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Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén c. D.G.I.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala II

24/11/2009

 

 

2ª Instancia.— Buenos Aires, noviembre 24 de 2009.

Vistos: estos autos caratulados “Consorcio de Gestión de Puerto de Quequén (TF 15660—1) c/ DGI.”, y

Considerando:I.— A fs. 207/210vta., el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 59/97 dictada por el Jefe de la División Determinaciones de Oficio de la Región Mar del Plata de la Dirección General Impositiva en cuanto determinaba el impuesto a las ganancias por el período de enero de 1996 y la multa aplicada por ese período. Asimismo, modificó la citada resolución respecto de los meses de marzo a noviembre de 1996, en cuanto establecía la aplicación de la alícuota prevista en el art. 93 de la ley de impuesto a las ganancias, y, consecuentemente, declaró aplicable la contemplada por el art. 9, segundo párrafo, de dicha ley. Ordenó al Fisco Nacional que practicase la liquidación del impuesto omitido de retener por los períodos marzo a noviembre de 1996. En cuanto a la sanción relativa a estos últimos, dispuso que debía aplicarse una multa graduada en el mínimo legal, conforme al tributo que mandó liquidar. Impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos.

Para así decidir, señaló, en primer lugar, que la cuestión a resolver consistía en determinar si en el contrato celebrado entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y la compañía Draga del Mar Negro y del Mar Azov, con domicilio comercial en Ucrania, cuyo objeto era el fletamento a término de una draga, los pagos —fletes— hechos al beneficiario del exterior encuadraban en lo previsto por el art. 9, segunda parte —posición de la actora— o en el art. 93, inc. h) —posición del Fisco Nacional— de la ley de impuesto a las ganancias.

Puntualizó que el criterio del órgano recaudador se fundó en que el segundo párrafo del art. 9 de la ley del gravamen se refería a los fletamentos relacionados con el contrato de transporte de mercaderías o de personas, y, asimismo, en que el art. 14 del decreto reglamentario guardaba un lenguaje similar al utilizado en el art. 241 de la ley de navegación, que ponía el acento en dicho transporte.

Puso de relieve que en el sub lite, por aplicación del principio interpretativo sentado por el art. 1° de la ley 11.683, sólo debería recurrirse a la ley de navegación en aquellos conceptos, definiciones o términos que no estén expresamente explicitados en la ley del tributo.

Entendió que ni la ley de impuesto a las ganancias —art. 9, segundo párrafo—, ni de su decreto reglamentario —art. 14— determinaba que el fletamento a término se aplicaba únicamente a aquellos casos en que su fin fuera el transporte de personas o mercaderías y que, si el legislador hubiera querido fuera de esa manera, así lo habría expresado. Consideró que la única condición requerida por la normativa señalada era que la empresa del exterior conservara la tenencia del buque y que lo pusiera a disposición del fletante de acuerdo a las condiciones pactadas en el contrato.

Luego, con citas doctrinarias, estableció que la ley de navegación tampoco era tan tajante en su definición del contrato de fletamento a término como para incluir solamente a las modalidades cuyo objeto fuese el transporte.

Agregó que, en distintas causas que tramitaron ante esa instancia, el fisco encuadró diversos contratos de fletamento a término en el mentado art. 9, segundo párrafo de la ley de impuesto a las ganancias.

Analizó las distintas cláusulas del contrato en cuestión y concluyó que éste reunía todos los requisitos previstos por la normativa fiscal.

II. Contra dicho pronunciamiento, el Fisco Nacional dedujo el recurso de revisión y apelación limitada de fs. 221/222vta.. A fs. 300/308, expresó agravios, cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 315/318vta..

A fs. 219 apeló la actora, quien no fundó su recurso —cfr. fs. 353—.

III.— El Fisco Nacional se agravia pues considera que el fallo apelado no constituye una derivación razonada del derecho vigente y se aparta de las formas legales aplicables al caso.

Aduce que, de la simple lectura del art. 9 de la ley de impuesto a las ganancias, se desprende que resulta imposible al intérprete, escindir las disposiciones del segundo párrafo de las del primero. Afirma que el vocablo “asimismo”, es sinónimo de “igualmente”, “del mismo modo”, “de igual manera”, y que, dado que el señalado primer párrafo ya fija un porcentaje de presunción y que el segundo también lo prevé, resulta evidente que el mentado vocablo —asimismo— tiene por fin indicar que las normas del segundo, referidas a pagos por fletamento a tiempo o por viaje, apuntan a erogaciones en las que el contrato tiene igual objeto que las prestaciones comprendidas en el primero, es decir, que se trate de transporte internacional de personas o cargas. Asevera que, en el mismo sentido, el tercer párrafo del artículo refrenda esta conclusión pues establece que las presunciones de los párrafos anteriores no serán de aplicación cuando el país haya firmado convenios para evitar la doble imposición internacional, acuerdos éstos que se vinculan principalmente con el tráfico aéreo, acuático o terrestre de personas, cosas o carga postal.

Esgrime que el art. 14 del decreto reglamentario no define al contrato de fletamento, sino que se limita a indicar en qué oportunidad a los fines del art. 9, segundo párrafo de la ley del tributo, el fletamento a tiempo se “configura”.

Resalta que el criterio propiciado por su parte ha sido el receptado por el propio Tribunal Fiscal en los autos “Alpesca SA — Fish Management SA UTE”, del 6/2/04 —también en la causa “Pionera S.A.—”

Sostiene que el art. 14 del decreto reglamentario se encuentra enmarcado dentro de las previsiones relativas a las Empresas de Transporte Internacional (arts. 12 a 14), de las cuales una draga, dedicada a la limpieza y mantenimiento del lecho acuífero de una vía navegable, evidentemente no forma parte. Señala que tal análisis fue deliberadamente omitido por el sentenciante.

Alega que, aún prescindiendo de la ley federal especial que regula el ámbito de la navegación, de lo manifestado en los párrafos anteriores se desprende que tanto la letra como el espíritu de las normas implicadas se orientan a regular el transporte de cosas o de personas y no incluyen el dragado de vías navegables.

Manifiesta que también el art. 227 de la ley 20.094 es claro al sostener que el fletamento a tiempo se refiere al transporte de cosas o personas. Transcribe el art. 241 de dicho ordenamiento y resalta en dicho artículo el término “para transportar personas o cosas”. Señala que, del juego armónico de ambos artículos, se concluye necesariamente que cuando la norma se refiere a fletamento a tiempo, se vincula al transporte de cosas o personas, y nunca a diversos tipos de actividades, entre ellas el dragado. Agrega que este criterio ha sido receptado por el Memorandum 500/93 de la Dirección Nacional de Impuestos.

Asevera que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal no solamente se aparta del derecho aplicable con relación a la ley de la gabela y su reglamentación, sino que además se pronuncia en contra de las previsiones de la ley federal de la navegación.

Argumenta que el a quo ha conferido a su fallo un fundamento solamente aparente, ya que dio preeminencia a las opiniones doctrinarias de dos autores a la correcta exégesis de la norma y citó fallos supuestamente concordantes del tribunal, sin advertir que tales casos se vinculaban con la pesca de calamar y las modalidades propias de tal giro comercial —buques poteros—.

Asegura que la sentencia afecta el principio de legalidad, pues se amplía por vía interpretativa un beneficio previsto únicamente de acuerdo a la modalidad reseñada en lo párrafos precedentes y se incorpora la actividad de una draga a las modalidades del fletamento en contraposición con el derecho vigente.

Sostiene, asimismo, que el pronunciamiento es arbitrario por omitir considerar las circunstancias relativas al régimen de obra pública. Cita disposiciones de la ley nacional 24.093 y la ley de la Provincia de Buenos Aires 11.414, entre otras.

Se agravia de la revocación de la multa por el período de enero de 1996 y por la reducción respecto de los restantes. Destaca que el Tribunal Fiscal redujo la multa a su mínimo legal, sin invocar motivación alguna, lo que afecta ostensiblemente el adecuado ejercicio de su derecho de defensa.

Por último, se agravia de la “improcedente revocación de los intereses resarcitorios liquidados” (sic).

IV. Para resolver como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación interpretó la normativa invocada por ambas partes y concluyó que resultaba aplicable al caso lo dispuesto por el art. 9, segundo párrafo de la ley de impuesto a las ganancias y el art. 14 del decreto reglamentario —tesitura de la actora— y no el art. 93, inc. h) de la mencionada ley —posición del Fisco Nacional—. Ello, principalmente, por entender que ni la ley de impuesto a las ganancias —art. 9, segundo párrafo—, ni su decreto reglamentario —art. 14— determinaban que la figura del fletamento a término se aplicaba nada más que a aquellos casos en que el fin del contrato fuera el transporte de personas o mercaderías y que, si el legislador hubiera querido que fuera de esa manera, así lo habría expresado.

El Fisco Nacional se agravia de la interpretación brindada por el a quo a tal normativa. Sostiene que dicha interpretación resulta arbitraria y que, por ende, el fallo en crisis no constituye una derivación razonada del derecho vigente, ya que del análisis integral y en conjunto de la normas involucradas —ley del gravamen, decreto reglamentario y ley de la navegación— se desprende que el fletamento a término o por tiempo se refiere exclusivamente a los supuestos de transporte de personas o de cosas.

A efectos de adentrarse en la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal cabe poner de resalto, en primer lugar, uno de los principios rectores que rigen en la interpretación de las normas impositivas, que es el que “… atiende a la necesidad —puesta de relieve por el Tribunal en conocidos precedentes— de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria (Fallos: 253:332; 315;820; 316:1115), y procura preservar la seguridad jurídica, valor al que el Tribunal ha reconocido jerarquía constitucional (Fallos: 220:5; 243:465; 251:78; 253:47; 254:62; 316:3231; 317:218)” —cfr. los recientes fallos del Alto Tribunal que hacen aplicación de este principio: C.S.J.N. in re “DGI (en autos BBVA TF— 19.323 —I)” y “Espacios Cinematográficos Uno SH (TF 16.608—1) c/ DGI”, ambos del 2 de diciembre de 2008; cfr., asimismo, esta Sala, en su anterior composición, in re “DGI (Autos Banco CMF SA — TF 22107—1) c/ .”, expte. 40.106/07, del 26/2/09 y “Lowe Arg SACIF de Cinematografía y TV SA (TF 19317—1) c/ DGI”, expte. 33.830/06, del 12/3/09).

En el sub lite, el propio juez administrativo determinó que el contrato celebrado entre el Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y la Compáñía de Draga del Mar Negro y del Mar Asov —cfr. copia certificada de la traducción a fs. 45/56— es “un fletamento de buques a término, legislada a partir del artículo 227 de la Ley N° 20.094 —Ley de Navegación” —cfr. la resolución 57/97, especialmente las fs. 7 y 11—. No obstante, y pese al reconocimiento de que se trataba de un “fletamento a tiempo”, consideró aplicable al caso la disposición del art. 93 inc. h) de la ley de impuesto a las ganancias —dicho inciso, por no estar la actividad en cuestión detallada taxativamente en la enumeración del artículo—, en lugar de la contenida en el segundo párrafo del art. 9 de dicha ley. Ello, sobre la base del memorando N° 500/93 —en el que la Dirección Nacional de Impuesto puntualizó que esta última presunción legal se refería a fletamento a tiempo para transporte de personas o cosas, dado el contexto en que se encontraba—.Conforme ya se expusiera, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución administrativa, en el entendimiento que resultaba aplicable al caso, dado que se trataba de un contrato de fletamento a tiempo, el segundo párrafo del art. 9 de la ley de ganancias, porque de su texto y de lo dispuesto por la norma reglamentaria no surgía el requisito expuesto por órgano recaudador —es decir, que el fletamento fuera para transporte de personas o cosas—.

A la luz del criterio interpretativo enunciado más arriba, ha de concluirse que el fallo apelado se ajusta a derecho.

En efecto, el segundo párrafo del artículo 9 de la ley de impuesto a las ganancias, prescribe: “Asimismo, se presume, sin admitir prueba en contrario, que el diez por ciento (10%) de las sumas pagadas por empresas radicadas o constituidas en el país a armadores extranjeros por fletamento a tiempo o por viaje, constituyen ganancias netas de fuente argentina”.

Mientras que el art. 14 del decreto reglamentario (dec. 2353/86, vigente a la época de los hechos analizados), establece: “A los efectos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 9° de la ley y de lo establecido en el artículo anterior, se entenderá que se configura el fletamento a tiempo o por viaje, en aquellos casos en que la empresa del exterior, conservando la tenencia del bien objeto del contrato, se comprometa a ponerlo a disposición de la otra parte, en las condiciones y términos estipulados o, en su caso, según lo que al respecto indiquen los usos y costumbres”.

Como puede apreciarse, del texto de ambas normas transcriptas no surge que el “fletamento a tiempo” al que se refieren deba tener por finalidad el transporte de personas o de cosas.

Y conforme a la inveterada y conocida pauta hermenéutica que veda al intérprete la formulación de distinciones cuando la norma bajo análisis no las contiene, resulta de toda evidencia que en tanto el art. 9 —segundo parágrafo— de la ley del tributo y el art. 14 de su decreto reglamentario, aluden con absoluta claridad al “fletamento a tiempo o por viaje” sin efectuar distingos en torno a la finalidad de la utilización del buque, proyectada en el contrato en cuestión, no existe sustento en el orden normativo ni, por cierto, en el interpretativo, que justifique restringir el alcance de la previsión así enunciada a los supuestos de fletamentos destinados exclusivamente al transporte de personas o cosas; temperamento que, por lo demás, se ajusta a la directiva que, en materia de asignación del alcance y significación de preceptos impositivos, establece el art. 1 de la ley 11.683.

Debe señalarse por último que no forma obstáculo a lo expuesto la expresión empleada en el inicio del segundo párrafo de la norma legal antes citada (“Asimismo, se presume…”), pues contrariamente a lo sostenido por el apelante en sus agravios, lejos de implicar ella una conexión inescindible con el supuesto contemplado en el apartado precedente, parece ostensible que dicho vocablo anuncia que, aparte de la presunción contenida en el apartado anterior —referida ciertamente a empresas que se ocupan del negocio de transporte—, se establece además otra presunción referida a pagos efectuados a armadores extranjeros por fletamentos a tiempo o por viaje, esta vez de carácter genérico, y que, en tanto omite toda referencia a la especificación contenida en el primer párrafo, relativa a la operación de transporte, no puede sino ser entendida como comprensiva de cualquier otra finalidad, destino o empleo de la capacidad o aptitud de la unidad naval objeto del “charter”.

V.— El fisco sostiene que, necesariamente, debe entenderse lo dispuesto en el primer párrafo del art. 9 de la ley de impuesto a las ganancias en conjunción con lo prescrito en el segundo; ello, dado a la definición que da al vocablo “asimismo”, con el que éste comienza su enunciado.

Sin embargo, conforme ya fuera señalado, la norma analizada establece dos tipos de presunciones: una —la del primer párrafo—, relativa a las compañías no constituidas en el país que se ocupan en el negocio del transporte (que puede ser terrestre, marítimo, fluvial o aéreo) entre la República y países extranjeros; la otra —la del segundo párrafo—, que se refiere a las sumas pagadas por empresas radicadas o constituidas en el país a armadores extranjeros por fletamento a tiempo o por viaje, contratos éstos tipificados por la ley de la navegación, sin que a ello obste la acepción brindada por el recurrente del término “asimismo”.

Por otra parte, no asiste razón al Fisco Nacional cuando señala que, de conformidad con las normas contenidas en la ley federal de navegación, los fletamentos a tiempo deben tener por finalidad el transporte de cargas o pasajeros.

A esta altura, resulta oportuno recordar que “… nuestra ley de navegación trata por separado: a) del fletamento a tiempo (arts. 227 a 240); b) del fletamento total o parcial (art. 241 a 258) y c) del fletamento con fines específicos o para transporte de personas (art. 242, inc. g) —cfr. Juan A Lena Paz, “Ley de Navegación N° 20.094 Comentada”, Ed. Plus Ultra, Tomo I, pág. 160—.

El art. 227 define, dentro del capítulo “De los contratos de utilización de los buques,” el fletamento a tiempo al disponer: “Existe fletamento a tiempo cuando el armador de un buque determinado, conservando su tenencia y mediante el pago de un flete, se compromete a ponerlo a disposición de otra persona, y a realizar los viajes que ésta disponga dentro del término y en las condiciones previstas en el contrato, o en las que los usos establezcan. En este contrato el armador se denomina fletante y la otra parte fletador”.

Esta definición —que se asemeja a la previsión contenida en el art. 14 del decreto reglamentario de la ley del gravamen, salvo porque esta última se refiere a las empresas del exterior—, no establece que la finalidad del contrato sea el transporte de personas o cosas. El buque puede fletarse a tiempo para diversas actividades comprendidas en la navegación (pesca, salvamento, recreación, tendido de cables submarinos, tares científicas, dragado, transporte de cargas, transporte de pasajeros) —cfr. op. ut supra citada—.

Nótese, por lo demás, que a diferencia de lo que ocurre con el contrato bajo estudio, en el caso del “fletamento total o parcial” la ley de navegación sí indica como objeto el transporte de personas o de cosas en su art. 241, al expresamente señalar “para transportar personas o cosas”.

A juicio de este Tribunal, dado que el requisito de que fletamento a tiempo deba necesariamente referirse al transporte de personas o cosas no surge del texto del segundo párrafo del art. 9 de la ley del gravamen, ni del art. 14 de su decreto reglamentario, ni de lo dispuesto por el art. 227 de la ley de navegación, el criterio sustentado por el fisco contraría las pautas hermenéuticas desarrolladas en el considerando que antecede.

Siguiendo con esta línea de interpretación, ha de señalarse que no obsta a lo expuesto, la disposición contenida en el art. 13 del decreto reglamentario, en tanto, si bien menciona a las “empresas de transporte”, no excluye otras diversas empresas incluidas en el ámbito de la navegación.

A mayor abundamiento, corresponde poner de resalto que, existiendo una norma específica que contempla el “fletamento a tiempo”, encuadrar la cuestión dentro de la previsión genérica del art. 93, inc. h) de la ley de ganancias, tampoco se compadece con el principio rector antedicho.

VI. Corresponde aclarar que no obsta a la solución arribada lo dispuesto por el memorando 500/93, pues no resulta vinculante para el tribunal a quo ni para esta alzada. En efecto, ya en otras oportunidades se ha sostenido que “… las instrucciones, los reglamentos internos, circulares, órdenes de servicio, son actos de administración emitidos por la Administración Publica tendiente a regular su propia organización o funcionamiento interno, siendo sus destinatarios los funcionarios y empleados públicos, mas no los administrados o personas particulares”—cfr. Teresa Gómez y Carlos María Folco,”Procedimiento Tributario”, 2da. Edición Actualizada y Ampliada, pág. 23—; “… carecen de valor creador las circulares normativas o instrucciones que emiten las dependencias oficiales, por tratarse de disposiciones internas con efectos en el orden jerárquico de la administración, sin carácter obligatorio para los particulares. Si, como suele acaecer, las normas contenidas en las instrucciones se apartan de la ley, resultarían viciadas de ilegalidad y no deberían aplicarse, aun resultando favorables a los contribuyentes, careciendo de efecto vinculativo para la propia administración…” —Carlos M. Giuliani Fonrouge Obra Actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, Derecho Financiero, La Ley, 9na. Edición, Tomo 1, pág. 71 y 72—; las instrucciones generales son actos internos de carácter resolutivo, de cumplimiento obligatorio para las dependencias y destinadas a ser aplicadas en el desarrollo de las tareas o funciones de éstas” —cfr. esta Sala, en su anterior composición, in re “belga SAIC y F (TE 21751—I) c/ DGI”, expte. 38.845/04, del 11/12/2007, entre otros).

Resta apuntar, en punto al agravio enunciado como 4) por el Fisco Nacional, que las circunstancias relativas al régimen de obra pública, no han sido materia de debate el la presente causa, según surge de las constancias de autos. Por otra parte, el órgano recaudador fundó la determinación en lo que entendió debía interpretarse por fletamento a tiempo, sin considerar la naturaleza del “Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén”.

VII. A fs. 219/vta, la actora interpuso el recurso de apelación. No obstante, no expresó agravios. —ver constancia de fs. 353—.

Al respecto, el art. 195 de la ley 11.683 expresamente establece: “El escrito de apelación se limitará a la mera interposición del recurso. Dentro de los quince (15) días subsiguientes a la fecha de su presentación, el apelante expresará agravios por escrito ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido el cual, haya o no contestación, se elevarán los autos a la Cámara Nacional competente, sin más sustanciación, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes”.

Como se advierte, en el sub examine no se cumplió con el trámite previsto en la norma transcripta.

Respecto de la multa parcialmente confirmada por el Tribunal Fiscal, no resultaría un obstáculo el hecho de que el recurso la incluyera —en realidad, al no haber el recurrente fundado su apelación, no se sabe qué aspectos del fallo impugnó—. Ello, pues conforme las previsiones del Código Procesal Penal, cuyos preceptos cabe aplicar supletoriamente en virtud a su naturaleza —art. 197 de ley 11.683—, los recursos de apelación deben interponerse, “bajo pena de inadmisibilidad, en las condiciones de tiempo y forma que se determinan, con específica indicación de los motivos en que se basen” (art. 438 del citado código, criterio aplicable también a los supuestos de adhesión —art. 439—).

Por su parte el art. 444 de aquél ordenamiento establece que “el tribunal que dictó la resolución impugnada denegará el recurso cuando sea interpuesto por quien no tenga derecho, o fuera de término, o sin observar las formas prescriptas, o cuando aquélla sea irrecurrible. Si el recurso hubiere sido concedido erróneamente el tribunal de alzada deberá declararlo así, sin pronunciarse sobre el fondo.” Y el art. 454 dispone la celebración de la audiencia “siempre que el tribunal de alzada no rechace el recurso con arreglo en el art. 444, segundo párrafo…”.

Una adecuada interpretación de los preceptos transcriptos, y su correcta armonización con las prescripciones del art. 195 de la ley 11.683 y los principios del ordenamiento procesal civil (en particular arts. 56, 57 y 265, aplicables en virtud a lo normado por el art. 197 de la ley de procedimientos fiscales), llevan a este Tribunal a declarar desierto el recurso deducido por la parte actora, por no haber sido oportunamente fundado.

VIII.— Resta tratar los agravios del Fisco Nacional relativos a la revocación y modificación de la multa.

El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la multa respecto del período enero de 1996, por entender que el recurrente había ingresado la retención de conformidad con el criterio sostenido en el fallo —es decir, según la previsión del art. 9, 2do. párrafo de la ley de impuesto a las ganancias—.

Respecto de los restantes períodos, modificó el monto de la sanción, el que redujo a su mínimo legal, de conformidad con la liquidación del tributo que también ordenó. Ello, por considerar que se había configurado la conducta descripta por el art. 45 de la ley 11.683.

En este punto, cabe recordar que la sanción fue únicamente apelada por el Fisco Nacional —ya que la apelación de la actora se declaró desierta—.

El apelante se agravia pues considera que el Tribunal Fiscal redujo la multa a su mínimo legal, sin invocar motivación alguna.

Si bien asiste razón al recurrente en cuanto a que el a quo no ha brindado al tratar la apelación de la sanción una razón expresa del motivo de su reducción, tal decisión parece justificarse en lo resuelto en cuanto al fondo.

A juicio de este Tribunal, la dificultad en la interpretación de la normativa aplicable al caso —vgcia., la recurrente efectúo para el período de enero de 1996 la retención prevista por el art. 93, inc. e) de la ley de ganancias y al contestar la vista propició la aplicación del art. 9; en el presente pronunciamiento se ha arribado a una conclusión distinta a la dada por el ente recaudador; por lo demás, el propio fisco ha encarado la cuestión desde el ángulo del art. 9, 2do. párrafo de la ley de ganancias en diversos casos relativos al fletamento de buques destinados a la pesca del calamar (puede citarse como ejemplo, la causa “Itapesca S.A Proyesur S.A. U.T.E.”, fallada por el Tribunal Fiscal el 12/6/07)—, si bien no resulta hábil como para fundar un error de derecho —ya que, por una parte, la actora no lo invocó fundadamente (ver fs. 64/64vta.), y, por la otra, su apelación fue declara desierta ante la ausencia de fundamentos—, permiten concluir que la . reducción de la multa a su mínimo legal se ajusta a derecho.

Por lo tanto, corresponde confirmar la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de fijar en su mínimo legal la sanción impuesta en los términos del art. 45 de la ley 11.683.

En cuanto a la multa relativa al período enero de 1996, no habiéndose configurado el elemento objetivo del tipo infraccional —omisión impositiva— su revocación por el Tribunal Fiscal resulta, asimismo, ajustada a derecho.

IX. Por las razones apuntadas, corresponde: a) rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia al vencido; b) declarar desierta la apelación de la actora. Así se decide.

X. Que a fin de tratar los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios de fs. 309 y fs. 322, en primer término, cabe señalar que, este tribunal en reiteradas oportunidades señaló que mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.

Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y monto del litigio — conf. fs. 1 (F4), sentencia del TFN y liquidación aprobada a fs. 289; considerando el mérito, calidad y eficacia de los trabajos profesionales desarrollados durante las tres etapas del tramite cumplido, corresponde confirmar los honorarios de los Dres. J. C. G. y S. G., por la dirección letrada de la actora, los que se encuentran a cargo de la demandada. Asimismo por las tareas desarrolladas por la dirección letrada y representación de la demandada —Fisco Nacional— AFIP—DGI, corresponde confirmar los honorarios de los Dres. C. N. G., H. L. M. y S. M. L., los que se encuentran a cargo de la actora (arts. 6, 7, 9, 19, 22, 37, 38 y ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Por las tareas desarrolladas en la alzada, atento el resultado al que se arriba y el modo en que fueron impuestas las costas, corresponde regular en la suma de pesos veintidós mil setecientos sesenta ($22.760) los honorarios de la Dra. S. G., por el patrocinio letrado de la actora (arts. 14, ccdtes. y citados de la referida ley de arancel).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. Sala II in re: “Beccar Varela Emilio — Lobos Rafael Marcelo —c/Colegio Públ. de Abog.” del 16 de julio de 1996).

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Hágase saber la vigencia de la Acordada C.S.J.N. N° 4/07. – Marta Herrera.- José López Castiñeira.- Luis M. Marquez.

 

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