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Fara, Luis Enrique s/recurso de apelación

Fara, Luis Ernesto s/recurso de apelación-impuesto sobre los capitales

Tribunal  Fiscal de la Nación

Buenos Aires, 11 de julio de 1986

AUTOS Y VISTOS:

El expte. 6582-I caratulado: “FARA, Luis Ernesto s/recurso de apelación-impuesto sobre los capitales” y

RESULTANDO:

I. Que a fs. 11/21 vta. se interpone recurso de apelación contra la resolución de la DGI -División Revisión y Recursos Región Junín- de fecha 5/8/1983, que determinó de oficio la obligación fiscal del recurrente con respecto al impuesto sobre los capitales del ejercicio fiscal 1977 y le determinó un saldo a favor del Fisco Nacional de $a 29, -actualización de dicho saldo de impuesto por $a 3.771 e intereses resarcitorios por $a 3.120 con más la actualización e intereses que se devengan hasta la fecha de su efectivo pago.

Que el actor manifiesta que durante el año 1977, ocasionalmente, por administración llevó a cabo tareas de siembra y en consecuencia, cosecha de trigo en una parte del campo de su propiedad de 118 hectáreas; que dicha forma de explotación fue encarada en dicha oportunidad por única vez, puesto que desde que tiene el dominio de la propiedad, la ha arrendado o actuado en calidad de aparcero, con anterioridad al año 1977 y desde diciembre de ese mismo año hasta la actualidad.

Que al haber encarado la labor mencionada en forma ocasional, en modo alguno incurrió en la habitualidad a que hace mención el 1er. párr. de la circular 1080 de la DGI del 5/9/1979.

Que al cierre del período fiscal 1977 no tenía cereales en existencia, en razón de no tener instalaciones para ello y que todo cuanto había cosechado en el lapso mencionado fue entregado para la venta.

Que no posee maquinarias ni herramientas, que impliquen suponerlo titular de una empresa destinada a la explotación rural.

Que la norma del art. 2, inc. c) de la L. 21287 está basada en el requisito de la existencia de empresa, para que haya sujeto del impuesto y en el caso, no existe organización ni personal afectado, por lo que está desprovisto de los recaudos de un empresario.

Que el hecho imponible del tributo tiene concreción al finalizar el ejercicio y que en este caso, no existe capital computable en dicho momento.

II. Que a fs. 28/32 vta. contesta el traslado del recurso el representante del Fisco Nacional, el que solicita la confirmación de la resolución recurrida con actualización, intereses y costas, en mérito a las razones de hecho y argumentos de derecho que expone.

Que destaca que de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de los años 1977 y 1978, se desprende que el contribuyente efectuó una explotación individual en el campo de su propiedad, afectando a la misma, además del propio campo, los bienes amortizables a él adheridos y manifiesta que carece de relevancia que antes o después del año 1977 hubiera explotado el predio mediante otra modalidad.

Que no existen pruebas que al 31/12/1977 el campo hubiera sido arrendado a porcentaje y que es inexacto que no había montada una estructura empresaria a dicha fecha.

III. Que a fs. 34 se abrió la causa a prueba, a fs. 63 se elevaron los autos a la Sala, a fs. 66 se pusieron para alegar y a fs. 71/72 obra el alegato producido por el Fisco Nacional y a fs. 73/76 vta. el presentado por la actora y a fs. 78 se llamaron a sentencia, y

CONSIDERANDO:

I. Que la cuestión a dilucidar consiste en establecer si el recurrente revistió la calidad de sujeto pasivo frente al tributo sobre los capitales por el período fiscal 1977 y en dicho caso qué bienes integrarían el capital imponible.

Que de acuerdo con lo establecido por el art. 2, inc. c) de la ley que rige la materia “son sujetos pasivos del impuesto:…c) las empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en el país, pertenecientes a personas domiciliadas en el mismo”…, desprendiéndose del mensaje que acompañó la elevación del texto legal que la intención del legislador o “ratio legis” fue la de alcanzar con el tributo “a toda forma de producción de bienes o servicios organizada en forma de empresa”. En los casos de empresas o explotaciones unipersonales, dicha intención surge nítidamente, toda vez que los sujetos pasivos del gravamen son éstas, independientemente de la persona titular del capital empresario respectivo y de las empresas o explotaciones de las que pueda ser titular una persona física que resulta separadamente contribuyente del tributo.

Que puede definirse que existe empresa o explotación unipersonal cuando una persona física comprende una actividad económica organizada, mediante la utilización de elementos materiales y humanos, con el objeto de que el ente autónomo así creado revista un fin de producción o de cambio de bienes o de servicios. En dicho supuesto la materia imponible a los efectos del impuesto sobre los capitales estará constituida por el capital afectado a la actividad económica, resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo a la finalización del ejercicio y de acuerdo con las normas que para valuación y determinación se establecen en el art. 4 de la L. 21287.

Que las actividades del arrendador y las del dador de aparcerías agrícolas o pecuarias definidas por la L. 13246, no encuadran en el concepto de empresa o explotación unipersonal, razón por la cual cuando dichas actividades son desarrolladas por personas físicas, los bienes dados en arrendamiento o aparcería, no son materia imponible del tributo sobre los capitales.

Que conforme al art. 4 del Decreto Reglamentario de la ley de la materia, las empresas que se disuelvan continuarán sujetas al tributo hasta tanto se verifique la distribución final de los bienes, circunstancia que en el caso de tratarse de empresas o explotaciones unipersonales se produce simultáneamente con el cese de las actividades. Puede considerarse entonces que en tales casos, al cesar la actividad empresaria, finaliza la existencia de la empresa o explotación unipersonal, y se desafectan los bienes de capital de la organización productiva, para quedar incorporados únicamente en el patrimonio de la persona titular del cual forman parte de la materia imponible que resulta alcanzada por el patrimonio neto -L. 21282-.

Que en el caso “sub examine”, el recurrente inició en el año 1977 una actividad económica que consistió en la explotación directa de una parte -aproximadamente 118 hectáreas- de un predio rural de su propiedad, asumiendo el costo de las semillas, herbicidas y demás elementos necesarios para la explotación y contrató con terceros el suministro de maquinarias, equipos y personal necesario para las tareas agrícolas, configurando la modalidad operativa desempeñada, la existencia de una empresa o explotación unipersonal de acuerdo con lo puntualizado en los considerandos que anteceden.

Que a fs. 18 de las actuaciones administrativas agregadas (expte. de fiscalización -cuerpo principal- capitales) obra la declaración testimonial del sr. Juan Carlos Ratto quien manifiesta que arrienda desde el año 1977 un campo de propiedad del dr. Luis R. Fara. Asimismo en la producción de la prueba informativa que obra agregada al presente, se encuentran las notas de los acopiadores que manifiestan que recibieron cereales de Juan Carlos Ratto por cuenta del recurrente.

Que en consecuencia al haberse acreditado en autos, que con anterioridad al 31/12/1977 el predio rural que nos ocupa fue arrendado a un tercero en su totalidad, permite concluir que en dicha oportunidad había finalizado la existencia de la empresa o explotación unipersonal, desafectándose del capital empresario los bienes utilizados en la explotación.

Que en razón de que el tributo de que se trata tiene por objeto gravar los capitales resultantes de los ejercicios anuales de las empresas (cfr. art. 1), determinándose la base imponible en función del capital afectado a la explotación a la finalización del ejercicio -cuya fecha en el presente es el 31/12/1977- (cfr. art. 4 de la ley y art. 1 del Decreto Reglamentario) permite concluir que no se configuran en el “sub lite” los presupuestos de hecho necesarios para hallarse sujeto al tributo.

Que todo lo expuesto, lleva a la conclusión que la resolución recurrida debe ser revocada y las costas impuestas a la vencida, conforme al art. 68 del CPCCN y deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el art. 6 de la L. 22610.

II. Que respecto de la regulación de honorarios correspondientes al Dr. Adolfo Atchabahian, por su actuación en el doble carácter de apoderado y patrocinante de la parte actora, procede dejar sentado que se sigue al criterio sustentado por la mayoría de esta Sala A, “in re” “Petroquímica General Mosconi SA y C. s/recurso por retardo -impuesto a los capitales-” (DF – T. XXXIX – págs. 494 y ss.) no efectuando desagio alguno al actualizar el monto del litigio y luego convertirlo a australes.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Revocar la resolución apelada en cuanto fue materia de recurso, con costas.

2º) Regular los honorarios del dr. Adolfo Atchabahian por su actuación como letrado apoderado y patrocinante efectuada en autos, en la suma de (australes setenta y seis con doce centavos) =A= 76,12.

3º) Declarar que el Fisco Nacional deberá dar cumplimiento con lo dispuesto por el art. 6 de la L. 22610.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos agregados y archívese.

El dr. Abálsamo dijo:

Las pruebas producidas en estos autos, las constancias obrantes en el Cuerpo Principal de los antecedentes administrativos agregados (sumario 2-194921) (ver en especial fs. 48, 57/58 y 60 de autos y fs. 2, 4, 17, 18/19, 25 y 38 del Cuerpo de antecedentes citado) y la tarea de verificación cumplida por el organismo recaudador respecto de la actividad llevada a cabo por el apelante en el predio rural de su propiedad en el curso del año fiscal 1977, en modo alguno inducen la convicción de que el mismo haya llevado a cabo su explotación bajo la forma de una actividad empresaria capaz de vincularlo con el impuesto sobre los capitales, por no resultar ninguna evidencia que demuestre una organización de medios y recursos con suficiente envergadura y permanencia característica de esa forma de producción (ver Giuliani Fonrouge: “Derecho Financiero”, vol. I – 3ra. Ed. – Ed. Depalma – Bs. As. – págs. 371 y ss.).

Debe, pues, revocarse la resolución apelada en todos sus términos, con costas.

 

 

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