RSS

Reig, Vazquez Ger y Asociados c/Municipalidad de Buenos Aires

Texto Completo: Opinión del Procurador General de la Nación.

I. La sentencia de la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la demanda de repetición del impuesto a los ingresos brutos, entablada por la sociedad actora contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Los fundamentos tenidos en cuenta por el tribunal a quo se asientan en un prolijo análisis de las normas locales, llegando a la conclusión de que la pretensión no puede prosperar, por cuanto la sociedad demandante, integrada por profesionales liberales, se halla organizada en forma de empresa.

Para llegar a ese aserto se partió del examen de las siguientes circunstancias de hecho. La actora, organizada como sociedad civil, presta servicios a través de sus socios y dependientes, realizando todos ellos una tarea en forma personal. Siete de los profesionales son socios del estudio y los veintinueve restantes se encuentran en relación de dependencia; asistidos por 30 empleados más, al servicio de la organización.

Se admitió que la labor profesional que desarrollan los diplomados en ciencias económicas, que trabajan en relación de dependencia, desde un punto de vista técnico goza de libertad, por cuanto el empleador no puede darles órdenes o imponerles criterios; pero en otros aspectos carece de esa independencia, al estar los profesionales sujetos a asistencia, horario, pérdida de la libertad de elección del cliente y estipulación del honorario, etc., aspectos éstos reglados por el principal.

El decreto reglamentario de la ordenanza, para determinar la existencia de una empresa gravada, establece, entre otros criterios, la prestación de servicios que sean preponderantemente fruto del trabajo en relación de dependencia. Según el a quo, el criterio que sigue la norma local no toma en cuenta la subordinación técnica, sino la jurídica, caracterizada por la facultad de fiscalización y dirección que tiene el principal respecto del empleado, salvo en lo referente al aspecto técnico del trabajo.

Frente a las circunstancias fácticas que surgen de la prueba rendida en autos, la cámara llegó a la conclusión que apunté, basada en que los veintinueve contadores que están a sueldo son dependientes, puesto que no tienen ingresos adicionales o participan en las utilidades, las que se distribuyen en forma íntegra entre los socios. En consecuencia, en el servicio ofrecido por la sociedad demandante prevalece la labor profesional, desarrollada en forma personal e independiente desde el punto de vista técnico y de alto contenido intelectual, pero fruto del trabajo en relación de dependencia de 29 contadores, sobre la de los 7 socios profesionales.

II. Contra este pronunciamiento planteó la actora recurso extraordinario que, al ser rechazado ha dado origen a la presente queja.

El primero de los agravios que sustentan la apelación se vincula con la aducida violación del régimen de coparticipación federal, instrumentado por la ley 20.221. Ello así, por cuanto de acuerdo al criterio de la recurrente el impuesto a los ingresos opera como directo, identificándose con el impuesto directo a las ganancias, violentando las prohibiciones establecidos en el art. 8° de la norma, modificada por la ley 22.770. Sostiene, en tal sentido, que “el efecto directo del impuesto a los ingresos brutos, en el caso de autos, opera porque como el ejercicio de la profesión liberal no lo es a través de una empresa, como unidad económica independiente de los socios, el gravamen, recae directamente en el ingreso que perciben, sin posibilidad de trasladarlo, al igual que el impuesto a las ganancias, que también abona cada uno de ellos por sí.

A mi modo de ver, la aparente cuestión federal, más allá de que no fue sometida oportunamente al tribunal a quo en oportunidad de contestar los agravios del municipio, no está configurada, toda vez que la contradicción normativa parte del supuesto de la inexistencia de una empresa, como unidad económica independiente de los socios; circunstancia de hecho que la Cámara desestimó. En efecto, la comprobación de que se estaba frente a una empresa, de acuerdo a las previsiones de la norma local y su reglamentación, determinó el rechazo de la demanda.

La situación planteada en autos difiere de la que examino al expedirme en la causa “La Plata Remolques S. A. c. Provincia de Buenos Aires s/repetición” (L. 338, L. XXI), puesto que allí la retribución por la actividad comercial de la actora se encuentra limitada por la existencia de una tarifa oficial, en la que no se computa la incidencia del impuesto cuestionado sobre los costos de aquélla.

Por otra parte, la jurisdicción originaria que el tribunal ejerce en ese caso lo dota de una amplitud para analizar los aspectos fácticos del litigio de la que carece en el presente, donde la posibilidad de revisar lo decidido por el a quo acerca de ellos se encuentra subordinada a la demostración de arbitrariedad.

III. Advertida de tal limitación, es precisamente esa tacha la que constituye el segundo de los agravios que la apelante plantea.

Sostiene, pues, que el decisorio resulta arbitrario en cuanto se hacen prevalecer en él índices cuantitativos para concluir la existencia de una “empresa” en función del número de personas en relación de dependencia; en lugar de tomar en cuenta otros parámetros, determinados por el predominio de la labor de los socios, en relación a la falta de experiencia y de prestigio de los profesionales dependientes, así como las modalidades del trabajo de estos últimos.

Según lo ha reiterado V. E., la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 307:257; entre otros).

Sobre la base de la doctrina así expuesta, encuentro que el pronunciamiento apelado no puede ser acusado de arbitrario, pues pone en evidencia por parte del juzgador un cuidadoso análisis de las circunstancias del caso y de la normativa aplicable; frente a él, los agravios de la recurrente revelan sólo su discrepancia con las conclusiones del fallo, a partir de una inteligencia distinta de los elementos de convicción a tomar en cuenta.

Por lo demás, no observo que este caso trasunte gravedad institucional, toda vez que los intereses en juego se circunscriben a la esfera patrimonial de la sociedad reclamante, sin proyectarse sobre instituciones básicas de la comunidad, ni adquirir trascendencia social.

IV. Opino, en conclusión, que corresponde rechazar esta queja. — Julio 25 de 1989. — Andrés J. D’ Alessio.

Buenos Aires, mayo 14 de 1991.

Considerando: 1) Que la sentencia de la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la demanda de repetición del impuesto a los ingresos brutos articulada por la sociedad actora contra la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Contra esa decisión aquella sociedad interpuso recurso extraordinario en el que invoca, esencialmente, estar exenta del pago del tributo por aplicación de lo dispuesto en el art. 137, inc. k) de la ord. 38.568/83 –que exime al “ejercicio de profesiones liberales universitarias no organizado en forma de empresa”– y en su dec. reglamentario 3707/83. La denegación del remedio federal dio origen a la presente queja.

2) Que el dec. municipal 3707/83 reglamentario del art. 137, inc. k, antes transcripto, dispone que:

“Se entiende por ejercicio de profesiones liberales universitarias al que se efectúa personalmente por graduados con título universitario habilitante e inscripción en la matrícula respectiva”.

“La simple asociación o sociedad de profesionales dirigida a organizar la prestación de los servicios sin que llegue a constituir una unidad económica independiente de sus integrantes, no configura forma de empresa a los fines de esta exención”.

“La organización en forma de empresa se presume, salvo prueba en contrario, cuando la actividad profesional encuadre en cualquiera de los siguientes supuestos: a) profesionales que presten los servicios agrupados según cualquiera de las formas societarias contempladas por la ley 19.550 o cuyas retribuciones sean transferidas total o parcialmente a una sociedad de esa naturaleza; b) prestación de servicios que sean preponderantemente fruto de inversiones de capital o de trabajo en relación de dependencia, si la labor profesional independiente y personal resulta sólo subsidiaria o complementaria en relación a aquéllos, como en los casos de empresas constructoras, clínicas, farmacias y centros de cómputos; c) ejercicio profesional desarrollado bajo nombre de fantasía”.

3) Que pese a los claros términos del segundo párrafo de la norma referida en el considerando anterior, la cámara subordinó su interpretación a las prescripciones del Código Civil y en particular a lo que éste dispone en sus arts. 33 y concs. Afirmó el a quo que este párrafo del dec. 3707/83 “plantea una primera y seria contradicción”, puesto que “por definición, toda sociedad constituye una unidad económica independiente de sus integrantes”. En tal sentido, sostuvo que al entender lo contrario y admitir la hipótesis de sociedades que no tengan carácter de unidades económicas independientes, el decreto reglamentario –a juicio de la cámara– ha prescindido del principio de la personalidad de las sociedades, de modo tal que si éste se respeta sería forzoso concluir que nunca habría exención.

4) Que la exégesis resumida precedentemente es pasible de serios reproches. Efectivamente, no es admisible una interpretación que equivalga a la prescindencia del texto legal, desde que la primera fuente de hermenéutica de la ley es su letra . Por otra parte, la inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que los concilie y deje a todos con valor y efecto en tanto que cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador y, en tal sentido, debe siempre preferirse la interpretación que favorece, y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma.

En el contexto expuesto, tampoco puede olvidarse, como lo hizo el a quo, que el derecho privado ha perdido la preeminencia que en un principio tenía sobre el derecho tributario, por los conceptos, reglas, institutos y métodos suficientemente desarrollados con que éste cuenta. Las normas de derecho privado y las de derecho público fiscal actúan, frecuentemente, en ámbitos diferentes y persiguen objetivos distintos; de esto se deriva que el Estado, con fines impositivos, tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que les es propia. Confundir el principio atinente a la personalidad jurídica de las sociedades con la noción de empresa que constituye una “unidad económica independiente”, importa, cabe insistir, una equivocación grave y descalificadora. En un antiguo precedente (“Duhalde, Pedro D. c. Nación Argentina”,), esta Corte declaró que las figuras del derecho civil “actúan en las relaciones de las personas entre sí o con terceros”, en tanto que los principios del derecho fiscal “rigen solamente en orden al propósito impositivo del Estado”, lo que quiere decir que aquéllas y éstos imperan en zonas que no son confundibles ni necesariamente subordinables las unas a las otras. Y en el mismo precedente, con específica referencia al concreto tema “sub examine”, se dijo: “Por eso la distinta personalidad que el derecho común atribuye a la sociedad con respecto a los socios puede no tener influencia alguna en los preceptos que establezca el derecho público en su rama conocida como derecho fiscal”, ya que éste pondera, sobre todo, “las distintas manifestaciones de la actividad económica” y lo hace muchas veces sin atarse “a las clasificaciones del derecho privado” (consid. 5°). Algunos años más tarde, en el caso “Bombal, Domingo L.”, el tribunal puso en claro que la “unidad económica” de una “empresa” es una circunstancia que depende de la “materialidad de las cosas” y de “la naturaleza de los negocios” (consid. 6°). Es decir que representa un dato funcional verificable, por completo extraño a las nociones y categorías del Código Civil. La idea central acaso sea la que puede leerse en Fallos: 243:98, consid. 7°: “Las leyes impositivas pueden tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil” y viceversa.

5) Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, en lo que concretamente atañe a la solución del litigio planteado, es decisivo tener presente que el tribunal a quo sustentó contemporánea y fundamentalmente su pronunciamiento en la presunción del inc. b) del decreto reglamentario. Tal disposición, vale recordar, presume que hay organización en forma de “empresa” cuando la prestación de servicios sea “preponderantemente fruto… de trabajo en relación de dependencia, si la labor profesional independiente y personal resulta sólo subsidiaria o complementaria en relación a aquéllos”.

6) Que, para así resolver, el a quo partió de las siguientes circunstancias de hecho cuya revisión, por cierto, resulta ajena a esta instancia de excepción. La actora –manifestó– organizada como sociedad civil, presta servicios a través de sus socios y dependientes realizando todos ellos una tarea en forma personal. Siete de los profesionales son socios del estudio y los veintinueve restantes se encuentran en relación de dependencia; asistidos por 30 empleados más, al servicio de la organización.

Se admitió que la labor profesional que desarrollan los diplomados en ciencias económicas, que trabajan en relación de dependencia, desde un punto de vista técnico goza de libertad, por cuanto el empleador no puede darles órdenes o imponerles criterios; pero en otros aspectos carece de esa independencia, al estar los profesionales sujetos a asistencia, horario, pérdida de la libertad de elección del cliente y estipulación del honorario, etc., aspectos éstos reglados por el principal.

Frente a las circunstancias fácticas que surgen de la prueba rendida en autos –tampoco revisables en esta instancia– la Cámara llegó a la conclusión indicada, sobre la base de ponderar que los veintinueve contadores que están a sueldo son dependientes, puesto que no tienen ingresos adicionales o participan en las utilidades, las que se distribuyen en forma integra entre los socios. En consecuencia, en el servicio ofrecido por la sociedad demandante prevalece la labor profesional, desarrollada en forma personal e independiente desde el punto de vista técnico y de alto contenido intelectual, pero fruto del trabajo en relación de dependencia de 29 contadores, sobre la de los 7 socios profesionales.

7) Que los argumentos recién reseñados sustentan por sí mismos suficientemente al pronunciamiento impugnado como acto jurisdiccional válido. Ellos resultan, por otra parte, ciertamente autónomos en relación a los fundamentos censurados en el consid. 4°.

En tales condiciones, resulta aplicable al caso la conocida jurisprudencia de esta Corte, con arreglo a la cual la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que groseras deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional . En tal contexto, en los aspectos de la sentencia de que aquí se trata, se advierte por parte del juzgador un cuidadoso análisis de las circunstancias del caso y del derecho local aplicable; frente a él, los agravios de la recurrente revelan únicamente su discrepancia con las conclusiones del fallo, a partir de una inteligencia sólo distinta de los elementos de convicción a tomar en cuenta.

8) Que tampoco merecen favorable tratamiento los agravios vinculados con la alegada violación del régimen de coparticipación federal, pues además de que la cuestión no fue sometida oportunamente a consideración del tribunal a quo, el progreso de esta pretensión inexcusablemente requería –por exigencias del propio planteo de la apelante– la demostración de la inexistencia de una empresa como unidad económica independiente de los socios, lo que encuentra óbice decisivo en el desarrollo argumental que ha formulado la Cámara sobre el particular y que resulta –por su índole– irrevisable en esta instancia. Finalmente, cabe señalar que, a juicio de esta Corte, no se advierte un supuesto de gravedad institucional que justifique su intervención.

Por ello, se desestima la queja. — Ricardo Levene (h.). — Mariano A. Cavagna Martínez (en disidencia). — Rodolfo C. Barra. — Carlos S. Fayt. — Augusto C. Belluscio (según su voto). –Enrique S. Petracchi (según su voto). — Julio S. Nazareno (en disidencia). — Eduardo Moliné O’ Connor (en disidencia).

Voto de los doctores Belluscio y Petracchi:

1) Que la sentencia de la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la demanda interpuesta por la recurrente por repetición de lo abonado en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos de los períodos fiscales 1983 y posteriores. Contra dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario, cuya denegación origina la queja en examen, fundada en la arbitrariedad del pronunciamiento recaído, exclusivamente en cuanto éste se sustenta en normas de derecho común.

2) Que la reiterada doctrina de esta Corte en el sentido de que, en materia de interpretación de las leyes tributarias, la regla metodológica reconoce primacía a los textos de dichas leyes, a su espíritu y a los principios de la legislación especial, conduce a concluir que más allá de la acepción económica de “empresa”, en este ámbito específico del derecho no existe un concepto unívoco.

Así lo revela la legislación vigente, que no lo asigna ni aun dentro de un mismo impuesto (vgr. empresa fuente, empresas constituidas con capital estatal, empresas unipersonales, empresas locales de capital extranjero, empresas de construcción; arts. 2°, 20 inc. a, 48 inc. b, 14 apart. 3° y 67, ley 20.628 –t. o. 1977 y sus posteriores modificaciones–); la norma del impuesto sobre los capitales en el que el concepto de empresa es determinante para el perfeccionamiento del hecho imponible, y que en materia de tributos locales (por ejemplo en la ordenanza fiscal del año 1978 de la Ciudad de Buenos Aires) lo estipula como “El ejercicio de una actividad económica organizada que, requiriendo el concurso del capital, tienda a la producción o cambio de bienes o prestación de servicios con fines de lucro y que lleve implícita la asunción de riesgo empresario por parte de quien lo realiza”.

Tal amplitud obsta a la admisión de la tacha de arbitrariedad formulada, puesto que no es pasible de ella la conclusión a la que arriba el tribunal a quo, al entender que la exención del tributo en favor del profesional que ejerce su actividad a título propio –“per se” o aislado–, no se mantiene cuando la actividad profesional excede las características singulares para configurar la de un sujeto de derecho distinto, susceptible de desplazar la imposición del ejercicio profesional individual para sustentarla en la actividad emergente de este nuevo ente, el cual prevalece a los fines tributarios sobre los privilegios otorgados a sus integrantes.

Por ello, se desestima el recurso de hecho planteado. — Augusto C. Belluscio. — Enrique S. Petracchi.

Disidencia de los doctores Cavagna Martínez, Nazareno y Moliné O’ Connor:

1) Que la sentencia apelada revocó la de primera instancia y rechazó la demanda de repetición referida a los importes abonados en concepto de impuesto a los ingresos brutos correspondientes a los años 1983 y posteriores. La sociedad civil demandante sostuvo que se hallaba alcanzada por la exención del pago de dicho gravamen, de conformidad con lo dispuesto en el art. 137, inc. k) de la ord. 38.568/83, dictada por el órgano competente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La exención invocada beneficia al “ejercicio de profesiones liberales universitarias no organizado en forma de empresa”.

2) Que el tribunal a quo interpretó el dec. municipal 3707/83, reglamentario de aquella ordenanza y, a ese efecto, “descartó” la norma del art. 1° párr. 3° –por las razones que más abajo se explicarán–, y apoyó sus conclusiones en el texto del inc. b) de ese mismo artículo. Declaró que, con arreglo a este precepto, la exención pretendida no es aplicable en el “sub lite”. Contra ese pronunciamiento fue interpuesto recurso extraordinario, fundado en arbitrariedad, gravedad institucional y violación de las garantías de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. El rechazo de tal recurso origina la presente queja.

3) Que si bien es cierto que, como regla, las cuestiones referentes a la interpretación y aplicación de normas impositivas locales son ajenas al recurso extraordinario (Fallos: 251:137 y sus citas; en el mismo sentido, 295:476, 824 y otros), incluidas, desde luego, las que rigen en la Ciudad de Buenos Aires (Fallos: 256:146, 289:357; 296:642), tal principio debe ceder cuando media alguno de los supuestos de arbitrariedad que esta Corte ha definido en incontables oportunidades y en especial cuando el fallo impugnado ha incurrido en manifiesta prescindencia de las normas que debió aplicar (Fallos: 285:358. Tal es, como se verá, lo que acontece en la presente causa.

4) Que el precitado art. 1°, párr. 3° del dec. 3707/83 establece que la simple asociación o sociedad de profesionales, dirigida a organizar la prestación de los servicios, “no configura forma de empresa” –lo que hace procedente la exención– cuando no llega a constituir “una unidad económica independiente de sus integrantes”. Colocada ante este precepto, la Cámara subordinó su interpretación a las prescripciones del Código Civil y en particular a lo que éste dispone en sus arts. 33 y correlativos. Sostuvo que el dec. 3707/83, en esta parte, “plantea una primera y seria contradicción”, habida cuenta de que “por definición, toda sociedad constituye una unidad económica independiente de sus integrantes” (fs. 19 del expediente de recurso de hecho, al que remitirán todas las citas siguientes). Al entender lo contrario y admitir la hipótesis de sociedades que no tengan carácter de unidades económicas independientes de sus integrantes, el decreto reglamentario –dícese– ha prescindido del principio de la personalidad de las sociedades, de forma que si éste se respeta sería forzoso concluir que nunca habría exención. El fallo en recurso, sin embargo, no arriba a esta conclusión y, como se explicará más abajo, basa su pronunciamiento negativo en otra de las presunciones de la reglamentación del dec. 3707.

5) Que la exégesis resumida en el considerando anterior adolece de palmaria arbitrariedad. Las normas de derecho privado y las de derecho público fiscal actúan, frecuentemente, en ámbitos diferentes y persiguen objetivos distintos; o sea que el Estado, con fines impositivos, tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razonables para el logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho privado, siempre que éstas no se vean afectadas en la esfera que les es propia (Fallos: 251:379 consid, 14 y resolución del Tribunal Fiscal de la Nación, publicada en Fallos: 286:97, p. 102, consid. VII. Confundir el principio atinente a la personalidad jurídica de las sociedades con la noción de empresa que constituye una “unidad económica independiente”, importa, cabe insistir, una equivocación grave y descalificadora. En un antiguo precedente (“Duhalde, Pedro D. c. Nación Argentina”, Fallos: 211:1254), esta Corte declaró que las figuras del derecho civil “actúan en las relaciones de las personas entre sí o con terceros”, en tanto que los principios del derecho fiscal “rigen solamente en orden al propósito impositivo del Estado”, lo que quiere decir que aquéllas y éstos imperan en zonas que no son confundibles ni necesariamente subordinables las unas a las otras. Y en el mismo precedente, con específica referencia al concreto tema “sub examine”, se dijo: “Por eso la distinta personalidad que el derecho común atribuye a la sociedad con respecto a los socios puede no tener influencia alguna en los preceptos que establezca el derecho público en su rama conocida como derecho fiscal”, ya que éste pondera, sobre todo, “las distintas manifestaciones de la actividad económica” y lo hace muchas veces sin atarse “a las clasificaciones del derecho privado” (consid. 5°). Algunos años más tarde, en el caso “Bombal, Domingo L.” (Fallos: 223:233), el tribunal puso en claro que la “unidad económica” de una “empresa” es una circunstancia que depende de la “materialidad de las cosas” y de “la naturaleza de los negocios” (consid. 6°). Es decir que representa un dato funcional verificable, por completo extraño a las nociones y categorías del Código Civil. La idea central acaso sea la que puede leerse en Fallos: 243:98, consid. 7°: “Las leyes impositivas pueden tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil” y viceversa.

6) Que, sin perjuicio de todo lo expuesto, en lo que concretamente atañe a la solución del litigio planteado, es decisivo tener presente que el tribunal a quo, como consecuencia de la línea argumental que adoptó, “no se detuvo” en la pauta del art. 1°, párr. 3° y, por tanto, no afirmó ni demostró en su sentencia que la de los actores sea “una unidad económica independiente de sus integrantes”; y es claro que esta ausencia de pronunciamiento impide hacer mérito de aquella circunstancia para excluir del beneficio a los peticionantes.

7) Que, como antes se dijo, la sentencia contra la que se recurre, en lo que podría considerarse como su segunda parte, hace valer la presunción del art. 1°, inc. b) del decreto reglamentario y apoya en él el rechazo de la demanda. De acuerdo con esa norma “se presume, salvo prueba en contrario”, que hay organización en forma de “empresa” cuando la “prestación de servicios” sea “‘preponderantemente’ fruto… de trabajo en relación de dependencia”, tras de lo cual agrega que como los profesionales “dependientes” son veintinueve y los “independientes” apenas llegan a siete, ha de tenerse por evidente que aquéllos “preponderan” o “prevalecen” en la sociedad, lo cual decide la cuestión en el sentido de que hay “empresa” y ello elimina el beneficio pedido en la demanda.

8) Que semejante aserto es, asimismo, arbitrario. El criterio numérico o cuantitativo que el fallo consagra lo priva de contenido jurídico aceptable y lo pone en contradicción con la norma pertinente. Es obvio que los jueces no tienen por qué considerarse sometidos al significado literal de las palabras de la ley (Fallos: 300:417), pero también lo es que no hay peor técnica interpretativa que la que implica patente alteración de la inequívoca acepción de esas palabras, las cuales, mientras el texto lo consienta, han de ser tomadas “en el sentido más obvio al entendimiento común”. En el lenguaje corriente, “preponderancia” quiere decir mayor peso de una cosa respecto de otra y, también, autoridad o fuerza; y “prevalecer” significa sobresalir y tener alguna superioridad o ventaja. Por consiguiente, la versión numérica de estos vocablos, que la sentencia acoge, equivale a desvirtuarlos y a cambiar radicalmente el sentido del texto normativo de cuya aplicación se trata. Aceptar la inteligencia que la cámara expone llevaría a la conclusión de que los que de veras “preponderan” o “prevalecen” en la sociedad aquí considerada son los empleados administrativos –no profesionales– que suman treinta, uno más que los “profesionales independientes”.

9) Que, por otra parte, ha de repararse en que el referido art. 1°, inc. b), dispone expresamente que para que pueda presumirse la existencia de “empresa” es preciso que “la labor profesional independiente y personal” sea “sólo subsidiaria o complementaria” respecto de los servicios prestados. Esta cláusula es confirmatoria del alcance atribuible al concepto de “preponderancia”. Cualquiera sea el número de las personas actuantes, si los profesionales “independientes” asumen una tarea que no es “secundaria” sino principal, superior, relevante, no habrá “empresa” y la exención deberá otorgarse. El propio fallo en recurso admite tácitamente que ésta es la situación dada en la causa, por cuanto, a fs. 25, concede que los profesionales “independientes”, lejos de desempeñar funciones “secundarias”, imponen condiciones de asistencia y de horario, eligen la clientela, estipulan honorarios, ejercen facultades de “fiscalización y dirección”, colocan a los profesionales “dependientes” en posición de “subordinación jurídica” y, en suma, actúan como “principal”. En cuanto a los actores, entonces, incluso con fundamento en la sentencia apelada, corresponde desechar la idea de “labor subsidiaria” o “complementaria” y, con ella, la idea de empresa y la consiguiente improcedencia del beneficio.

10) Que esta aseveración se ajusta al propósito manifiesto de las normas cuestionadas. Las exenciones impositivas son muchas veces empleadas como una forma de poner en ejercicio la política estatal de prosperidad prevista en el art. 67, inc. 16 de la Constitución Nacional (Fallos: 302:508, 705 y sus citas  y, en tales supuestos, tienden a estimular actividades que convienen al bien común (Fallos: 279:76, consid. 6°). En tal sentido, el propósito que anima a las normas sobre las que versa este proceso parece ser el de favorecer el desenvolvimiento de la tendencia que la doctrina social de la Iglesia –dándole significado particularísimo al vocablo– califica de “socialización”: la tendencia de los seres humanos a asociarse para alcanzar objetivos que superen, provechosamente, la capacidad y los medios de los individuos aislados (Encíclica “Mater et Magistra”, parág. 10). Este fenómeno es ventajoso en términos sociales y por eso la autoridad pública ha entendido que merece estímulo como regla general, aunque haya exceptuado a lo empresarial. La interpretación judicial adecuada, pues, que en materia de exenciones impositivas ha de respetar, siempre, la “indudable intención del legislador” y sus “necesaria implicancia” (Fallos: 302:1599), debe contemplar el aludido estímulo, dentro del marco normativo, sin frustrarlo con interpretaciones viciadas de excesivo rigor.

Por ello, habiendo dictaminado el Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, y se deja sin efecto la sentencia apelada. — Mariano A. Cavagna Martínez. — Julio S. Nazareno. — Eduardo Moliné O’Connor.

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

42.662 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress