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Category Archives: Ley antievasion

Fallo de la Corte: Mera, Miguel: art. 2 de la ley antievasion

Alfredo Bacigaluppi ha enviado el siguiente post:

Tema: Aplicación de la Ley 25.345 (de prevención de la evasión fiscal, llamada “antievasión”), con dos cuestiones principales:

a)       Procesal: competencia del TFN ante la intimación de la AFIP en el marco del Art. 14 Ley 11.683.

b)       Sustancial/formal: el no cumplimiento de las formas de pago establecidas y su relación con los efectos fiscales en IVA  y Ganancias, concretamente el Art. 2 de la 25.345 sostiene:  “Los pagos que no sean efectuados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1 de la presente ley tampoco serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones..”

Conclusiones:

1)       Tener presente que venía siendo una cuestión no pacífica en los tribunales (al respecto y para mayor abundamiento véase el Art. publicado por Juan Oklander, Impuestos, set/2012).

2)       La Corte con fecha 19/03/2014, con opinión en contra de la Procuración de fecha 04/03/2013,  confirmó el decisorio de La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso- Administrativo Federal, Sala V, de fecha 12/07/2011  y del Tribunal Fiscal  de la Nación, Sala B, 11/11/2009.

3)       La Cámara, confirmando el fallo del TFN, concluyó que la Ley 25.345 se apartaba de la Constitución porque, como sostuvo en el considerando X,  la existencia de pagos realizados por otros medios no previstos en el Art. 1 de esta Ley, constituye un serio indicio que permite poner en duda la existencia de las operaciones, y el contribuyente debiera aportar las pruebas de ellas.  Y si del esfuerzo probatorio surge la veracidad de aquellas,  de no poder ser considerados sus efectos fiscales configuraría (textualmente):   “…….significa tanto como gravar ganancias aparentes o ficticias, y cobrar el impuesto sobre un valor agregado mayor que el añadido por el interesado. Ello comporta una exacción que carece de base legal ya que, so pretexto del incumplimiento de un “deber formal”, se habilita la recaudación de una cantidad mayor que la permitida por la ley que crea el impuesto respectivo y determina la medida del hecho imponible…..”

4)       El dictamen de la Procuración General de la Nación, suscripta por la Dra. Laura Monti , recomendó a la Corte revocar el pronunciamiento de la Cámara, fundado, básicamente: en la vigencia plena de la Ley 25.345, considerándola operativa, a pesar de la colisión con el Art. 34 de la Ley 11.683,  inclusive frente a la reforma de este, por la Ley  25.795, posterior a la “Ley Antievasión” y porque el contribuyente concreta y fundadamente no había explicitado la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley en conflicto.

5)       Los argumentos del Alto Tribunal para confirmar el anterior decisorio,  se basaron en:

. No detiene el análisis en la exegesis de los Arts. de la Ley 25.345 y su choque con el ordenamiento de procedimiento  tributario, sino sobre su razonabilidad, citando el precedente Hermitage SA, CSJN, 15/06/2010  (aplicación del Impuesto a la ganancia Mínima Presunta, en situación de quebranto, como presunción que no admite prueba en contrario), y como en este, sostiene que el Art. 2 de dicha normativa establece una ficción legal, irrazonable, en consonancia con el fallo de Cámara.

. Afirma la plena vigencia del Principio de Capacidad Contributiva, que se vulneraría  al no permitir el cómputo de las deducciones en ganancias y los créditos fiscales IVA de erogaciones que no respetaron los medios de pago legislados.

. Con referencia al agravio del Fisco sobre la cuestión procesal en cuanto a la apelación ante el TFN de las intimaciones por la vía del Art. 14 ley 11.683, en el considerando 7°),  lo juzgó ajeno a la vía prevista en el Art. 14 de la Ley 48,   por lo tanto omitió su consideración.

Aquí pueden ver el fallo completo.

 

La ley antievasion y la bancarización

Una nueva vuelta de tuerca a un conocido problema de colisión de normas. El conflicto se produce entre el art. 2 de la ley 25345 y el art. 34  de la ley de procedimiento; mientras que el primero  dispone que los pagos que no cumplan con la bancarización no serán computables, aun cuando el contribuyente  acredite la veracidad de las operaciones,  el segundo faculta a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente, a la utilización de determinados medios de pago; además quienes no utilicen tales medios o formas de comprobación, quedan obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados.

Como se observa se trata de dos disposiciones contradictorias, por lo cual son de imposible armonización y debe decidirse la prelación de una sobre otra. Estas situaciones se tratan según ciertas reglas conocidas, una de ellas es la de que la ley especial desplaza a la ley general y frecuentemente los tribunales han utilizado este principio para resolver las cuestiones que se les plantean.

Uno de estos casos (Mera Miguel Angel) fue sometido al Tribunal Fiscal cuya Sala B dijo que la interpretación debe resguardar el derecho de defensa del contribuyente y que, en el caso, el Fisco no había determinado la inexistencia de las operaciones; además la pericia contable había demostrado la corrección de los movimientos , decidiendo entonces el tribunal que el contribuyente tenía derecho a realizar las deducciones, así como a computar el crédito fiscal correspondiente a las compras pagadas efectivo, en la medida en que había acreditado la veracidad, de las operaciones.

Apelada dicha sentencia la Cámara (Sala V)  afirmo que,  las leyes, deben analizarse según: “…, el grado de especialidad con el que cada una de ellas singulariza el presupuesto de hecho y la correspondiente consecuencia jurídica respectiva, así como la ratio legis respectiva” y que cuando la ley antilavado niega al contribuyente la posibilidad de descontar los gastos efectivamente realizados para obtener o conservar las ganancias gravadas, el impuesto deja de recaer exclusivamente sobre las ganancias propiamente dichas, para alcanzar también a los gastos realizados para obtenerlas. Similares consideraciones realiza respecto del computo de los créditos fiscales en el IVA y, en  ambos casos, se altera el hecho imponible definido en las leyes que determinan la materia imponible y la medida de ella pues, en el primer caso, además de gravarse las ganancias reales también se gravan las ganancias aparentes o ficticias, mientras que en el segundo, también se grava el mayor valor agregado en la etapa anterior por el proveedor del responsable.

 

Posted by on noviembre 30, 2011 in Ley antievasion

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