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Convenio multilateral en empresa agropecuaria

Arnaud Iribarne ha enviado la siguiente consulta:

Se trata de una agropecuaria que tiene un campo en una jurisdicción y vende parte de su producción dentro de la misma provincia y el resto en otra jurisdicción.

Aplica el Art. 13 del Convenio cuando vende fuera de la jurisdicción y el Art. 2 en las ventas en la misma provincia.

Algunos colegas sostienen que para confeccionar la planilla de CM 05 debe distribuir los ingresos:

a)      Las ventas en la misma provincia, en esa jurisdicción.

b)      Las ventas del Art. 13 solo considerar el 15% en la provincia receptora y el otro 85% considerarlo NO COMPUTABLE.

En lo que concierne a los gastos:

a)      Los vinculados a las ventas del Art. 2 de acuerdo a donde se produce el gasto.

b)      Los vinculados a las ventas del Art. 13 El 15% “arrastra” el 15% de los gastos.

Para el año 2015 notamos que hubo una única venta. La misma fue en la otra jurisdicción.

Aplicando este criterio tenemos un coeficiente del 100% de los ingresos en la jurisdicción receptora y el 15% de los gastos de toda la empresa, a la misma jurisdicción receptora.

Este criterio otorga un coeficiente distorsionado, enorme en la receptora, y casi inexistente donde se encuentra el establecimiento, donde está todo el personal, todas las instalaciones, todos los gastos tanto de producción como de estructura.

SE PREGUNTA:

¿Es correcto un criterio que se menciona más arriba?

O, por el contrario, se deben considerar todas las ventas:

a)      Los ingresos del 15% en la receptora y el 85% en la productora. Cuando se vende entro de la misma jurisdicción tomar el 100% en dicha provincia (A efectos de calcular el coeficiente)

b)      Los gastos  en función de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.

 

Posted by on mayo 6, 2016 in Uncategorized

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Presentación sobre Imposición patrimonial

Comparto esta presentación sobre algunos aspectos teóricos de la imposición patrimonial.

 

Posted by on marzo 15, 2016 in Uncategorized

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Cesión de sucursal

Hemos recibido la siguiente consulta:

Una empresa posee una sucursal en otra ciudad y decide cederla en las siguientes condiciones:

  1. Entrega bienes de cambio e instalaciones y el comprador se hace cargo del personal con su antigüedad y demás derechos devengados: vacaciones no gozadas y otros. Alternativa:
  2. Entrega el local, sin bienes de cambio e instalaciones y el comprador se hace cargo del personal con su antigüedad y demás derechos devengados: vacaciones no gozadas y otros.
Se pregunta el tratamiento que correspondería darle a ambas alternativas en los impuestos a las ganancias y sobre el valor agregado.
 

Posted by on marzo 2, 2016 in Uncategorized

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La Corte y la coparticipación

Como es de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en autos ” Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”. Al respecto hemos recibido un  primer comentario de Lisandro Yolis, donde se analizan los aspectos generales de la cuestión y los avatares de la sentencia; es el que sigue:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, este 24 de noviembre de 2015, ha dictado una categórica sentencia sobre el Régimen de Coparticipación Federal: CSJ 538/2009 “Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.

El análisis de la sentencia es más que complejo. Por lo tanto, en estas breves líneas se hará un somero planteo sobre un tema formal y de índole político del fallo, dejando para más adelante tanto la cuestión de fondo como otras cuestiones de forma.

El momento histórico en el que se decide emitir una sentencia no es un tema para nada menor y no ha sido dejado librado al azar por los miembros del Máximo Tribunal.

Para entender mejor el punto, corresponde hacer algunas precisiones.

La causa fue iniciada por la Provincia de Santa Fe en el año 2009.

Idas y vueltas, audiencias en el medio, dictamen de la Procuración General de la Nación, en concreto el expediente quedó en condiciones de dictar sentencia el día 4 de junio de 2012.

Pases y más pases entre las vocalías, algunas cuestiones suscitadas en el interín, y, finalmente, la sentencia sale, como se dijo, el 24 de noviembre de 2015.

Sin embargo, hay un detalle que no puede soslayarse.

De la página del Poder Judicial (www.pjn.gob.ar), donde se puede hacer un seguimiento del trámite del expediente surge un detalle interesante: la causa tuvo un “parate” de un año. El 14 de julio de 2014 se observa un pase a la Vocalía Nº 1. El siguiente movimiento es un despacho del 14 de agosto de 2015.

¿Qué paso en el medio? Bueno, ese detalle se desconoce. Lo cierto es que la Corte Suprema es muy oportuna para dictar sus sentencias. En este caso, eligió la semana inmediatamente posterior a la definición del nuevo presidente, donde se coronó la “oposición”.

Esto no puede ser un tema menor. Más aún, cuando declara la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable de impuestos que el gobierno nacional utilizaba para financiar la  ANSES, obliga a devolver sumas millonarias a las Provincias y, como si fuera poco, le “hace un tirón de orejas”, principalmente, a los poderes federales para que elaboren un nuevo régimen de coparticipación federal.

La oportunidad de la sentencia lleva a preguntas obvias y obligatorias, aunque sin respuestas para un humilde abogado que carece de poderes sobrenaturales: ¿Habría sacado igualmente la sentencia esta semana si las elecciones hubiesen tenido un resultado diferente? ¿Habría resuelto en el mismo sentido y con las afirmaciones categóricas con las que define el tema?

En línea con este planteo argumental y aun cuando los jueces hablan a través de sus sentencias, no pueden soslayarse los dichos del propio presidente del Alto Tribunal (http://www.lanacion.com.ar/1848734-lorenzetti-aclaro-que-el-fallo-que-devuelve-fondos-a-provincias-no-condiciona-al-proximo-gobierno), donde deja entrever que había que dictar esta sentencia en este preciso momento, entre otras razones porque el Doctor Fayt se retira.

Además, la Doctora Highton de Nolasco no suscribió la sentencia, sin embargo, en la misma fecha se la ve intervenir en otras sentencias con su firma.

Entonces, surgen otras preguntas obvias y obligatorias: ¿Era necesaria la firma del Doctor Fayt? ¿Por qué razón la Doctora Highton de Nolasco no suscribe la sentencia? ¿Era necesaria la firma del Doctor Fayt, porque la Doctora Highton de Nolasco no coincidía con el criterio? ¿Por qué la Doctora Highton de Nolasco no manifestó su disidencia (si es que la había)? Si el Doctor Fayt se retira, entonces ¿la sentencia podría no haber salido o haber salido antes? Si el expediente estuvo parado un año, ¿no podría haberse esperado a la integración del Máximo Tribunal con nuevos miembros? ¿Era necesario que la sentencia salga mientras siga el oficialismo en el Poder Ejecutivo, es decir, antes del cambio de autoridades? Nuevamente, ¿por qué la sentencia no salió antes?

Como puede observarse, desde el punto de vista estrictamente formal y político la sentencia deja más dudas que certezas.

 

Posted by on noviembre 27, 2015 in Uncategorized

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Presión fiscal indirecta

El Juzgado Civil, Comercial y Familia de Tercera Nominación de Rio Cuarto (Córdoba), en autos De Scisciolo, Liliana Marina C/ Gobierno de la Provincia de Córdoba, 03/08/2015 ha dictado un fallo donde, ante el accionar del fisco, bordeando o directamente olvidando la ley tributaria, ha afirmado que la validez jurídica de los mecanismos recaudatorios no depende de su eficacia ni encuentra justificación suficiente en sus nobles finalidades, sino que está condicionada a que se respeten las garantías constitucionales de los ciudadanos. Entre estas últimas deben considerarse tanto las de rango general (propiedad, debido proceso, derecho de defensa, acceso a la justicia) como las específicas del derecho tributario (legalidad, confiscatoriedad, capacidad contributiva, etc.).

Al respecto puntualiza que la presión tributaria debe medirse no sólo por la magnitud de los tributos en su conjunto (nacionales, provinciales y municipales), sino teniendo en cuenta el tiempo y esfuerzos personales y materiales que los organismos de recaudación exigen a los contribuyentes, amparados en las atribuciones de fiscalización y control de los primeros y en los deberes formales de los últimos, o sea lo que se conoce en doctrina como presión  fiscal indirecta.

Entre otras cosas al contribuyente se le había solicitado información sobre impuestos nacionales y municipales o datos de los registros contables que no están directamente relacionados con los tributos provinciales, además de imponer a la contribuyente la labor de confeccionar una planilla Excel con la información contenida en los libros IVA Ventas e IVA Compras ordenada por columna.

La sentencia dispuso que, en el marco de la inspección, las autoridades tributarias solo pueden exigir a la actora el cumplimiento de deberes formales y de información o de aporte de documentación y registraciones, directamente relacionadas con el Impuesto a los Ingresos Brutos y que, respecto a los demás requerimientos solo serán válidos (y, por lo tanto, obligarán a la contribuyente) en la medida en que el organismo recaudador justifique que son el medio adecuado para obtener fines legítimos, los que deberán ser indicados con claridad y precisión.

 

Posted by on septiembre 28, 2015 in Uncategorized

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La Corte y las quitas concursales

Sobre el tema del titulo nos ha enviado Lisandro Yolis el siguiente comentario:

Las Quitas Concursales en el Impuesto al Valor Agregado

Por Lisandro Yolis

Con fecha 3 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las “quitas concursales” difieren del concepto de “quitas” establecido por la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los hechos

La empresa actora se presentó en concurso preventivo en el año 1999.

En el año 2001 se homologó el acuerdo preventivo, lo que, en definitiva, redundó en que la empresa pagase solamente cerca de un 40% del total adeudado.

A raíz de esta situación, el Fisco impugnó el crédito fiscal computado por la actora , en la proporción del 60% de la quita obtenida en el proceso concursal. Concretamente, el Fisco sostenía que la firma concursada omitió exteriorizar en el mes correspondiente del año 2001 un mayor débito fiscal como consecuencia de la quita obtenida sobre los saldos adeudados.

La postura del Fisco

El criterio de la AFIP se sustenta, centralmente, en el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación Nº 48/2006.

Allí, la Procuración concluyó que “las quitas concursales se encuentran comprendidas en el artículo 12, inciso b) de la Ley de IVA (t.o. 1997) siempre que se encuentren satisfechas las exigencias que esa norma establece”.

Asimismo, entendió que dicha norma “no efectúa distinciones de ninguna especie según la naturaleza de las quitas que menciona, ni exige que ellas deban ser libre y voluntariamente pactadas, ni tampoco bilaterales o contractuales”.

En lo concreto, la Procuración indicó que “las únicas exigencias que ella establece, para admitir los créditos fiscales derivados de las quitas allí mencionadas, consisten en que estas últimas estén de acuerdo con las costumbres de plaza y que se facturen y contabilicen”. Respecto de la costumbre de plaza, consideró que quedan “suficientemente a salvo cuando ella cuenta con la aprobación del Juez del concurso. Si las costumbres de plaza sirven de respaldo a las quitas contractuales, a fortiori debe reconocerse tal efecto a la doctrina judicial que fija los términos y alcances de las quitas concursales. Por ese mismo motivo, en caso de rechazar el Juez interviniente la nota de crédito extendida por el acreedor, considero que la condición precitada no se encontraría satisfecha”. De forma concordante y en cuanto a la contabilización, expresó que “ese rechazo judicial impediría que la quita fuera contabilizada”.

Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 25 de febrero de 2010, revocó la resolución determinativa de AFIP. Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que: a) las quitas concursales tienen origen judicial; b) las quitas del artículo 12 de la Ley de IVA refieren al precio neto de la operación, en cambio las quitas del artículo 43 de la Ley de Concursos refieren a créditos quirografarios verificados; c) las quitas concursales dispuestas por el juez no responden a acuerdos de partes, sino a la homologación judicial de un crédito. Finalmente, concluyó que “cuando se trata de quitas generadas en la resolución judicial de un concurso de acreedores, las mismas no generan débito ni crédito fiscal alguno”.

Sin embargo, posteriormente la Sala IV de la Cámara, revocó la sentencia del Tribunal Fiscal, ratificando el criterio del Fisco. Al respecto, postuló que: a) la ley no establece diferencia alguna entre “quitas concursales y “quitas comerciales”; b) siguiendo la postura de la Procuración del Tesoro de la Nación, la “costumbre de plaza” está garantizada en el concurso por la aprobación del acuerdo por el juez; c) la exclusión de las quitas concursales del IVA afectaría la neutralidad del impuesto; d) hizo la salvedad con respecto a la obligación que le cabe al Fisco de controlar que los acreedores de la actora emitan las correspondientes notas de crédito de manera tal que no se produzca un enriquecimiento sin causa del Fisco. En definitiva, la Cámara consideró que “las quitas concursales se encuentran incididas por el IVA y constituyen un débito fiscal del período en el que el juez del concurso homologue la propuesta concursal y, simétricamente, un crédito fiscal para los acreedores verificados en proporción a los precios netos gravados y al impuesto que conformen la deuda verificada”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Corte dejó sin efecto el fallo de Cámara y tal como se anticipó, declaro que las quitas concursales no generan un débito fiscal en el IVA.

Repitiendo, en lo sustancial, los argumentos del dictamen la Procuración General, la Corte Suprema sostuvo que:

  • El término ‘quitas’ seguido de las indicaciones ‘que, respecto del precio neto, se logren (…)’ no puede ser entendido como una redacción descuidada o desafortunada del legislador, sino que la sucesión entre ambos indica que únicamente incrementan el débito fiscal aquellos descuentos o reducciones del precio logrados -entre otros requisitos- ‘respecto del precio neto’ de la venta, locación o prestación gravada. Y ese ‘precio neto’, no es otro que el definido por el art. 10 de la ley como aquel que resulta de la factura o documento equivalente extendido por los obligados al ingreso del impuesto” (Considerando 6º).
  • Las aludidas ‘quitas concursales’ no aumentan el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, pues ellas no han sido logradas ‘respecto del precio neto’ de la compra, de la locación o de la prestación, sino que obedecen a otra razón, ulterior y ajena a ese ‘precio neto’, como es el ‘crédito verificado’ a aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial para requerir el pago de los importes adeudados (arts. 32 y concordantes de la ley 24.522)” (Considerando 7º).

La Corte Suprema resuelve acertadamente y de conformidad con la lógica del impuesto, ratificando, además, el principio de reserva de ley o de legalidad en materia impositiva (“la extensión analógica de la definición taxativa de la base imponible prevista por la ley -aun cuando se la efectúe invocando la pretendida neutralidad del impuesto- es inadmisible pues se encuentra en pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo”), lo que redunda en una mayor seguridad jurídica.

Conclusión

Así, la Corte Suprema ha puesto fin a un debate sobre la naturaleza de las “quitas concursales” y su tratamiento en el Impuesto al Valor Agregado, habrá que ver el grado de acatamiento del fallo por parte de la AFIP y sus efectos sobre las determinaciones impositivas.

 

Posted by on julio 8, 2015 in Uncategorized

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Facturación y registración

Arnaud Iribarne ha enviado la siguiente cuestión:

Una contribuyente se encuentra inscripta en ganancias y monotributo.

Tiene tres clases de ingresos:

  1. Como empleada en relación de dependencia
  2. Como honorarios de socia gerente de SRL (similar Director SA)
  3. Monotributista por desempeño profesional (Contadora)

Su hija menor de edad recibe un inmueble rural  por donación y su madre (que ejerce la patria potestad y convive con ella, será quien firme el contrato de locación y deberá declarar la renta – sumándola a la propia – por el Art. 31 de la LIG). Como se trata de un arrendamiento rural, exento de IVA, deberá abrir un  punto de facturación específico para la locación.

SE PREGUNTA:

  1. ¿Puede declarar esta  renta y seguir siendo monotributista por su actividad profesional?
  2. ¿Debe inscribirse como IVA Exenta?
 

Posted by on junio 22, 2015 in Uncategorized

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Centésimo aniversario del nacimiento del Maestro

El 27 de enero se han cumplido 100 años del nacimiento, en Milan (Italia) del Maestro Jarach, cuya labor ha dejado hondas huellas en nuestro país, no solo en materia de publicaciones sino también de discípulos.

Es esta una oportunidad inmejorable para recordarlo y con emoción así lo hacemos quienes hemos sido sus alumnos, invitando a la comunidad del blog a expresarse mediante comentarios, trabajos doctrinarios o técnicos u otros medios que testimonien el afecto y respeto al Maestro.

Luis Omar Fernández

 

Posted by on enero 28, 2015 in Uncategorized

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Multas. Inconstitucionalidad

Martin Rausch ha enviado el fallo de la Justicia Federal de Neuquén que se adjunta, el cual versa sobre una multa por omisión de impuesto, en el que la jueza, aun aceptando que hubo ardid por parte del contribuyente, dictó sentencia declarando “…LA INCONSTITUCIONALIDAD del art. 9, inciso 1 apartado b) del Decreto 618/97 y HACER LUGAR a la acción contenciosa interpuesta por el …. contra la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, declarando la nulidad de las Resoluciones Nº 3151/10 (DV JNEU) y 129/11 (DI RNEU) que le impusiera una multa de $ 11.523,03”.

JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1 “Pérez Dalale, c/ AFIP s/Apelación multas”.

 

Posted by on enero 8, 2015 in Uncategorized

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Nuevo fallo de ajuste por inflación

Un nuevo fallo, en este caso de la Cámara, hace lugar a la aplicación del ajuste por inflación por razones de confiscatoriedad.

Se trata del decisorio “Arfinsa Financiera Argentina SA” y la Sala II de la Cámara Nacional de Apelación es en lo Contencioso Administrativo Federal, el 10/06/2014 fallo en el sentido de considerar aplicable dicha norma.

 

Posted by on julio 29, 2014 in Uncategorized

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