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Algo más sobre el concepto de devengado

La Corte en Asociart ART ha fallado sobre el devengamiento de comisiones a sus productores. El contribuyente, siguiendo las normas de la Superintendencia de Seguros, las contabilizaba mensualmente junto con los créditos por primas a cobrar.

La Procuración  General de la Nación hace notar que, de acuerdo con el art. 61 de la ley 22400 que rige la actividad, el derecho del productor a cobrar nace con el pago de las primas por parte del asegurado, por lo que la obligación de la compañía hacia aquel está sujeta a una condición suspensiva, caso en el cual es devengamiento se produce cuando dicha condición desaparece o se vuelve de cumplimiento imposible y no en el momento en que se contabiliza.

 

Posted by on mayo 8, 2014 in Uncategorized

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Fallo CUIT

Cámara Federal de San Martin

San Martín, 14 de noviembre de 2013.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Vienen estos autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora contra la sentencia de fs. 75/79vta., en cuanto rechazó la acción de amparo promovida contra la AFIP, con costas. El memorial fue contestado y el Fiscal General contestó la vista [cfr. fs. 75/79vta., 84/86vta., 115/118, 120/123;

Art. 15, ley 16.986].

El Dr. Hugo Daniel Gurruchaga dijo:

Liminarmente, cabe manifestar que, dada las características particulares del presente expediente, la necesidad de agotamiento de la via administrativa se revela como un excesivo ritualismo en desmedro de una tutela judicial efectiva.

Ello así, por cuanto la Constitución Nacional, establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley” (Art. 43).

Asimismo, porque se observa de las constancias obrantes en el expediente (carta documento, respuesta, actuación en este proceso, etc.) la clara voluntad de la Administración de mantener la suspensión de la CUIT, a lo que debe sumarse que no se ha fijado una fecha para su levantamiento. Máxime, cuando no existe el dictado de una resolución o acto administrativo que justifique las razones del cese y/o imponga los requisitos para la rehabilitación y/o fije un término para la suspensión (cfr. fs. 110/111).

A esto debe agregarse que al interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 8 y 25, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un caso seguido justamente contra la República Argentina, ha sostenido que las citadas normas impiden “que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares.Las garantías a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 105/99,

En línea coincidente con lo expuesto la Corte Suprema ha establecido que la normal demora que insumiría recurrir a los procedimientos ordinarios, con todas las consecuencias que de ello derivaría, hace que la tutela judicial del amparo deba ser otorgada sin demora (Fallos, 239:459, 308:155, 311:2084, entreoíros).

Por lo que en el caso particular, no resultaba necesario agotar la vía administrativa y el trámite del amparo es formalmente procedente.

Ahora bien, superado ese valladar, cabe manifestar que -en este contexto- no se presenta como razonable una suspensión prolongada de la CUIT por parte de la AFIP (desde el 19 de marzo de 2013, esto es, más de 7 meses), porque ello atenta contra la posibilidad de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil y afecta -entre otros- los derechos de trabajar y ejercer toda industria lícita, a comerciar, derecho de propiedad, etc., todo ello en desmedro de las garantías previstas por los Arts. 14, 14bis, 17 y concordantes de la Constitución Nacional.Porque la inactividad de la CUIT, sin fecha de vencimiento, implicaría, entonces, una suerte de muerte civil que no es admisible en nuestro derecho.

No es óbice de lo expuesto, la circunstancia de que la AFA haya expresado que “II) las designaciones para torneos organizados por AFA resultan responsabilidad única y exclusiva de esta última en mérito a condiciones técnicas y físicas del árbitro [.] III) en atención a los hechos que resultan de público y notorio (tema AFIP) será designado en el momento en que se aprecie superada la situación y en estado óptimo para afrontar la actividad arbitral”

Porque más allá de uno de los fundamentos dados por la AFA para no renovar el contrato -tema AFIP-, es evidente que la suspensión puede afectar no sólo el derecho de trabajo en ese sitio sino en cualquier otro, sumado a los demás actos inherentes a la vida civil.

Por otra parte, tampoco es admisible una suspensión sine die dispuesta por la AFIP con fundamento en que se ha formulado contra el administrado una denuncia penal. Porque a partir de la radicación de esa denuncia, la magistrada con competencia penal tiene en sus manos las facultades necesarias para determinar medidas cautelares (embargos, inhibiciones) a fin de evitar la frustración de derechos patrimoniales.

En este sentido, conforme lo dispuesto por el 3er apartado del Art.518, del Código Procesal Penal de la Nación, el juez está facultado a dictar medidas cautelares, incluso antes del auto de procesamiento, cuando “hubiere peligro en la demora y elementos de convicción suficientes que las justifiquen”. De modo que luego de formularse la denuncia en esa sede, la determinación de la necesidad del dictado de medidas provisionales, quedó en manos del Juez federal penal, a quien, en su caso, deberían haberse efectuado las peticiones pertinentes por parte de la AFIP.

En el contexto expuesto, cabe también remisión a lo decidido por la Corte Suprema en Fallos 315:1361, en el sentido de que existe un límite a la absoluta discrecionalidad de los entes administrativos, que es establecido por el orden jurídico y el órgano jurisdiccional.

Cabe añadir en línea coincidente, lo expresado por el Sr. Fiscal General en cuanto a que la inactivación de la CUIT al ser realizada sin el dictado de acto administrativo, constituyó una “vía de hecho administrativa” que violó el “principio de legalidad por la acción material de un funcionario o empleado de la Administración Pública” y afectó los derechos de la actora al debido proceso, a ser oída y a obtener una decisión fundada, en franca colisión con el Art. 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 120/123).

Por todo ello, al momento actual, la suspensión de la CUIT es irrazonable; a la par que cercena garantías constitucionales y derechos convencionales (Art. 75.22, Constitución Nacional; Art. 23.1, Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 6, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Luego, corresponde dejar sin efecto la medida tomada por el órgano administrativo y disponer que se reestablezca la CUIT en forma inmediata.

Sobre las costas, en virtud del principio objetivo de la derrota, corresponde que las de ambas instancias sean soportadas por la vencida (Art. 17, ley 16986; Arts. 68 y 279, CPCC).

El Dr. Alberto Daniel Criscuolo dijo:

Comparto en lo sustancial los argumentos del distinguido colega que lidera la encuesta.En esa línea de pensamiento, aprecio que dentro del restringido ámbito cognoscitivo que enmarca el juicio regulado por la ley 16.986, y ceñido al objeto procesal que es motivo de amparo, la medida administrativa preventiva aplicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos al accionante, de suspensión de la CUIT, no puede mantenerse sine die más allá del sustento legal y probatorio oportunamente invocado. Es que, en el caso, la razonabilidad y proporcionalidad de su aplicación deben evaluarse bajo el principio de actualidad, en tanto no aparece aceptable en este contexto la vigencia de aquella.

En tal razonamiento, el análisis de este sumarísimo proceso determina que si bien al 19 de marzo del corriente año la medida preventiva tenía algún fundamento al formularse contemporáneamente la denuncia penal por infracción a la ley 24.769, después de más de siete (7) meses su vigencia no parece razonable a poco que se valore el hecho de que el ente administrativo no haya incorporado ni alegado en este segmento de acción, otros fundamentos de actualidad que cimienten el mantenimiento de la suspensión. A lo que sumo, el extremo de que no consta el dictado de un acto administrativo que justifique las razones de tal medida, imponga los requisitos para la rehabilitación o fije un término para la suspensión. En ese sentido, sólo se observa de las constancias obrantes en el expediente [carta documento, respuesta, actuación en este proceso, etc.] la clara voluntad de la Administración de mantener la suspensión de la CUIT (cfr. fs.110/111).

Por ello, en este particular contexto, no se presenta como razonable una medida provisoria tan prolongada en el tiempo, so riesgo de la afectación de garantías constitucionales, como lo es la posibilidad de ejercer los actos jurídicos necesarios inherentes a la vida civil, como es el de trabajar y ejercer toda industria lícita.

Desde este hontanar, cabe también hacer remisión a lo sostenido por la Corte Suprema en Fallos 315:1361, en el sentido de que existe un límite a la absoluta discrecionalidad de los entes administrativos, que es establecido por el orden jurídico y, eventualmente, por el órgano jurisdiccional.

En esa línea, la circunstancia de que el órgano administrativo obre en ejercicio de facultades discrecionales legalmente establecidas, en modo alguno puede significar un proceder que en la actualidad se torne innecesario y, por ende, arbitrario; pues la razonabilidad debe presidir las decisiones de la administración.

De modo que atendiendo al principio de actualidad el mantenimiento de la suspensión de la CUIT aplicada en el caso, produce un agravamiento serio e irreparable al interesado que debe ser atendido en el contexto de esta acción con independencia del resultado del proceso penal iniciado contra el accionante. Al tiempo que, a todo evento, la juez con competencia penal tiene en sus manos las facultades necesarias para determinar las medidas cautelares pertinentes (embargos, inhibiciones) a fin de evitar la posible frustración de derechos patrimoniales (cfr. 3er apartado del Art. 518, del código adjetivo penal).

De otro lado, dada la naturaleza de la acción seleccionada por el justiciable, esto es, una vía expedita, rápida y sumarísima, el agotamiento de la vía administrativa se aprecia, en las especiales condiciones del caso, opuesta a la celeridad del trámite especial de la pretensión de autos.Las peticiones del afectado sin respuesta por parte de la AFIP sobre el asunto en concreto y la pretensión de que encause sus planteos ante la sede del órgano jurisdiccional con competencia penal -instancia ajena a la decisión administrativa en discusión-, tornan admisible esta acción sumarísima. Porque, “si el particular está pidiendo algo por escrito y no le contestan, e insiste en su pedido y tampoco le contestan, sería absurdo exigirle que venga ahora a hacer el mismo pedido con nombre distinto para poder recién habilitarle la vía judicial” (cfr. Gordillo, Agustín A., “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo IV, pág. 780; citado por Rejtman Farah, Mario, “Impugnación Judicial de la actividad administrativa”, Ed, La Ley, año 2000, pág. 30).

Al respecto, la Constitución Nacional establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley” (Art. 43).

Ello privilegia la garantía de la tutela judicial efectiva receptada por la Carta Magna con una doble fundamentación: de un lado, a través de la garantía de defensa en juicio y el reconocimiento de los derechos no enumerados (arts. 18 y 33, Const. Nac.); y de otro, a través de los pactos internacionales (doct. arts. 18 y 75, inc. 22, CN; art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).

En definitiva, y por estos fundamentos, el mantenimiento de la suspensión de la CUIT, en la actualidad, deviene irrazonable; por lo que corresponde revocar la sentencia recurrida en cuanto rechazó la acción de amparo y, en consecuencia, dejar sin efecto la medida administrativa impuesta al accionante por la AFIP.

Respecto de las costas, en virtud del resultado del procedimiento y del principio objetivo de la derrota, corresponde que las costas de ambas instancias sean soportadas por la vencida (Art. 17, ley 16986; Arts. 68 y 279, CPCC).

Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede y de conformidad con lo dictaminado por la Fiscalía

General, el Tribunal RESUELVE:

I) REVOCAR la sentencia recurrida de fs. 75/79vta. porque corresponde dejar sin efecto la suspensión de la CUIT que pesa sobre P. A. L.

II) COSTAS de ambas instancias a la demandada vencida (Art. 17, ley 16.986; Arts. 68, 163, 6) y 8), 279, CPCC]. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (LEY 26.856 Y ACORDADA CSJN 24/2013) Y DEVUÉLVASE.

FIRMANTES: Dres. Gurruchaga – Criscuolo.-

NOTA: El Dr. Rudi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia. Conste.- SECRETARIA FIRMANTE: Dra. Zabala.-

 

Posted by on febrero 28, 2014 in Uncategorized

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Modificación del reglamento del impuesto a las ganancias

Se publicó hoy en el Boletín Oficial:

 

IMPUESTOS

Decreto 2334/2013

Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Modificación.

Bs. As., 20/12/2013 (BO. 07/02/2014)

VISTO la Ley Nº 26.893, y

 

CONSIDERANDO:

Que la norma citada en el Visto introdujo modificaciones a la Ley de Impuesto a las Ganancias T.O. 1997 y sus modificaciones, extendiendo el alcance del gravamen a los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores —en este último caso receptando el principio de libertad de creación de valores negociables—, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país y por sujetos residentes en el exterior, así como a los dividendos o utilidades, en dinero o en especie —excepto en acciones o cuotas partes—, que distribuyan los sujetos mencionados en el inciso a), apartados 1, 2, 3, 6 y 7, e inciso b) del Artículo 69 de dicha ley, cuando los perceptores de los mismos sean personas físicas y/o sucesiones indivisas del país o cualquier sujeto del exterior.

Que consecuentemente, procede adecuar la reglamentación de la referida ley, aprobada por el Artículo 1° del Decreto Nº 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificaciones.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.

 

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

Artículo 1° — Modifícase la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias T.O. 1997 y sus modificaciones, aprobada por el Artículo 1° del Decreto Nº 1.344 del 19 de noviembre de 1998 y sus modificaciones, en la forma que se indica a continuación:

a) Incorpórase como Artículo sin número a continuación del Artículo 8° el siguiente:

“ARTICULO…- A los efectos previstos en la ley y en el presente decreto, deberán entenderse por ‘demás valores’, exclusivamente, aquellos valores negociables emitidos o agrupados en serie susceptibles de ser comercializados en bolsas o mercados.”

b) Sustitúyese el Artículo 31 por el siguiente:

“ARTICULO 31.- Las personas físicas y sucesiones indivisas que obtengan en un período fiscal ganancias de fuente argentina de varias categorías, compensarán los resultados netos obtenidos dentro de la misma y entre las diversas categorías, en la siguiente forma:

a) Se compensarán en primer término los resultados netos obtenidos dentro de cada categoría, excepto cuando se trate de:

1. Ganancias provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores, las que tributarán conforme lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 90 de la ley.

2. Quebrantos que se originen en las operaciones mencionadas en el punto 1. o generados por derechos u obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados —a excepción de las operaciones de cobertura—, los cuales podrán ser absorbidos, únicamente, por ganancias netas resultantes de operaciones de la misma naturaleza.

b) Si por aplicación de la compensación indicada en el inciso a), con las excepciones allí previstas, resultaran quebrantos en una o más categorías, la suma de los mismos se compensará con las ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente.

A fin de determinar sus resultados netos, los sujetos incluidos en el Artículo 69 de la ley sólo podrán compensar los quebrantos experimentados en el ejercicio a raíz de la enajenación de acciones o cuotas o participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, con beneficios netos resultantes de la realización de bienes de la misma naturaleza. Si no se hubieran obtenido tales beneficios o los mismos fueran insuficientes para absorber la totalidad de aquellos quebrantos, el saldo no compensado sólo podrá aplicarse en ejercicios futuros a beneficios netos que reconozcan el origen ya indicado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Idéntico tratamiento al dispuesto en el párrafo anterior procederá respecto de los quebrantos generados por derechos u obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados —a excepción de las operaciones de cobertura— y de aquellos originados en actividades, actos, hechos u operaciones cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina, los que sólo podrán compensarse con ganancias netas que tengan el mismo origen.

El procedimiento dispuesto en los párrafos segundo y tercero también deberá ser aplicado por las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos b), c) y en el último párrafo del Artículo 49 de la ley, así como por los fideicomisos contemplados en el inciso sin número incorporado a continuación del inciso d) del citado artículo, a efectos de establecer el resultado neto atribuible a sus socios, dueño o fiduciante que posea la calidad de beneficiario, según corresponda.”

c) Sustitúyense los párrafos quinto y sexto del Artículo 32 por los siguientes:

“Cuando el quebranto a que se refiere el primer párrafo de este artículo se hubiera originado a raíz de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión— o generado por derechos u obligaciones emergentes de instrumentos y/o contratos derivados —a excepción de las operaciones de cobertura—, las personas físicas, las sucesiones indivisas, los sujetos incluidos en el Artículo 69 de la ley y las sociedades y empresas o explotaciones unipersonales, comprendidas en los incisos b), c) y en el último párrafo de su Artículo 49, así como los fideicomisos contemplados en el inciso sin número incorporado a continuación del inciso d) del citado artículo, que lo experimentaron, sólo podrán compensarlo con las ganancias netas que, a raíz de la realización del mismo tipo de operaciones, obtengan en los CINCO (5) ejercicios inmediatos siguientes a aquel en el que se experimentó el quebranto. Igual tratamiento se otorgará a los quebrantos originados en enajenaciones de títulos, bonos y demás valores efectuadas por personas físicas o sucesiones indivisas.

Los quebrantos provenientes de actividades, actos, hechos u operaciones cuyos resultados no deban considerarse de fuente argentina, deberán compensarse, únicamente, con ganancias de esa misma condición que se obtengan durante los CINCO (5) ejercicios inmediatos siguientes a aquel en el que se produjo el quebranto. Tratándose de quebrantos provenientes de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión— cualquiera sea el sujeto que los obtenga o, de títulos, bonos y demás valores efectuada por personas físicas o sucesiones indivisas, sólo podrán computarse contra las utilidades netas de la misma fuente y que provengan de igual tipo de operaciones.”

d) Sustitúyese el Artículo 42 y su correspondiente título por el siguiente:

“Enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores

ARTICULO 42.- Se encuentran comprendidos en la exención que establece el Artículo 20, inciso w), de la ley, los resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores, que se realicen a través de bolsas o mercados de valores autorizados por la COMISION NACIONAL DE VALORES entidad autárquica actuante en la órbita de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, obtenidos por personas físicas residentes y sucesiones indivisas radicadas en el país, siempre que esas operaciones no resulten atribuibles a empresas o explotaciones unipersonales comprendidas en los incisos b), c) y en el último párrafo del Artículo 49 de la ley.”

e) Incorpórase como segundo párrafo del Artículo 47 el siguiente:

“Tratándose de las deducciones previstas en los incisos a) y b) del citado Artículo 23, las mismas se computarán, en primer término, contra las ganancias netas determinadas conforme lo previsto en el párrafo precedente que resulten de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores. En el supuesto de existir un remanente, este se computará contra las restantes ganancias netas de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente. En su caso, será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente ‘in fine’.”

f) Incorpórase como Artículo sin número a continuación del Artículo 67, con su correspondiente título, el siguiente:

“Acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores

ARTICULO…- En el caso de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores, la ganancia bruta se determinará aplicando en lo que resulte pertinente, las disposiciones del Artículo 61 de la ley.”

g) Sustitúyese el segundo Artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 102 por el siguiente:

“ARTICULO…- A efectos de lo previsto en el Artículo sin número incorporado a continuación del Artículo 69 y en el último párrafo del Artículo 90, ambos de la ley, deberá entenderse como momento del pago de los dividendos o distribución de utilidades, aquel en que dichos conceptos sean pagados, puestos a disposición o cuando estando disponibles, se han acreditado en la cuenta del titular, o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en un fondo de amortización o de seguro, cualquiera sea su denominación, o dispuesto de ellos en otra forma.”

h) Sustitúyese el Artículo 104 por el siguiente:

“ARTICULO 104.- De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 50, segundo párrafo, de la ley, los quebrantos originados en la enajenación de acciones y cuotas o participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, no se atribuirán a los socios, asociados, único dueño o fiduciantes que revistan la calidad de beneficiarios, y deberán ser compensados por la sociedad, asociación, empresa o explotación, así como por los fideicomisos contemplados en el inciso sin número incorporado a continuación del inciso d) del Artículo 49 de la ley, con ganancias netas generadas por la realización del mismo tipo de bienes, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 61 y 19 del citado texto legal.”

i) Incorpórase como segundo párrafo del Artículo 119 el siguiente:

“Cuando existan rentas provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores, las deducciones referidas en el párrafo precedente deberán imputarse, en primer término, contra dichas rentas. En el supuesto de existir un remanente, este se computará contra las restantes ganancias de las categorías segunda, primera, tercera y cuarta, sucesivamente. En su caso, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo ‘in fine’ del Artículo 47.”

j) Incorpóranse a continuación del Artículo 149 los siguientes Artículos sin número con sus correspondientes títulos:

“Resultados de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores obtenidos por beneficiarios del exterior

ARTICULO…- Cuando se trate de resultados provenientes de la enajenación de acciones, cuotas y participaciones sociales —incluidas cuotas partes de fondos comunes de inversión—, títulos, bonos y demás valores, obtenidos por cualquier sujeto del exterior, la alícuota dispuesta por el segundo párrafo del Artículo 90 de la ley se aplicará sobre la ganancia neta presumida que establece el inciso h) del Artículo 93 del mismo texto legal o, en su caso, sobre la ganancia neta determinada conforme lo previsto en el segundo párrafo de este último artículo.

Dividendos o utilidades. Retención

ARTICULO…- El impuesto del DIEZ POR CIENTO (10%) previsto en el último párrafo del Artículo 90 de la ley, se aplicará sobre la suma resultante de restarle al monto de la distribución de los dividendos o utilidades, en dinero o en especie —excepto en acciones liberadas o cuotas partes—, el importe de la retención que se practique conforme lo establece el Artículo sin numero incorporado a continuación del Artículo 69 del mismo texto legal y se retendrá conjuntamente con esta última.

ARTICULO…- Cuando se paguen dividendos o se distribuyan utilidades, en especie, el impuesto a que se refiere el artículo anterior se calculará sobre el valor corriente en plaza de los bienes distribuidos a la fecha de la puesta a disposición respectiva.

ARTICULO…- Se encuentran comprendidos en el último párrafo del Artículo 90 de la ley, los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades referidas en los apartados 1. y 2. del inciso a) del Artículo 69 del mismo cuerpo legal, en las que el ESTADO NACIONAL posea una participación (por ejemplo a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino), siempre que no se encuentren tipificadas como Sociedades de Economía Mixta en los términos del Decreto-Ley Nº 15.349 del 28 de mayo de 1946, ratificado por la Ley Nº 12.962.

ARTICULO…- En el caso de rescate total o parcial de acciones, se considerará dividendo de distribución a la diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones. Tratándose de acciones liberadas, se considerará que su costo computable es igual a CERO (0) y que el importe total del rescate constituye un dividendo sometido a imposición.

El costo computable de cada acción se obtendrá considerando como numerador el importe atribuido al rubro patrimonio neto en el balance comercial del último ejercicio cerrado por la entidad emisora, inmediato anterior al del rescate, deducidas las utilidades líquidas y realizadas que lo integren y las reservas que tengan origen en utilidades que cumplan la misma condición, y como denominador el valor nominal de las acciones en circulación.

Cuando las acciones que se rescatan hubieran sido adquiridas a otros accionistas, se entenderá que el rescate implica una enajenación de esas acciones. Para determinar el resultado de esa operación se considerará como precio de venta el costo computable que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo precedente y como costo de adquisición el que se obtenga mediante la aplicación del Artículo 61 de la ley.

ARTICULO…- Cuando los dividendos o utilidades en dinero o en especie —excepto en acciones liberadas o cuotas partes—, se distribuyan a beneficiarios del exterior, no serán de aplicación las disposiciones del Artículo 93 de la ley.

ARTICULO…- En los casos en que exista imposibilidad de retener, el importe de la retención que hubiera correspondido practicar deberá ser ingresado por la entidad pagadora, sin perjuicio de sus derechos para exigir el reintegro de parte de los beneficiarios.

ARTICULO…- Facúltase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a dictar las normas que estime pertinentes a los efectos del ingreso del impuesto previsto en el último párrafo del Artículo 90 de la ley.”

k) Sustitúyese el primer párrafo del Artículo sin número incorporado a continuación del Artículo… (XIII), incorporado a continuación del Artículo 165 mediante el Decreto Nº 1.037 del 9 de noviembre de 2000, por el siguiente:

“ARTICULO…- Los residentes en el país que sean titulares de acciones emitidas por sociedades radicadas en el exterior que participen —en forma directa o a través de otra sociedad radicada en el exterior— en una sociedad constituida en la REPUBLICA ARGENTINA considerarán no computables los dividendos distribuidos por la citada sociedad emisora, en la medida en que los mismos estén integrados por ganancias distribuidas por la sociedad argentina que tributaron el impuesto de acuerdo con lo establecido en el Artículo 69 y/o en el Artículo sin número incorporado a continuación del mismo, según corresponda, y en el Artículo 90, de la ley.”

I) Déjase sin efecto el Artículo 167.

Art. 2° — Las disposiciones de la Ley Nº 26.893 serán de aplicación conforme las previsiones que, para cada caso, se indican a continuación:

a) Tratándose de la enajenación de acciones, cuotas o participaciones sociales, títulos, bonos y demás valores: para las transacciones cuyo pago se efectúe a partir del 23 de septiembre de 2013, inclusive.

b) En el caso de dividendos o utilidades: para aquellos puestos a disposición de sus beneficiarios, a partir del 23 de septiembre de 2013, inclusive.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

 

Posted by on febrero 7, 2014 in Uncategorized

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Homenaje a Dino Jarach a 70 años de la publicación de “El hecho imponible”

El 24 de octubre último el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario y la Carrera de Especialización de Posgrado de Derecho Tributario organizaron un homenaje al Dr. Dino Jarach en la Facultad de Derecho de la UBA, con motivo de los 70 años de la publicación de la primera edición del libro “El Hecho Imponible”.

Este blog se adhiere al homenaje compartiendo un artículo del Dr. Rubén Oscar Amigo, colaborador directo de Dino Jarach y amigo de la casa: Homenaje al Dr. Dino Jarach a 70 años de la primera edición de su libro “El hecho imponible”.

 

Posted by on diciembre 3, 2013 in Uncategorized

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Manual de impuestos en la actividad agropecuaria

Les comento que ya se encuentra disponible la segunda edición del Manual la que, además de haber sido actualizada, fue ampliada e incluye un análisis integral del régimen laboral y previsional del sector.

 

Posted by on octubre 5, 2013 in Uncategorized

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Recupero de siniestros por seguro agrícola

Arnaud Iribarne ha enviado el siguiente post:

1.- Una empresa contrato un seguro por riesgo de granizo

2.- Durante el ejercicio se produce el siniestro y afecta un porcentaje del cultivo.

3.- A los pocos días Tasador y Asegurado firman que manifiestan conformidad con el porcentaje de daño. Pero el acta firmada dice que la Compañía puede aceptar los términos o realizar otras verificaciones.

4.- Se produce el cierre del ejercicio en este estado de indefinición.

5.- Con posterioridad al cierre, la Compañía acepta los términos y paga el seguro (antes de la fecha de la presentación de la DDJJ).

La duda se plantea porque a la fecha de la presentación, hay un hecho posterior al cierre que no ofrece dudas sobre el resultado del seguro.

……………………………………………………………………..

Seguidamente expresa su parecer:

En mi opinión a la fecha de cierre de ejercicio todavía no se ha devengado el recupero.

El derecho a cobrar la indemnización para el asegurado está sujeto a una condición que puede tornarlo inexistente.

Será utilidad del ejercicio en el cual se confirmó ( y además se cobró).

La misma compañía de seguros, en otros casos (de otros asegurados) no lo reconoce y se han iniciado juicios para dirimir el conflicto.

 

 

Posted by on agosto 4, 2013 in Uncategorized

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Comentario al post ”Inmuebles rurales: tratamiento en IBP e IGMP”

Federico Vidal ha realizado un comentario al post ”Inmuebles rurales: tratamiento en IBP e IGMP” del 10 de octubre, mencionando el fallo Gaviglio, Hilario José de la sala C del Tribunal Fiscal.

En el decisorio se sostiene la no gravabilidad, en el impuesto sobre los bienes personales, de inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas, estén o no afectados a una explotación.

El argumento principal del fallo, más allá de la referencia a los antecedentes del impuesto a la ganancia mínima presunta, es que una “explotación unipersonal “ no puede ser titular de dominio de un inmueble y que dichos bienes no pueden ser “atribuibles” como propiedad a esas empresas.

En igual sentido ya se había expedido la Sala A en el fallo Molaro que se comentó en el post antes mencionado.

 

Posted by on julio 10, 2013 in Uncategorized

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TFA: Reconocimiento a Dino Jarach

El Tribunal Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dispuso que su biblioteca se denomine “Maestro Dr. Dino Jarach”. Hacer click para descargar la resolución.

 

Posted by on julio 8, 2013 in Uncategorized

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Deducibilidad en el Impuesto a las Ganancias de los ajustes de impuestos

Comparto esta presentación acerca de jurisprudencia sobre la imputación de diferencias de impuestos.

 

Posted by on junio 27, 2013 in Uncategorized

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Últimos fallos de la Corte sobre créditos dudosos e incobrables

Comparto esta presentación acerca de los últimos fallos de la Corte sobre créditos dudosos e incobrables.

 

Posted by on mayo 29, 2013 in Uncategorized

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