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Paracha, Jorge Daniel

Doctrina: las rentas de una sociedad civil de profesionales son de cuarta categoría, aunque aquella constituya una empresa, siempre que no se complementen con una explotación  comercial.

Paracha, Jorge Daniel

CNACAF, Sala IV

29/11/2011

VISTOS:

estos autos caratulados “Paracha Jorge Daniel (29255-I) c/ DGI”, y

CONSIDERANDO:

I- Que, a fs. 281/283 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió revocar la resolución de la AFIP-DGI mediante la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria del actor frente al impuesto a las ganancias, correspondiente a los periodos fiscales 2002 y 2003, con más intereses y multa.

Para así decidir dicho organismo realizó las siguientes consideraciones:

a) Correspondía revisar el ajuste, en virtud del cual el Fisco había considerado que las rentas que percibía el actor por el desempeño de su actividad no se podían incluir dentro de la cuarta categoría de la ley del impuesto a las ganancias (trabajo personal), sino que correspondía atribuirlas a la tercera (ingresos obtenidos por sujetos empresa).

b) La actividad llevada a cabo por el actor se debía incluir en la cuarta categoría del referido gravamen, independientemente de que, para llevar a cabo tal cometido, se esté en presencia de una empresa, siempre y cuando ella no se complemente con una explotación comercial.

c) Resultaba intrascendente la consideración de hechos tales como: el número de personal con título profesional habilitante que actuase en la sociedad, la afectación de un patrimonio para llevar a cabo su cometido, las inversiones realizadas en equipamiento, el volumen de las operaciones facturadas, la existencia de facturas y la documentación exclusivamente a nombre de la sociedad o la verificación de un riesgo económico en razón de la inversión realizada.

d) La tarea de encontrar un significado del término explotación comercial no lucía tan sencilla, pero resultaba claro que dicho concepto no podía ser sinónimo de empresa, distinción que surge del art. 68 del decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias.

e) No se había demostrado en autos que el recurrente realizara actividades comerciales complementarias de su profesión (ni siquiera se había intentado tal cometido). Por el contrario, el Fisco se había esforzado en demostrar que la sociedad de la que forma parte el contribuyente es una empresa, y había olvidado que no era ese el dato relevante a efectos de encuadrar las rentas del profesional en la tercera categoría.

f) Atento la forma en que se resolvía no correspondía tratar los restantes ajustes.

II.- Que, disconforme con esta decisión, el Fisco apeló a fs. 288 y expresó agravios a fs. 297/307, cuyo traslado fue contestado por su contraria a fs. 318/325.

El Fisco efectúa las siguientes consideraciones.

a) Expresa que, en el caso de autos, en el que se comprueba que el ejercicio profesional se limita a la supervisión, coordinación y manejo productivo del trabajo de otros profesionales con título habilitante de igual jerarquía que el que pone el señor Paracha y el resto de los socios de la sociedad G. Breuer, se aprecia con claridad que predomina la característica de una explotación comercial.

b) Afirma también que no es cierto que el Fisco no haya aportado pruebas acerca de la existencia de una explotación comercial, pues ello surge de la existencia de indicios aportados por el área operativa, entre los cuales se destacan los siguientes: la afectación de un patrimonio para llevar a cabo la tarea profesional con fines de lucro, la contratación de personas con título habilitante, la organización de una estructura jerárquica dedicada a emplear recursos humanos y materiales y el volumen de las operaciones facturadas, entre otros.

c) Entiende que, de lo expuesto, se puede concluir que se está ante una explotación comercial, que consiste en una organización empresarial de factores productivos representados por trabajo personal y capital invertido, ambos necesarios para la consecución del fin perseguido por el conjunto de socios que integran la sociedad civil G. Breuer.

III.- Que a fs. 309 el Fisco apela los honorarios regulados a fs. 308 a los letrados de la parte actora por considerarlos altos y a fs. 315 éstos los apelan por considerarlos bajos.

IV.- Que la cuestión a dilucidar en las presentes actuaciones consiste en determinar si por la labor que realiza el señor Paracha, como contador público, es correcto que sus rentas sean atribuidas a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (trabajo personal), como sostiene el actor, y no a la tercera (ingresos obtenidos por las empresas), como considera el Fisco.

Sobre el punto es preciso señalar que el actor desarrolla una actividad profesional, sin embargo corresponde establecer si dicha actividad se complementa con una explotación comercial en los términos del último párrafo del art. 49 de la ley de impuesto a las ganancias.

El Tribunal Fiscal de la Nación en la decisión apelada ponderó que la actividad llevada a cabo por el actor corresponde a la cuarta categoría, independientemente de que para llevar a cabo tal cometido esté organizado como una empresa y sin importar el número de profesionales, el patrimonio afectado a la actividad, ni las inversiones realizadas.

En tal sentido, el organismo jurisdiccional concluyó que el Fisco había confundido la idea de empresa con la de explotación comercial, y no había considerado en su análisis que, en la realidad de los hechos, el ejercicio de las profesiones liberales podía asumir la forma de empresa, sin cambio en la definición de ganancia gravada.

V.- Que, ante todo, cabe señalar que la valoración del Tribunal Fiscal respecto a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho reservada a ese organismo que excede, en principio, el conocimiento de esta Cámara a menos que se pruebe que el Tribunal a-quo hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión (art. 86, ley 11.683, t.o. 1978 y sus modif.).

El art. 86, inciso b), de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara y, en principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho. Si bien no se trata de una regla absoluta y, por consiguiente, esta Cámara debe apartarse de las conclusiones del mencionado organismo jurisdiccional cuando éstas presentan deficiencias.

VI.- Que los agravios del Fisco sólo trasuntan su discrepancia respecto del criterio de selección y valoración de la prueba utilizada en el caso, y el hecho de que el Tribunal Fiscal haya acordado preferencia a determinados elementos probatorios no configura arbitrariedad.

A lo que cabe agregar que el recurrente insiste en sostener que el señor Paracha complementa sus servicios de contador público con una explotación comercial, por el hecho de contar con una organización empresarial, pero no se hace cargo de rebatir los claros fundamentos del Tribunal Fiscal, referidos a que el hecho de organizar actividades profesionales como empresa no trae aparejado, de por sí, la existencia de una explotación comercial, la que sólo se daría en el caso de que se desarrollara una actividad complementaria distinta de la principal, cuestión que no se ha acreditado en autos, tal como lo señaló el Tribunal Fiscal en el considerando IX de la resolución apelada, y sobre lo que el Fisco no formuló ningún agravio en concreto.

VII.- Que, a lo expuesto cabe agregar que esta Sala -si bien con una integración parcialmente distinta- se ha pronunciado sobre el lema que ahora se discute en los autos “Pistrelli Díaz y Asociados c/ EN -AFIP DGI-Resol. 208/06 s/ Dirección General Impositiva” -expte. 9.716/2007 del 25/8/2010 en cuya oportunidad concluyó que “las sociedades civiles cuya actividad es la prestación de servicios profesionales, sin desarrollar en forma complementaria explotación comercial alguna, tributan ganancias de cuarta categoría. El hecho de considerar a dichas sociedades como empresas no trae consigo aparejado que necesariamente exista una explotación comercial”.

VIII.- Que por todas las razones expuestas corresponde confirmar la decisión apelada, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

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