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Category Archives: impuesto a las ganancias

Aspectos tributarios de Uber en la Argentina

La aparición en Buenos Aires de Uber ha dado lugar a diversas polémicas, que son bien conocidas por todos.

El funcionamiento del sistema, según publican los medios de comunicación, es el siguiente: los pasajeros interesados en contratar el servicio deben bajar una aplicación a su teléfono celular y cargar los datos de su tarjeta de crédito, de la cual se debitará el costo de los viajes que realicen. Aquellos que se ofrezcan como choferes, por su parte, quienes son identificados por Uber como “socios”, deben cumplir ciertos requisitos, y reciben periódicamente la liquidación de los viajes que realicen. Uber retiene una comisión de ese monto, que representa su beneficio.

Los aspectos tributarios del negocio dan lugar a muchas preguntas, algunas de las cuales se enuncian y se invita a los lectores a contestarlas y/o agregar sus propias inquietudes:

  • El sistema Uber parece no tener sede en el país, ¿es un beneficiario del exterior?
  • En tal caso, ¿quién es el responsable de actuar como agente de retención? ¿La entidad emisora de la tarjeta de crédito?
  • El taxista, a tenor de la jurisprudencia vigente, es un sujeto empresa, ¿pero el transportista de Uber será tal? ¿Y si presta servicios en forma no continua? ¿Existe el sujeto empresa temporario e intermitente?
  • ¿Uber esta eximido de emitir facturas?
  • ¿Sus prestaciones están alcanzadas por IVA?
 

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Exenciones: concepto de “bien público”

La sala B de la Cámara Federal de Córdoba se ha expedido, el 21/12/2015, en autos Centro Comercial e Industrial de Arroyito c/ AFIP sobre los requisitos que deben cumplimentar las asociaciones civiles y fundaciones para gozar de la exención del art. 20 inc. f).

En el caso se trataba de una entidad que prestaba diversos servicios a sus asociados y, a tenor de otros fallos de la Corte, entre ellos la Asociación Rosarina de Anestesiología, considerando que “…para ser beneficiado o poder acceder a la exención impositiva que nos ocupa, no basta o no alcanza con la mera enunciación de objetivos o postulados que, aparentemente, resultan socialmente útiles y benefician a la sociedad en su conjunto pero que, en los hechos, sólo tienen aplicación concreta en relación al grupo de aquellos que se encuentran asociados o afiliados a la entidad…” y que “… las mismas constituyen claramente labores y actividades que tienden a beneficiar el interés puramente individual de cada uno de sus asociados”.

Por último, dice que: “… la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo sobre la temática aquí analizada, entendió que una correcta interpretación del art. 20, inc. f, de la ley del impuesto a las ganancias la lleva a concluir que una exégesis o interpretación que afirme “…que el concepto de beneficio público no se altera si la finalidad de la asociación se circunscribe al beneficio exclusivo de los socios de la entidad, haciendo de tal manera que los réditos o recursos logrados por el esfuerzo común sean destinados únicamente al beneficio de los socios…es palmariamente contradictoria con la noción de entidad de “beneficio público” que justifica el otorgamiento de la exención del impuesto a las ganancias, en tanto implicaría admitir la dispensa del tributo aunque el único fin perseguido por el ente sea el beneficio de sus propios integrantes…”.

CFCórdoba, sala B, Centro Comercial e Industrial de Arroyito c/ AFIP

 

Posted by on enero 22, 2016 in Exenciones

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Los impuestos provinciales y la prescripción

Con referencia a la prescripción liberatoria, el nuevo Código establece en el art. 2560 un plazo genérico de cinco años “…excepto que este previsto uno diferente en la legislación local” y, el art. 2572, el plazo de dos años para “…el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas”. La interpretación  de estas normas, en especial en lo referido a  los impuestos provinciales, no es un tema pacífico, existiendo diversas posiciones.  Parte de la doctrina sostiene que a los impuestos se aplica el art. 2572, pues se devengan por años, mientras que otros afirman se aplica el art. 2560 que fija el plazo genérico.

En este último caso, las dudas surgen respecto de la primacía o no de las normas provinciales sobre prescripción de los impuestos, por sobre las del Código ya que, más allá de la letra de éste que así lo establece, se alega que la Constitución nacional dispone que la legislación de fondo (con expresa mención  a los Códigos Civil y Comercial) es potestad del gobierno nacional, no pudiendo ejercer las provincias estas facultades, las que han sido delegadas y, por último, que una ley, como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación, no puede modificar esta expresa manda constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia de CABA, en épocas de vigencia del Código Civil anterior, se había expedido en autos Sociedad Italiana de Beneficencia en el sentido de otorgar primacía a las normas locales, pese a lo resuelto por la Corte en Ficrosa SA.

El mismo Tribunal superior, en el fallo “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros” del 23/1/2015, que se adjunta, se ha vuelto a expedir en el mismo sentido que su antecedente Sociedad Italiana de Beneficencia.

 

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Agentes de retención. Aplicación del art. 40

La Corte, en autos San Juan SA c/DGI (27/10/2015), ha fallado un caso de aplicación del art. 40 de la ley de impuesto a las ganancias, dicha norma autoriza al fisco a impugnar los gastos, cuando no se hubiere practicado la retención del impuesto.

El contribuyente sustentó su defensa en que la erogación correspondía a compra de bienes de cambio, los que constituyen un “costo” no un “gasto”, por lo que la norma no sería aplicable y en no haber podido actuar como agente de retención, debido a que las adquisiciones de bienes, en un periodo de profunda crisis económica, fueron realizadas mediante un pool de compras, que negociaba directamente las condiciones con los proveedores e incluso efectuaba los pagos a éstos.

La Corte rechazó la distinción entre “gastos” y “costos”, diciendo que la norma se aplicaba a los “pagos” y, además, que acreditado el incumplimiento de la obligación legal que pesa sobre el agente de retención, la consecuencia prevista por la norma -la posibilidad de que el Fisco impugne en el balance fiscal el gasto realizado por aquel (art. 40, LIG)- excede el mero interés patrimonial que es protegido por otras disposiciones del ordenamiento jurídico al consagrar la responsabilidad solidaria por el tributo omitido (art. 8, inc. c), L. 11683) y, en consecuencia, funciona como un castigo al infractor, cuya finalidad es restaurar el orden jurídico infringido, y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario.

 

Posted by on noviembre 5, 2015 in Omision de retener

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Aclaración sobre la 3ª edición del libro Impuesto a las Ganancias

Quisiera aclarar que, por un error, en la tercera edición de mi libro “Impuesto a las Ganancias” figura que la fecha de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es el 1/1/2016, cuando la correcta es el 01/08/2015. Al momento de entregar la obra a la editorial (en diciembre de 2014), la fecha estipulada era el 1/1/2016. Luego, esa fecha se adelantó, pero el cambió no fue recogido en el texto.

Me disculpo por este error, que excede mi responsabilidad. Me han prometido que en la versión en e-book se realizará la corrección correspondiente.

 

3ª edición de Impuesto a las Ganancias

La editorial La Ley ha lanzado la 3ª edición del libro de ganancias de mi autoría. En los siguientes links se consiguen las ediciones disponibles:

Impuesto a las Ganancias: Teoría, Técnica y Práctica (E-book + Papel)

IImpuesto a las Ganancias: Teoría, Técnica y Práctica (E-book)

Tercera edición libro Impuesto a las Ganancias - Luis Omar Fernández

Las principales novedades que contiene están referidas a la mejora de los índices de fallos, bibliografía, dictámenes y abreviaturas, agregándose uno de voces para facilitar la consulta de la obra; con el mismo propósito se ha mantenido el detallado índice general cuyo propósito original fuera, de algún modo, facilitar la búsqueda de los temas, ante la falta de un índice de voces.

Las principales novedades de la obra, además de la actualización citada, se refieren a reorganización de algunos temas, incorporación de otros  y los comentarios sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ley 26994 así como sobre el Digesto Jurídico Argentino, ley 26939.

En el primer aspecto, se han reordenado los contenidos de los Capítulos, manteniendo por razones de orden su numeración, con lo que algunos temas han mudado su ubicación, por ejemplo el tratamiento de los instrumentos derivados se ha trasladado al Capítulo de Operaciones Financieras, lo cual ha sido indicado específicamente en la ubicación anterior. Además, como como de facilitar un abordaje integral en los temas que lo requieren, se han hecho referencias cruzadas indicando el lugar de la obra donde se puede complementar cada tratamiento u observarlo desde una óptica diferente.

Los principales tópicos incorporados han sido los regímenes de información, en especial del sector agropecuario, dado que tienen una influencia tributaria indirecta porque su falta de cumplimiento acarrea la aplicación de mayores alícuotas de retención. También se analizan el impuesto a la transferencia de inmuebles y, con mayor detalle, el régimen simplificado y todo lo relacionado con los concursos y quiebras.

En cuanto al Código Civil y Comercial de la Nación la forma de incorporar estas novedades ha planteado una nueva cuestión. Escribir una obra que pretende ser útil con las normas actuales y otras futuras, implica todo un  desafío, en especial por la forma de presentación del texto, que permita al lector tener a su alcance las nuevas disposiciones, incluidas en la sección  que corresponda, pero sin que el texto  se “corte” con párrafos intercalados que, haciendo referencia a las mismas, dificulten o entorpezcan la lectura de las vigentes; para ello se han empleado dos juegos de notas: al pie de cada página,  con las referencias habituales a leyes, fallos, dictámenes y otros materiales que deben considerarse y, al fin del capítulo, con las atinentes a las nuevas normas.

En los aspectos formales, las referencias y comentarios relativos al nuevo Código se identifican siempre con letra bastardilla y se encuentran al final del capítulo con la nomenclatura (i), (ii)……… Cuando se trata de una simple apostilla, se ha utilizado una nota numérica correlativa al pie, con texto también en bastardilla.

En los casos en que la obra menciona normas de los Códigos Civil o de Comercio en vigencia, se han transcrito, cuando existen y estén relacionadas, algunas de las normas del Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26994. Cuando se lo consideró pertinente, se han hecho breves análisis de la influencia de estas últimas en el tratamiento tributario que se analiza o de la situación de indefinición que se ha producido, tanto con el nuevo Código, como con la derogación de diversas leyes que prevé el mismo; además, en algún caso se han sugerido eventuales normas, que solucionarían esas dificultades o se han detallado con más precisión los inconvenientes que existirán a partir de la vigencia del nuevo Código.

Este criterio se ha empleado para el estudio, entre otros, de los contratos de fideicomiso y leasing y del derecho real de superficie. Por su parte, de este último, se ha hecho un análisis más detallado, sugiriendo las normas tributarias aplicables, basado en una ponencia del autor en el 15° Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se celebrara del 7 al 9 de agosto de 2013.

 

Posted by on septiembre 28, 2015 in impuesto a las ganancias

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Ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias: ¿Cuándo aplicarlo?

Hemos recibido del colaborador Lisandro Yolis el siguiente comentario sobre el estado actual de la cuestión del título:

La reciente medida cautelar otorgada por el Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba (18 de agosto) ha llamado la atención en diversos ámbitos.

A través de una medida cautelar, el Juzgado ordenó a la AFIP que arbitre los medios necesarios a fin de que la empresa Bodegas Esmeralda presente la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2015, aplicando el ajuste por inflación impositivo, tomando como índice de ajuste el índice de Precios al por Mayor nivel general publicado por INDEC.

En el caso, según pone de relieve la resolución, la bodega había probado que la no aplicación del ajuste por inflación importaba que el impuesto absorbiera el 47,38% del resultado impositivo ajustado por inflación y el 47,99% de las utilidades contables ajustadas por inflación.

Esta medida cautelar se inserta en un contexto donde la cuestión del ajuste por inflación ha cobrado nuevamente relevancia.

Algunos días antes (13 de agosto), la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba sostuvo la aplicación del ajuste para el período fiscal 2011. En esta oportunidad, se señaló que “practicados los cálculos… las tasas efectivas de impuesto a las ganancias ascienden a 45,67% (ajustado por IPIM…) y a 52,00% (ajustado por IPI e ICC…) resultando por tanto superiores a las consignadas en el Certificado Contable obrante en autos, las cuales son de 40,20% y 47,50%, respectivamente”.

Asimismo, debe recordarse que el 11 de agosto la Corte Suprema, al aplicar el artículo 280 del CPCCN, dejó firme la sentencia de la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza que había permitido la aplicación del ajuste por inflación al período fiscal 2010 a la empresa Gas Cuyana, por extensión del precedente “Candy SA” (Fallos 332:1571). En esa oportunidad, con cita del informe del perito contador, la Cámara tuvo por probado que, de no aplicarse el mecanismo mencionado, la firma debería ingresar un impuesto igual al monto que surgiese de aplicar la alícuota del 153% sobre el resultado impositivo ajustado por inflación.

Estos precedentes ponen de manifiesto un problema concreto sobre el tema: ¿cuál es el límite de la confiscatoriedad para que resulte aplicable el ajuste por inflación?

Este problema surge a raíz de la falta de autorización legal para la aplicación del ajuste por inflación. Desde hace algunos años y dejando de lado la discusión sobre porcentajes, el INDEC ha reconocido cierto nivel de inflación, pero la AFIP no ha autorizado formalmente la aplicación del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias. Esto conlleva necesariamente a un conflicto entre la realidad económica y la realidad impositiva.

Si bien el problema surge por lo expuesto, lo cierto es que se pone de manifiesto y se agrava por la actuación de la justicia.

La omisión de la Corte Suprema de establecer un porcentaje mínimo y claro de confiscatoriedad para la aplicación del ajuste por inflación, deriva irremediablemente en que cada tribunal federal del país pueda considerar confiscatorio un porcentaje diferente.

La Cámara Federal de Mendoza sostuvo que: “Atento a que en la misma causa [“Candy SA” (Fallos 332:1571)] se consideró acreditado el perjuicio por representar para Candy el pago del impuesto a las ganancias, sin aplicar el APIDRI, más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas por inflación, es que resulta razonable considerar que dichos porcentajes constituyen el límite a partir de los cuales existe confiscatoriedad” (punto V).

El Juzgado Federal de Córdoba, por su parte, omite cualquier tipo de determinación de porcentaje mínimo, considerando confiscatorias detracciones inferiores al 50% del resultado impositivo y de las utilidades contables, ambos ajustados. Más aún, la Cámara Federal de Córdoba, en el caso citado, había expresado que “de no aplicarse el mecanismo de ajuste impositivo por inflación al ejercicio cerrado al 30/06/2011 de la sociedad, implicaría que la misma debe ingresar alícuota efectiva superior a la prevista por la Ley del Impuesto a las Ganancias del 35%”. En otras palabras, del texto puede colegirse que cualquier alícuota efectiva superior al 35% sería inconstitucional por confiscatoria.

Como consecuencia de ello, la cuestión termina siendo casuística y dependiendo casi exclusivamente del criterio individual de cada juzgador.

Creo, en definitiva, que, hasta tanto el legislador o administrador decida permitir formalmente la aplicación del ajuste por inflación, corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación unificar y determinar el porcentaje de absorción aplicable, ya que es la única forma de garantizar la seguridad jurídica.

Ju.z Fed. Córdoba Bodegas Esmeralda SA

Cam. Fed. Mendoza Distribuidora de Gas Cuyana SA

CSJN, Distribuidora de Gas Cuyana SA

Cam Fed. Córdoba Sanatorio Allende SA

 

Posted by on septiembre 18, 2015 in ajuste por inflación

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Cuidado con las citas

Cuando en algunos fallos o dictámenes se mencionan citas bibliográficas, la prudencia aconseja recurrir a la fuente mencionada, para conocer el contexto de la cita y poder analizar su pertinencia; esta práctica me ha producido sorpresas, algunas desarrolladas en otro lugar (1) y otras como la que se comenta.

En el resumen del fallo Griselda Maria De las Nieves (2) donde se trataba de la inclusión en el tributo de las retroactividades generadas por una renta vitalicia previsional,  la mayoría cita mi libro Impuesto a las Ganancias donde, analizando el inc. v) del art. 20 se dice que “…la razón subyacente de esta disposición es que para el acreedor no existe ningún tipo de ganancia, sino solamente el recupero en valores constantes de su acreencia” pero no se menciona que, como también se dice en la obra y establece la propia ley, esta norma se aplica, para quienes declaran sus rentas por el criterio de lo percibido, como es el caso, a las actualizaciones posteriores a la percepción.

Como se sabe las retroactividades jubilatorias se perciben cuando se produce su pago, situación que en el caso no se ha producido, por lo que la solución es la contraria: están comprendidas en el tributo. A mayor abundamiento, la ley tiene un mecanismo propio (art. 18 inc. b) 3er párrafo), de carácter optativo, para imputarlas cuando la percepción provoque una aumento desmedido del tributo.

 

(1)   En el art. “Algo más sobre las multas”, publicado en el Consultor Tributario de febrero 2015   mencioné un dictamen en el cual, la cita de un concepto del Dr. Enrique J. Reig, al ser sacada de contexto, fundamentaba una opinión contraria a la que el autor exponía en su obra.

(2) CFSS, sala I, Cappiello, Griselda Maria De las Nieves y Otro c/P.E.N. y otro s/Amparos y Sumarisimos

Ver fallo y comentario en http://www.diariojudicial.com/fueroseguridadsocial/El-retroactivo-de-la-renta-vitalicia-no-paga-Ganancias-20150313-0001.html

 

Posted by on abril 8, 2015 in Exenciones

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Diferimiento SAC

Alfredo Bacigaluppi ha enviado la siguiente consulta:

Una empresa que habitualmente paga sus sueldos el ultimo día de cada mes, decide pagar los de diciembre, junto con el SAC, en enero de 2015, el motivo obvio del cambio son razones impositivas.

Las normas laborales disponen que el SAC se pague el último día hábil del semestre, por lo que no podría diferirse, pero el plazo para los sueldos, como es conocido, es diferente y habilitaría la postergación.

La pregunta está referida a si esa acción puede constituir un ilícito tributario o se estaría ante un caso de economía de opción.

 

Posted by on diciembre 17, 2014 in Percepción

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Deduccion de gastos

En el fallo que se acompaña, AFIP impugnó la deducción de subsidios en beneficio del personal, pagados a través de una asociación mutual de empleados; para ello se consideró que se trataba de las donaciones a que alude el art,.  88 inc. i) como deducciones no admitidas y que, además, no encuadraban como donaciones del art. 81  inc. c), ni como gastos del art. 87 inc. g). El Tribunal Fiscal revocó la determinación y, llegado en apelación el asunto a la Cámara, ésta confirmó la decisión apelada, considerando que dichos gastos eran necesarios, en los términos del art. 80 de la ley y, por tanto, deducibles de la ganancia gravada.

CNACAF, sala IV, AFIP DGI- c/ BADI SA, noviembre 2014

 

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