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Category Archives: Impuestos provincailes y locales

Los impuestos provinciales y la prescripción

Con referencia a la prescripción liberatoria, el nuevo Código establece en el art. 2560 un plazo genérico de cinco años “…excepto que este previsto uno diferente en la legislación local” y, el art. 2572, el plazo de dos años para “…el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas”. La interpretación  de estas normas, en especial en lo referido a  los impuestos provinciales, no es un tema pacífico, existiendo diversas posiciones.  Parte de la doctrina sostiene que a los impuestos se aplica el art. 2572, pues se devengan por años, mientras que otros afirman se aplica el art. 2560 que fija el plazo genérico.

En este último caso, las dudas surgen respecto de la primacía o no de las normas provinciales sobre prescripción de los impuestos, por sobre las del Código ya que, más allá de la letra de éste que así lo establece, se alega que la Constitución nacional dispone que la legislación de fondo (con expresa mención  a los Códigos Civil y Comercial) es potestad del gobierno nacional, no pudiendo ejercer las provincias estas facultades, las que han sido delegadas y, por último, que una ley, como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación, no puede modificar esta expresa manda constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia de CABA, en épocas de vigencia del Código Civil anterior, se había expedido en autos Sociedad Italiana de Beneficencia en el sentido de otorgar primacía a las normas locales, pese a lo resuelto por la Corte en Ficrosa SA.

El mismo Tribunal superior, en el fallo “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros” del 23/1/2015, que se adjunta, se ha vuelto a expedir en el mismo sentido que su antecedente Sociedad Italiana de Beneficencia.

 

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La Corte Suprema y las tasas

Lisandro Yolis, a propósito del fallo de la Corte Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA, nos ha enviado el siguiente comentario:

Es sabido que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere decir algo, lo dice. De la misma forma, cuando no quiere hacerlo, no lo hace. Así, la sentencia del 29 de abril de 2015 en autos “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida S.A.” es, cuanto menos, llamativa por varios motivos.

Primera cuestión (sobre el proceso), la Corte Suprema accede ingresar en el tratamiento de la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, bajo la breve argumentación de que “la demanda deducida constituye la vía idónea para suscitar la intervención de este Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos de la aplicación de la ley tarifaria provincial a la que la empresa actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par que fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (…). En efecto, al fundarse la presente acción en la interpretación de una ley local, su confrontación con normas constitucionales y con las disposiciones nacionales pertinentes es del todo relevante para la solución del caso” (Considerando 2º). Sin embargo, el Máximo Tribunal omite ex profeso expedirse sobre los argumentos vertidos por la Procuración General en su dictamen del 29 de mayo de 2013, donde remite a su dictamen emitido en autos “Glaciar Pesquera S.A.”, donde había sostenido la inexistencia de un “acto en ciernes”, lo que conllevaba al rechazo de la acción. De ello puede colegirse que la Corte Suprema tenía interés en dictar sentencia.

Segunda cuestión (sobre las facultades de la Provincia), el Alto Tribunal considera que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “tiene facultades suficientes para imponer tasas retributivas de servicios a las empresas que operan en la zona implicada, en el marco de la verificación de las actividades que desarrollan según ese régimen promocional”, inmediatamente establece la limitación “siempre que se respete el presupuesto de reserva de ley, la naturaleza de la tasa y con la salvedad de que se retribuyan servicios efectivamente prestados” (Considerando 7º). La sentencia a continuación trata cada uno de esos puntos sobre la debatida Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos.

Tercera cuestión (principio de reserva de ley), en pocos renglones la Corte Suprema descarta la impugnación de la empresa, indicando “el principio de legalidad enunciado se cumple en la especie con el dictado de la ley provincial 854” (Considerando 9º).

Cuarta cuestión (sobre la base imponible), aquí está el nudo del fallo. El Máximo Tribunal sostiene que la Tasa del Servicio de Verificación de Procesos Productivos “encuadra prima facie en el concepto de tasa”, párrafo de por medio, expresa “[n]o obstante lo expresado, seguidamente al fijar la base imponible para la determinación de la tasa, lo hace conforme a un parámetro: ‘el valor F.O.B. de salida que figure en el permiso de embarque cumplido’, que remite concretamente a una acción ulterior al proceso productivo de que se trata y que puede o no darse, que es la exportación del producto” (Considerando 12º). De ello extrae que “es la exportación de la mercadería lo que en realidad genera el nacimiento de la obligación tributaria, en vez de exigirla en función de procesos técnicamente anteriores a ese hecho” y luego agrega la novedosa idea de “hecho imponible real” (Considerando 13º).

Quinta cuestión (sobre la finalidad de la tasa), en directa relación con la cuestión anterior, el Alto Tribunal expresó que “[e]l quehacer de la administración provincial que la tasa solventaría es idéntico y en consecuencia debería ser ajustado, si existiese, de acuerdo a una única pauta fijada según el trabajo que se realiza”(Considerando 16º) y más aún “no se advierte cuál es la razón por la cual se estableció como parámetro de la tasa el valor FOB de salida y no otro modo de cálculo de la base imponible referido concretamente a los costos que genera la prestación del servicio que se pretende solventar” (Considerando 14º, el resaltado me pertenece). Adicionalmente, considera que “la tasa debería abonarse sin excepción, más allá de que se produzca o no la exportación de los productos. Más aún, en el supuesto de que la mercadería no llegara a exportarse, no habría monto a ingresar” (Considerando 14º).

Sexta cuestión (sobre las aduanas interiores), la Corte Suprema determina que la Provincia “está instaurando un derecho de exportación antes que una tasa de verificación de servicios cumplidos”.

Séptima y última cuestión (sobre el principio de igualdad), respecto de las diferentes alícuotas (2% sobre exportaciones al territorio continental y 3% sobre exportaciones a otros países), el Alto Tribunal sostiene que “frente a supuestos procesos de verificación análogos, se fijan tasas diferenciales sin una justificación razonable que lo sustente”, añadiendo “[e]l servicio que debería justificar el ingreso de la tasa es el mismo, por ello no se advierte razón para establecer porcentajes distintos según el destino” (Considerando 16º).

La motivación del presente comentario es entender la naturaleza de la tasa en la concepción de la Corte Suprema y sus posibles implicancias sobre otras tasas. Muchas jurisdicciones han establecido tasas tomando como base imponible los ingresos brutos de las empresas, cabe preguntarse entonces si el Máximo Tribunal ha querido decir algo más en su sentencia. Quizás, solapadamente ha dejado entrever su opinión sobre un posible planteo al respecto.

A modo de conclusión, puede considerarse que la Corte Suprema, como invariablemente lo hace, ha elegido cuidadosamente las palabras y los argumentos para expedirse en un caso, en el cual no tenía necesidad de hacerlo. Puede que, quizás, constituya un anticipo de lo que podría sentenciar respecto de las tasas que toman como base imponible los ingresos brutos de las empresas. Veremos que nos depara el futuro.

Antecedentes:

Dictamen PGN Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida SA

Dictamen PGN Glacial Pesquera SA

 

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La tasa vial de Córdoba: ¿es una tasa? (*)

Recientemente, la Provincia de Córdoba sancionó la ley N° 10.081 (http://www.prensalegiscba.gov.ar/img/notas/adjunto-3665.doc) que en su artículo 1° dispone:

Créase la “Tasa Vial Provincial”, en adelante denominada “la Tasa”, destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley Nº 8555, la que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de consumir o adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba.

La ley 23548 de coparticipación  federal, en su art. 9 inc. b) veda a las provincias aplicar, por sí o sus organismos administrativos y municipales, gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esa Ley. Es por ello que debe analizarse la naturaleza jurídica del presente gravamen y, para ello, el art. 16 del Modelo de de Código Tributario para América Latina dice que tasa es “El tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente”; mientras que Jarach (Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3° ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2004, p. 234). Dice que “La tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo”.

Por su parte la Corte (CSJN, 23/6/2009, “Laboratorios Raffo S.A. c. Municipalidad de Córdoba”, Fallos 332:15049 ha dicho que la tasa es una “Categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en este caso consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar el pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en el mismo, ya que el servicio tiene en mira el interés general (…) y al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente” y sus citas)”.

La CSJN ha continuado, luego de 2009, con esta línea en otros casos luego también procedentes de la Provinciade Córdoba, cuyo Tribunal Superior, por el contrario, mantiene la polémica postura sobre tasas de “Fleischmann Argentina Incorporated c. Municipalidad de Córdoba – Plena Jurisdicción – Recurso Directo” (TSJ, 20/02/2001, Sala CA, LLC, 2003-301). En efecto, para el TSJ el tributo puede ser calificado como tasa o impuesto según las circunstancias del caso y sosteniendo que la efectiva prestación del servicio no es un requisito para el cobro de las tasas.

Así las cosas, la cuestión es determinar si realmente existe la concreta y efectiva prestación de un servicio público, individualizado hacia el contribuyente, que vincule al hecho de consumir o adquirir combustibles líquidos y GNC en la Provincia de Córdoba, con el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial. Obsérvese que pudiera ocurrir que quien circula por esas rutas compre el combustible en otra provincia o quien compre en Cordoba, circule por otras jurisdicciones. Se entiende que aquí falta el elemento de servicio individualizado hacia el sujeto pasivo.

(*) Investigación jurisprudencial a cargo de Tadeo Leandro Fernández

 

Proyecto de “cargo solidario” a los profesionales platenses

La Dra. Valeria Verdolini nos informa que en la Ciudad de La Plata existe un proyecto de ordenanza para gravar a los profesionales que no tengan local abierto al público con un “cargo solidario” para el sostenimiento del Centro de Emergencias Médicas, Accidentes y Catástrofes (CEMAC), y de la red de centros de atención primaria de la salud, centros de integración comunitaria, jardines de infantes, escuelas, comedores y las áreas especiales protegidas que se encuentran bajo jurisdicción municipal

Las normas del proyecto son:

ARTÍCULO 151. Los profesionales con título universitario y los egresados del Nivel de Educación Superior, en los términos de la Ley N° 13.688, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, contribuirán, en sustitución de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, al Fondo Solidario de Retribución a la Salud y la Educación

ARTÍCULO 152. El cargo solidario que se instituye en el artículo anterior, … resultará de aplicación respecto de aquellos colegiados que en el ejercicio individual y específico de sus incumbencias profesionales, no encuadren en ninguno de los siguientes supuestos:
Encontrarse organizados en forma societaria, ya sea ésta civil o comercial.
Hallarse constituidos como consultorios integrales que agrupen dos o más profesionales de la misma o distinta profesión, repartan o no utilidades entre sí.
Cuando los servicios profesionales sean complementados con una explotación comercial, o actividades anexas, o tenga preponderancia fundamental la inversión de capital.
Tener tres (3) ó más empleados, o a otro u otros profesionales afectados directamente a temas de la profesión, estén o no en relación de dependencia.
Poseer una o más sucursales dentro o fuera del Partido, cualquiera sea el lugar en que se encuentre la casa central.

Se adjunta informe29-11-12 Proyecto de cargo

Colofon: la voracidad fiscal no tiene limites y es mucho el ingenio del legislador por crear nuevos hechos imponibles. Se esperan comentarios.