo de bien, ni establecen pautas para su cálculo. Con relación a ello, debe observarse asimismo que la ley se refiere a la vida útil “probable” de los bienes. En tales condiciones —es decir, ante la ausencia de toda precisión normativa y al no exigir la ley más que una estimación “probable”— debe entenderse que la determinación de la vida útil de los bienes de uso a los fines de la amortización ha sido deferida, en principio, a la estimación que razonable y ponderadamente efectúe el contribuyente. Si bien tal estimación se verá reflejada en el cálculo del impuesto contenido en la declaración jurada y es innegable, por lo tanto, que la administración tributaria tiene facultades para impugnarla (art. 13 de la ley 11.683), corresponde concluir, sobre la base de lo precedentemente señalado, que para descalificar el plazo de amortización establecido por el contribuyente, la AFIP debe apoyarse en motivos categóricos, que demuestren claramente la ausencia de razonabilidad en el cálculo de la vida útil efectuado por el contribuyente o su notorio apartamiento de los criterios contables usualmente seguidos a tal fin.

 

8°) Que a lo expuesto cabe agregar que el concepto de “vida útil” alude en realidad al lapso durante el cual el bien es utilizable en condiciones económicamente provechosas; es decir, no se trata de establecer el tiempo durante el cual el bien puede ser usado, sino aquél en el que su uso resulte eficiente desde el punto de vista económico, cuyo plazo naturalmente puede resultar más breve. En síntesis, el tiempo que debe estimarse es el de la “vida económicamente útil” (confr. O.73.XLII. “Oleoducto Trasandino Argentina S.A. c/ DGI”, considerando 8°, sentencia del 8 de abril de 2008 y O.125.XLIII. “Oleoductos del Valle S.A. c/ DGI”, considerando 7°, sentencia del 16 de febrero de 2010).

 

9°) Que en ese contexto, no se advierten razones que lleven a excluir de los factores a tener en cuenta para estimar la vida económicamente útil de los bienes a la obsolescencia, entendida como la depreciación que éstos pueden tener a causa de innovaciones tecnológicas. Por el contrario, y especialmente en determinados sectores de industrias o servicios en los que es constante el avance técnico —como el de las telecomunicaciones— resulta indudable que no podría ser desatendida esa realidad para el cálculo de la amortización de los bienes respectivos, máxime ante la ausencia de una norma que prohíba proceder de ese modo. Por lo demás, la conclusión expuesta es la que mejor concilia con el propósito de la amortización, consistente en la necesidad de cubrir la disminución gradual del valor de uso de los bienes afectados a una actividad económica y, en última instancia, en la mejor observancia del principio de capacidad contributiva.

 

10) Que asimismo debe ponderarse —tal como lo puso de relieve el a quo— que la conclusión expuesta es concorde con el criterio establecido en las resoluciones técnicas 10 y 17 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, según se afirma en el informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 586/588, en el que —mediante remisión a las citadas normas contables profesionales— se expresa que “para el establecimiento de la vida útil de los bienes de uso es importante considerar —entre otros— los factores de obsolescencia del bien” (fs. 586).

 

11) Que, sentado lo que antecede, no resulta atendible el argumento de la AFIP en cuanto a que lo relativo a la obsolescencia resultaría ajeno a la deducción contemplada por el art. 82, inc. f, de la ley del impuesto a las ganancias y tendría su cauce en el procedimiento reglado en el artículo 66 de esa ley, que otorga al contribuyente la posibilidad de optar entre seguir amortizando anualmente los bienes que quedan fuera de uso hasta la total extinción del valor original, o bien imputar la diferencia del importe aún no amortizado con el precio de venta, en el balance impositivo del año en que ésta se realice.

 

En efecto, el citado artículo 66 prevé una solución para el caso en que se produce la desafectación del bien mueble amortizable de la actividad generadora de ganancias, pero no hay motivos para entender que esa norma excluye la posibilidad de que se compute la obsolescencia como un factor a tener en cuenta para el cálculo de la vida útil probable de un bien a los fines de cubrir la disminución gradual de su valor mediante la deducción prevista en el citado inciso del art. 82.

 

12) Que en tales condiciones, al resultar de todo lo expuesto que no corresponde excluir la consideración de la obsolescencia como uno de los factores a tener en cuenta para establecer la vida útil probable de los bienes, debe estarse a las conclusiones de la cámara en cuanto a que —sobre la base del examen de las distintas pruebas reunidas en autos— entendió que el acto determinativo carecía de suficientes fundamentos como para modificar la amortización calculada por la actora respecto de las fibras ópticas submarinas.

 

Por ello, se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvase. — Ricardo Luis Lorenzetti. — Elena I. Highton de Nolasco. — Carlos S Fayt. — Juan Carlos Maqueda.

 

 

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