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Central Costanera S.A.

TFN, sala C

29/06/2001

El doctor Urresti dijo:

 

1. Que a fs. 26/41 se interpone recurso de apelación contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 1995, suscripta por el Jefe de División Revisión y Recursos Dirección Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva por la que se deniega el reclamo de repetición de las sumas ingresadas en exceso, como consecuencia de la reliquidación del impuesto a las ganancias por el período fiscal 1993 e intereses correspondientes al ajuste de los anticipos por el período fiscal 1994.

 

La recurrente manifiesta que la empresa Central Costanera fue constituida por el Estado el 26 de febrero de 1992, con motivo de cumplimentar el proceso de privatización de Energía Eléctrica, fijando como fecha de cierre del ejercicio el 31 de diciembre de cada año.

 

Producido el cierre del primer ejercicio -agrega- el 31/12/1992, la empresa dedujo impositivamente en concepto de amortización de sus bienes muebles el importe que resultó de dividir el valor de adquisición por el número de años de vida útil probable de los mismos.

 

Siendo ello así, procedió a realizar un ajuste aplicando la R.G. 1297/69, según la cual -y de acuerdo a una interpretación propia del fisco-en el caso de ejercicios no anuales las amortizaciones de los bienes muebles deben computarse proporcionalmente al período que comprenda el respectivo ejercicio no anual.

 

Continúa diciendo que atento la disparidad de criterios con el fisco, el perjuicio económico que pudiera causarle el estado de incertidumbre que la posición a asumir por la inspección provocaba y la necesidad de someter la cuestión a un nivel de decisión superior mediante la vía procesal correspondiente del reclamo de repetición, llevó a la empresa a rectificar la declaración jurada del año 1992 aplicando el criterio dado a conocer por la inspección y consecuentemente, rectificar la declaración jurada de 1993, efectuando el pago de la diferencia de impuesto resultante, sus intereses y los intereses correspondientes a las diferencias de anticipos del año 1994.

 

Manifiesta que la resolución que cuestiona parte de un error de apreciación de los hechos sometidos a su consideración, puesto que habría entendido que el primer ejercicio de la empresa fue un ejercicio irregular y, bajo tal criterio, habría aplicado normas inadecuadas y habría llegado a conclusiones desacertadas.

 

Afirma que la materia litigiosa se circunscribe a los siguientes aspectos de puro derecho: cómputo de las amortizaciones de bienes muebles en el impuesto a las ganancias; vigencia de la R.G 1297/69 y, subsidiariamente, aplicación al caso de autos de dicha normativa.

 

Sostiene que el único argumento de derecho en que se habría apoyado el órgano fiscalizador en la resolución apelada; en cuanto pretende sostener el criterio de proporcionalidad de las amortizaciones de bienes muebles, sería el artículo 18, inciso a), 4º párrafo del impuesto mencionado, por aplicación del criterio del devengado, además del inciso b), 4º párrafo del mismo artículo, agraviándose por cuanto habría omitido citar la fuente de donde ha obtenido la definición del principio de lo “devengado” que contiene la resolución y la razón de su aplicación.

 

Considera que si bien los interrogantes expuestos fueron respondidos por el informe de inspección del 4/12/95, en el sentido de que se debe recurrir a las normas contables, atento que ni la ley ni el reglamento definen cuál es el criterio de lo devengado y que la definición ha sido obtenida de la Conferencia Interamericana de Contabilidad, afirma que la definición habría sido mutilada por el Juez Administrativo interviniente, prescindiendo en absoluto de normas legales aplicables al caso.

 

Observa que para llegar a determinar la ganancia imponible, la ley del gravamen admite restar de la ganancia bruta una serie de deducciones a las que resulta impropio determinar gastos, citando doctrina en este sentido. Asimismo, sostiene que las deducciones computables no son sino aquellas que la ley admite, las cuales deben realizarse en la forma y con las limitaciones que la misma dispone.

 

Expresa que considerando específicamente a las amortizaciones, la deducción estaría admitida por el art. 83, inciso f) y debe ser calculada según la forma dispuesta por los artículos 82 (inmuebles) y 84 (muebles), no estando admitida para los automóviles (arts. 82 inciso f y 88 inciso 1). Agrega que el reglamento -Dto. 2353/86, art. 131- estipula que las amortizaciones cuya deducción es admitida por la ley, deben ser deducidas aún cuando el contribuyente no hubiera contabilizado importe alguno por dicho concepto, conforme las disposiciones de los arts. 83 y 84 de la ley.

 

De este modo, pretende demostrar que los fundamentos de la resolución cuestionada no se apoyarían en normas legales sino en conceptos contables no aplicables al caso, eludiendo la consideración de aquellas normas del tributo que serian las que específicamente deben aplicarse, lo que la convertiría en arbitraria y por ello inhábil para fundamentar el rechazo de la repetición intentada.

 

Agrega que del art. 84 de la ley del impuesto a las ganancias surge que el cociente que resulta por aplicación de la norma, arroja una suma o monto deducible que no admite prorrateo alguno en función del tiempo, siendo éste el principio general que regula las llamadas amortizaciones ordinarias. Advierte que el único caso en el que aparece jugando la función tiempo -no aplicable en estos autos-, es el que deriva de un procedimiento distinto basado en las horas trabajadas por el respectivo bien, que requiere para su empleo por parte del contribuyente, estar fundado en razones de orden técnico y la respectiva autorización por parte de la Dirección. Considera que otras normas que enuncia corroboran su posición.

 

En cuanto a la R.G 1297/69, señala que el Juez Administrativo se limita a citar esta norma y no a invocarla como fundamento de derecho, concluyendo que esto ocurre por cuanto la norma no estaría vigente.

 

Entiende que dicha resolución está dirigida a cubrir situaciones no contempladas explícitamente en las normas legales y reglamentarias vigentes al momento de su dictado (art. 69 de la ley de réditos, t. o. 1968), advirtiendo que en el caso de autos estaría referida a los ejercicios no anuales y a las altas y bajas de bienes operadas en el transcurso del ejercicio.

 

Disiente de los criterios interpretativos sustentados por la RG comentada, al entender que la misma pretende establecer una proporcionalidad para ejercicios no anuales, inclusive, sin distinguir si se trata del primer ejercicio o de cualquier otro que tenga las características de ser deliberadamente irregular, por lo que generaría una limitación no contenida en la ley, que a la vez contrastaría con el criterio general amplio que la misma establece.

 

Asimismo, señala que la resolución comentada perdió vigencia aún antes de que se derogara el impuesto a los réditos por el dictado de las leyes 19.409 y 20.046, por cuanto la nueva norma habría impedido efectuar una interpretación diferente a la que su clara letra disponía, donde no se distinguía ni se brindaba opción alguna respecto del importe de amortización imputable al ejercicio, ya sea que éste resulte irregular o que los bienes se hubieran adquirido durante el curso del mismo.

 

Señala que para el caso que se pretendiera sostener la vigencia actual de la R.G. 1297/69, la resolución cuestionada se referiría a situaciones que no están explícitamente contempladas en las normas legales y reglamentarias y al cómputo de las amortizaciones sobre bienes muebles en los casos de ejercicios no anuales.

 

Agrega que la R.G. reconocería que la norma legal ha sido interpretada por el decreto reglamentario con la suficiente elasticidad como para permitir la adopción de procedimientos que acuerden una solución práctica de los problemas que se plantean, siempre que tales procedimientos no distorsionen la determinación del rédito neto.

 

Afirma que bajo estas premisas se habría acordado la opción de computar la amortización de los bienes muebles incorporados durante el ejercicio sin efectuar proporción alguna, y sin distinguir si se trata de ejercicios regulares o irregulares, anuales o no anuales (art. 2).

 

Advierte que en el artículo 1 la resolución se refiere a ejercicios “no anuales” sin precisar cuál es el alcance de dicha expresión, por lo que considera que es menester examinar las normas legales y reglamentarias a fin de hallar la respuesta al interrogante. Así, del Decreto 1069/59 surgiría que los ejercicios no anuales serían aquellos que deben ser admitidos o dispuestos por el organismo recaudador, quien debía autorizar el cambio de la fecha de cierre de los ejercicios a partir del que él determine. Concluye a partir de estas consideraciones que el inicio de actividades no constituye un ejercicio no anual porque no proviene de un cambio de fecha de cierre de ejercicio autorizado por la Dirección, o sea que no reuniría los requisitos legales para ser calificado como tal.

 

Agrega que en virtud de la norma citada en el párrafo anterior, el ejercicio no anual para las normas tributarias en juego sería un ejercicio irregular.

 

Considera que es el cambio de fecha de cierre de ejercicio el que genera que ese ejercicio sea el irregular, por lo que ninguno anterior sería calificado como tal, como tampoco lo serían los posteriores que respeten la regla de mantener la nueva fecha de cierre.

 

De este modo señala que, en el caso de que se considerara vigente la Resolución General 1297/69, el supuesto contemplado en su artículo 1 no alcanzaría al ejercicio de inicio de actividades y, por tanto, no corresponde proporcionar el monto de la amortización ordinaria de los bienes muebles de la empresa.

 

Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y pide que se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.

 

II. Que a fs. 59/64 vta. contesta la representación fiscal el recurso interpuesto. Manifiesta que en el marco de las privatizaciones previstas en la reestructuración efectuada por el Estado Nacional, se dispuso mediante el dictado del Dcto. 122/92 la privatización de Energía Eléctrica del Estado, para la actividad de generación de energía eléctrica, creándose entre otras sociedades, Central Costanera S.A.

 

Agrega que se fijó como fecha de cierre de cierre de los ejercicios comerciales, el 31 de diciembre de cada año, y siendo la fecha de cierre del primer ejercicio económico de la empresa el 31/12/1992, éste debe ser tratado como período irregular en términos temporales, pues al haber comenzado el 26/02/1992, y finalizado el 31/12/1992, no tiene 365 días, es decir, no tiene un año de doce meses de duración.

 

Asevera que al presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias por su primer ejercicio económico que abarcó el período descripto en el párrafo anterior, la empresa consignó como total de amortizaciones ordinarias del rubro Bienes de Uso (muebles), la cifra que surgía como resultado de dividir por los años de vida útil restantes, el monto correspondiente a la suma total de los bienes muebles de la empresa.

 

Asimismo, advierte que, como resultado de la liquidación del período fiscal 1992, se computó un quebranto impositivo trasladable al período siguiente. Agrega que este quebranto se tomó como “quebrantos de ejercicios anteriores” , en la declaración jurada del ejercicio fiscal 1993.

 

Señala que a partir de una fiscalización efectuada a la recurrente se objetó el importe que la misma tomó como amortización de los bienes muebles en el ejercicio irregular (temporalmente hablando) de 1992, pues éste no tuvo 365 días y la amortización que consideró la empresa correspondía a un año de vida útil, sin proporcionarla al tiempo que tuvo el ejercicio económico como hubiere correspondido en virtud de expresas normas legales, como lo son la ley de impuesto a las ganancias y la R.G. 1297/69 de la Dirección General impositiva.

 

Manifiesta que este cambio en el importe de amortización a considerar influyó disminuyendo el quebranto fiscal del ejercicio 1992, trasladado por la empresa al ejercicio 1993 y, por ende, en el resultado impositivo final del ejercicio 1993, y en la liquidación de los anticipos por el año 1994.

 

Considera que en virtud de la recomendación efectuada por la inspección, la recurrente rectificó sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los ejercicios 1992 y 1993, pagando la diferencia de impuesto resultante por el período 1993 y los intereses sobre la misma y sobre los anticipos de 1994.

 

En cuanto a los argumentos vertidos por la recurrente tendientes a demostrar que el ejercicio 1992 no se trata de un ejercicio no anual ni irregular, específicamente en cuanto cita el art. 24 del reglamento diciendo que éste sólo rige para cambio de fecha de cierre de ejercicios comerciales, y la resolución general 1966 como reglamentando la facultad que emerge de este artículo, asevera que aquella parte se olvida que la última resolución citada, en su artículo segundo, advierte textualmente que “tratándose del primer ejercicio podrá también autorizarse su cierre en fecha distinta a la que correspondería para un período de doce meses”, concluyendo que el título de ejercicios irregulares del art. 24 del reglamento, también comprende a los primeros ejercicios, no anuales, cuya fecha de cierre origine un período de desarrollo menor a doce meses.

 

Concluye diciendo que deben tenerse por válidas las consideraciones del Juez Administrativo y aplicables las disposiciones de la R. G. 1297/69 en cuanto a la proporcionalidad de las deducciones por amortizaciones con respecto a la duración del ejercicio.

 

Con relación al cómputo de las amortizaciones para los ejercicios irregulares, señala que el art. 18 de la ley del impuesto a las ganancias adoptó el año como parámetro de la medición, tanto de los ingresos como de los gastos y deducciones para determinar la materia imponible, adoptando además el criterio de 10 devengado. Sin embargo el art. 24 del Dcto. Reglamentario dispone que “cuando circunstancias especiales lo justificaren la D. G. I. podrá admitir o disponer la liquidación de impuesto con base en ejercicios no anuales”.

 

Agrega que del art. 24 del Decreto Reglamentario de la ley del gravamen surge, que si para efectuar la liquidación del impuesto deben seguirse las pautas específicas contempladas por la norma tributaria, al alterarse el período base de determinación, la atribución de los ingresos y deducciones deben configurarse conforme las disposiciones generales, pero adecuando su imputación a la duración del período irregular por el cual se tributa.

 

Asevera que es aplicable con relación a la deducción en cuestión (amortizaciones), el art. 84 de la ley del impuesto a las ganancias, del que interpreta que el monto de la amortización que resulta de la mecánica respectiva es asignable al período fiscal anual (es decir, doce meses) que corresponda. Asimismo, en el caso de ejercicios menores a un año, debería proporcionarse la cuota anual de amortización respectiva en función del tiempo que abarque este período de liquidación, tal cual lo prescribe la Resolución General 1297/69.

 

Considera que adoptar un criterio distinto implicaría desvirtuar la mecánica de determinación del impuesto, pues se estarían declarando los ingresos producidos durante un ejercicio irregular, mientras que las amortizaciones se deducirían por todo un año, lo cual alteraría la homogeneidad temporal lógica con que deben atribuirse ingresos y gastos o deducciones, por lo que no se reflejarían con certeza los resultados reales producidos por la actividad de que se trate.

 

Sostiene que la ley 19.409 que sustituyó el art. 69 de la ley de impuesto a los réditos, como la ley 20.046, que sustituyó con posterioridad el art. 70 de la misma, normaron en estos artículos “la amortización impositiva anual para compensar” y que luego de determinar el procedimiento de cálculo de la cuota de amortización, establecen que “el importe así obtenido será la amortización impositiva anual deducible”, lo que evidenciaría la intención del legislador de tratar a los períodos como compuestos por doce meses calendario, no considerando que puede interpretarse el término anual como sinónimo de ejercicio comercial.

 

Considera que la recurrente intenta alegar la improcedencia de la R. G. 1297/69 y puntualiza en relación a este punto que la norma no ha sido derogada, siendo por ello de estricto cumplimiento.

 

Extrae esas conclusiones de la interpretación que efectúa del art.1 de la citada resolución, así como del hecho que el método estatuido por el art. 84 de la ley de impuesto a las ganancias no difiere del previsto por el art. 69 de la ley de impuesto a los réditos, al cual habría interpretado la resolución.

 

III. A fs. 65 se resuelve no hacer lugar a la prueba informativa ofrecida supletoriamente por la recurrente a fs. 40 vta., en razón de que el Fisco nacional a fs. 59 vta. reconoce los pagos que dicha parte intenta repetir en autos.

 

IV. Que el art. 84 de la ley de impuesto a las ganancias establece en su parte pertinente que: “en concepto de amortización impositiva anual para compensar el desgaste de los bienes -excepto inmuebles- empleados por el contribuyente para producir ganancias gravadas, se admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas: 1) Se dividirá el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable de los mismos. La Dirección podrá admitir un procedimiento distinto (unidades producidas, horas trabajadas, etc.) cuando razones de orden técnico lo justifiquen…”.

 

Que el mencionado artículo tuvo como antecedente el art. 69 de la ley de impuestos a los réditos, el cual disponía que: “el monto de las amortizaciones para compensar el desgaste de los bienes empleados por el contribuyente para producir réditos gravados, se determinará anualmente aplicando, sobre el costo de los bienes, un porcentaje fijo establecido a base del número de años de vida útil probable de los mismos.”

 

Que con anterioridad a sufrir una serie de reformas (ley 19.409, de texto similar al de la actual ley de impuesto a las ganancias), la R.G.1297/69 se dictó con el objeto de precisar las soluciones existentes en la ley del impuesto a los réditos y sus reglamentaciones, por considerar que existían diversas situaciones que no estaban explícitamente contempladas, tales como los casos de ejercicios no anuales, altas y bajas en fechas no coincidentes con la iniciación o terminación del ejercicio, afectación parcial a la obtención de rentas gravadas y desuso o reemplazo cuando se desarrollaran actividades que producían réditos de la cuarta categoría, según explicita en sus considerandos.

 

Que el art. 1 de esta R. G. establece que: “en los casos de ejercicios no anuales, las amortizaciones ordinarias sobre bienes muebles deberán computarse proporcionalmente al período que comprenda el respectivo ejercicio no anual.” Que de los artículos citados surge que a los efectos de deducir en concepto de amortizaciones el desgaste de bienes que no se traten de inmuebles, se debe dividir el costo o valor de adquisición por los años de vida útil estimado de los mismos, correspondiendo deducirlos en forma anual.

 

Que la norma cuya vigencia es cuestionada, establece un procedimiento especial para el caso de períodos no anuales, en cuyo caso deberían efectuarse proporcionalmente para ese período.

 

Que tanto la actora como parte de la doctrina ha cuestionado la vigencia de la Resolución General por cuanto la misma se instrumentó con el fin de reglamentar una norma en la actualidad derogada. En este sentido, Dubois ha señalado que: “si el Director General, en uso de sus atribuciones legales, interpreta normas tributarias, sus conclusiones deben ser aplicadas contemporáneamente con las disposiciones legales y reglamentarias que interpreta. Cualquier tipo de modificación legal obliga a replantear las normas de inferior jerarquía que la reglamentan y, por lo tanto, debería considerar como derogada de hecho la resolución general 1297 luego de la modificación de la ley 23.260, basada en la ratificación por la omisión citada.” (Dubois, Fernando; “Altas y bajas de bienes muebles amortizables durante ejercicios no anuales”; Errepar, Dte. N° 186; Septiembre/1995; T. XVI, Pág. 240).

 

Que las normas jurídicas se extinguen, entre otras causales, por la sanción de una norma posterior que la derogue expresa o tácitamente, ocurriendo este último supuesto cuando ambas resultan incompatibles por lo que se tiene a la norma posterior por vigente.

 

Que la sanción de la ley del impuesto a las ganancias derogó expresamente la ley de réditos, estableciendo en el art. 84 el sistema de deducción de amortizaciones que se ha descripto. Sin embargo, ni la ley del impuesto a las ganancias, ni las reglamentaciones de la misma, ni las posteriores resoluciones generales dictadas en su consecuencia, derogaron en forma expresa la Resolución General 1297/69.

 

Que si bien la Resolución tuvo inspiración en el art. 69 de la ley de réditos, la finalidad de su dictado no se ha extinguido, pues éste consistió en resolver cuestiones previstas en la ley mencionada y su decreto reglamentario con suficiente elasticidad, puntualmente y en el caso que nos ocupa, el cómputo de las amortizaciones en períodos no anuales.

 

Que así lo ha señalado este Tribunal en la causa 14.792-1, caratulada “Metrogas S.A. s/ recurso de apelación por denegatoria de repetición -impuesto a las ganancias- del 14 de agosto de 1996 donde dijo que: “en nuestra ley el valor original amortizable es el costo y para lograr el cargo del ejercicio se considera la vida útil probable del bien, pero este método lineal o directo, como lo señala la autorizada doctrina, tiene como propósito aquél que debe perseguir un buen método de amortización, es decir distribuir el costo original amortizable o el costo de la inversión aprovechada por la explotación durante más de un ejercicio económico, entre todos los períodos de vida útil, de modo que cada unidad de producto reciba una cuota parte lo más aproximada posible a las de las restantes que han utilizado el bien. Este ideal, agrega Reig, se logra si la distribución se hace en función del método de la producción o el de las horas de funcionamiento; sin embargo, salvo raras excepciones no existen tablas indicativas de vida útil probable de los bienes con referencia a unidades de producción u horas de funcionamiento; por ello el método que más se aproxima al ideal es el lineal o directo. (Reig, Jorge Enrique; Impuesto a las Ganancias; Bs. As, 1979; pág. 394). Consecuentemente, en el método lineal adoptado por la ley argentina, cuando hay ejercicios irregulares sean iniciales o derivados de un cambio de cierre, la cuota de amortización debe calcularse en función del tiempo -que es el principio que gobierna el criterio lineal: la vida útil probable del bien amortizable-. Por eso la solución que consagró la R.G. 1297/69 en punto a ejercicios irregulares, se ajusta perfectamente al espíritu tanto de la entonces ley de impuesto a los réditos como de la actual de impuesto a las ganancias.” (vide, Reig, op. cit., pág. 397)

 

Al no existir una derogación expresa y resultar que la ley de impuesto a las ganancias y la Resolución General 1297/69 pueden perfectamente coexistir, debe tenerse por aplicable la norma al caso.

 

V. Que la recurrente cuestiona en forma subsidiaria, la aplicabilidad de la R.G. 1297 tuviera la virtud de mantenerse vigente, el supuesto contemplado en su art. 1 no alcanza al ejercicio de inicio de actividades y, por lo tanto no corresponde proporcionar el monto de la amortización ordinaria de los bienes muebles de la empresa.

 

Que la ley de impuesto a las ganancias, en su art. 18, establece: “el año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre”. Y continúa: “los contribuyentes imputarán sus ganancias al año fiscal …”.

 

Que el decreto Reglamentario de la ley mencionada (decreto 2353/86, B.O. 12/02/87) dispone en su art. 30 que: “los contribuyentes, en su declaración jurada anual, consignarán también la clase y monto de las ganancias -percibidas o devengadas a su favor en el año y que consideren exentas o no alcanzadas por el impuesto …”.

 

Que el art. 2º de la Resolución General 4060/95 (B.O. 25/09/95 prevé que: “quedan obligados a cumplimentar el ingreso de once (11) anticipos mensuales en concepto de pago a cuenta del impuesto a las ganancias que corresponda abonar al vencimiento general respectivo, los contribuyentes y responsables del citado tributo que se indican a continuación…”.

 

Que como bien señala la recurrente, según el Diccionario de la Lengua Española “regular, en su primera acepción, es aquello “ajustado conforme la regla” e “irregular” es lo que está fuera de regla, contrario a ella”.

 

Que asimismo, señala con acierto que las normas asimilan reiteradamente las expresiones “ejercicios irregulares” y “ejercicio anual”.

 

Que del juego armónico de las normas mencionadas surge que lo “regular” para el caso del impuesto a las ganancias, es que el período fiscal anual esté conformado por un año, es decir doce meses.

 

Que como consecuencia, debe interpretarse que un período irregular o no anual es aquél por el cual un contribuyente no debe abonar al Fisco los doce meses calendarios previstos, sino un período menor. Ello así, la tesis de la actora no puede prosperar.

 

VI. Que a mayor abundamiento, cabe señalar que las amortizaciones deben calcularse del modo en que se han descripto en el punto III) de estos considerandos.

 

Que en principio, el cálculo debe ser estimado por la recurrente, pudiendo el Fisco presentar objeciones, todo ello en caso de que el organismo fiscalizador no halla previsto soluciones para determinados supuestos.

 

Que lo previsto por el art. 84 de la ley de impuesto a las ganancias y sus reglamentaciones es que las amortizaciones sean deducidas del monto a pagar por este tributo, estableciendo la R.G. un método específico para calcularlas en caso de períodos irregulares. Sin embargo, la aplicación de este método no implica la disminución de las estimaciones en concepto de amortizaciones, sino que lo no computado en el ejercicio irregular podrá ser deducido con posterioridad para completar la cantidad de años de vida útil estimado, el que también será proporcional para aquél período.

 

De esta forma, no habría un deterioro patrimonial en el contribuyente sino sólo una postergación en el momento en que se deducirán las estimaciones amortizables.

 

Que por lo expuesto, corresponde rechazar la repetición intentada, con costas.

 

El doctor Litvak dijo:

 

Que adhiere al voto precedente.

 

En virtud de la votación que antecede, SE RESUELVE:

 

1º) Rechazar la repetición intentada, con costas.

 

2º) Se deja constancia que la presente resolución se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares por encontrarse la doctora Graciela L. T. de Wurcel en uso de licencia (conf. art. 184 segundo párrafo de la ley 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones-).

 

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese. -José D. Litvak. -Esteban J. Urresti.

 

 

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