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Arfinsa Financiera Argentina SA

“Arfinsa Financiera Argentina SA c/ EN-AFIP Ley 24073 s/proceso de conocimiento” – CNACAF – SALA II – 10/06/2014

Buenos Aires, 10 de junio de 2014.-

Y VISTOS: estos autos, caratulados “Arfinsa Financiera Argentina SA c/ EN-AFIP Ley 24.073 s/ proceso de conocimiento”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 396/398vta., el Sr. juez de primera instancia, declaró procedente con relación a Arfinsa Financiera Argentina S.A., la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación previsto por el título VI de la ley del impuesto a las ganancias por el ejercicio fiscal 2002. Impuso las costas por su orden.-

Para así decidir, destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, había resuelto la cuestión en la sentencia recaída el 3 de julio de 2009 en la causa “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo” , en la que concluyó que la prohibición de utilizar el mecanismo del ajuste del título VI de la ley de impuesto a las ganancias resultaba inaplicable en la medida en que la alícuota efectiva que se debía ingresar insumía una sustancial porción de las rentas obtenidas por el allí actor y excedía cualquier límite razonable de imposición, configurándose de tal modo un caso de confiscatoriedad.-

Señaló que era claro que en el caso analizado por el Alto Tribunal, las pericias contables resultaron decisivas para la resolución de la causa, y que en ellas se indicó que el pago del impuesto a las ganancias sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación habría representado para la empresa actora más del 62% del resultado impositivo ajustado y del 55% de las utilidades contables también ajustadas.-

Entendió que del informe pericial producido en las presentes actuaciones, surgía con claridad –al igual que en el precedente “Candy”-, que la prohibición de aplicar el mecanismo previsto en el título VI de la ley de impuesto a las ganancias ocasionaba que la alícuota efectiva a ingresar insumiera una sustancial porción de las rentas obtenidas por la parte actora y excediera cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un caso de confiscatoriedad.-

Consideró que ello era así, en tanto la suma que la contribuyente debería pagar en concepto de impuesto a las ganancias sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación, representaría para la empresa un 282,64% de la ganancia efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal 2002, lo que generaría no solamente la absorción de la totalidad de dicha ganancia sino que, si se hubiera pagado el tributo, se habría afectado el activo patrimonial.-

En cuanto a las costas, puntualizó que ellas debían ser soportadas en el orden causado, en atención a la complejidad jurídica del tema en debate y la forma como se resolvía (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.N.).-

II.- Que contra dicho pronunciamiento, el Fisco Nacional interpuso el recurso de apelación de fs. 402. A fs. 410/417 expresó agravios, cuyo traslado no fue contestado por su contraria –ver fs. 419-.-

III.- Que el demandado se agravia por cuanto el Sr. juez a quo hizo lugar a la demanda e impuso las costas por su orden.-

Señala que el punto V de la sentencia en debate se ha dictado sin realizar un profundo análisis del tema, ignorando la impugnación efectuada por su parte a la pericia contable producida en autos.-

Se agravia de la falta de consideración de las serias observaciones planteadas oportunamente respecto del informe pericial, de las cuales surge con claridad que los porcentajes del impuesto a las ganancias del período fiscal 2002 no son los que el perito contador señala.-

Aduce que los puntos propuestos por la accionante resultan insuficientes e improcedentes para acreditar el perjuicio que la aplicación de las normas le provoca.-

Afirma que el Sr. juez no tuvo en consideración que el punto relativo al modo en que la accionante llevaba sus libros, nunca fue respondido de manera certera por el experto.-

Recuerda que su parte adujo que el cálculo del impuesto había sido realizado mediante el simple cotejo de números que surgían de los formularios proforma de declaración jurada preparados por la propia actora; asimismo, que planteó que no se habían compulsado la veracidad de las registraciones y que el sistema utilizado no era suficiente para determinar –como lo hace el perito-, el resultado neto del período fiscal 2002 sin aplicar el ajuste por inflación.-

Relata que su parte impugnó el importe consignado por el perito, diciendo que éste no había sido determinado por tareas técnicas propias en la labor pericial, con indicación de las últimas y de la registración y documentación de respaldo, de modo de permitir determinar la validez de aquél.-

Dice que el propio experto reconoció en su contestación de traslado de la impugnación, que no había llevado a cabo la liquidación del impuesto y que el resultado al que había arribado era producto de la compulsa de la documentación y de la declaración jurada del impuesto a las ganancias.-

Destaca que ello se contradice con la alta complejidad que implica efectuar la determinación del resultado impositivo de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias, más aún cuando tales valores son los que deberían tenerse en cuenta para considerar la existencia o no de una supuesta confiscatoriedad.-

Asevera que la prueba pericial oportunamente producida no ha servido para establecer en forma concluyente la existencia de la alegada confiscatoriedad del impuesto.-

Manifiesta que el Sr. juez de grado, “… -previo a emitir la decisión aquí cuestionada y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36 inciso 4º del Código Procesal- podría haber conocido el modo en que la responsable confeccionó su balance impositivo y cotejar que los datos consignados en el mismo se encontraran –o no- respaldados por el debido soporte documental” (sic).-

Refiere a la respuesta brindada por el perito a la impugnación efectuada por su parte en lo concerniente a los libros de la firma actora, en la que no afirmó que éstos eran llevados en legal forma, sino se simplemente indicó que ello podía deducirse de su respuesta.-

Esgrime que el Sr. juez valoró arbitrariamente la prueba producida, al restar idoneidad a los reparos señalados por su parte respecto del informe pericial.-

Postula que, al ser ello así, las conclusiones a las que arriba la sentencia en cuanto a que, en el caso, la prohibición de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación ocasiona a la actora que la alícuota efectiva a ingresar insuma una sustancial porción de las rentas obtenidas por dicha firma y excedía cualquier límite razonable de imposición, son derivaciones incorrectas por partir de premisas falsas.-

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura (entre otros, el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa “Santiago Dugan Trocello” ; Fallos: 328:2567).-

Sostiene que cuando el Poder Legislativo confirmó la vigencia del art. 10 de la ley de convertibilidad, a través de la ley 25.561, dio una señal muy clara respecto de la imposibilidad de restituir reglamentos y normas que permitan la actualización monetaria de las deudas, incluidas las provenientes de impuestos.-

Alega que el restablecimiento de las normas que autoricen a computar la corrección monetaria de la ganancia impositiva debe provenir de la ley, por lo que, salvo que el Congreso disponga la procedencia de restituir las normas vinculadas al ajuste por inflación, actualmente los contribuyentes no pueden ajustar sus balances impositivos.-

Observa que “… la sentencia de grado considera que la pericia y sus cálculos, permitirían concluir que en autos se supera el porcentaje de confiscatoriedad establecido en el Caso Candy” (sic). Indica que, al respecto, “… se debe establecer reserva de dicha relación” (sic) … “ya que se ha tomado el resultado impositivo ajustado por inflación determinado por el perito quien ha ratificado que no ha efectuado la liquidación del gravamen que permita aseverar tanto los distintos guarismos resultantes con ajuste por inflación como sin inflación” (sic).-

Arguye que el contribuyente declara en el año 2002 resultados de fuente argentina –pérdida- y de fuente extranjera –ganancia-.-

Sostiene que es la renta de fuente extranjera la que genera utilidad y la que debe excluirse para su incidencia en la determinación de las variaciones producidas por la inflación, ya que es ajena a las incumbencias internas del país donde se declara.-

Afirma que yerra la sentencia cuando menciona que si la actora no practica el ajuste por inflación debería pagar un impuesto de $ 868.146,35, y que ello generaría la absorción de la ganancia ajustada y la afectación patrimonial. Añade que un impuesto del monto antes señalado no absorbería la ganancia, “… ya que la contribuyente declara solo ganancia de fuente extranjera sujeta a impuesto de $ 1.800.083,79 y de fuente argentina solo declara quebranto, por lo cual si se compara el impuesto sin ajuste por inflación de 868.146,35 y el resultado (ganancia) de fuente extranjera de $ 1.800.083,79 no resulta este último absorbido por el impuesto” (sic).-

En cuanto a la posible descapitalización de la actora, asevera que ello no es como se señala en la sentencia, ya que el mayor impuesto representa solo un cinco por ciento del patrimonio neto, y si se compara con el activo de la sociedad expresado en la declaración jurada de ganancias 2002, el mayor impuesto representa un 4,2% del activo.-

IV.- Que, en primer lugar, resulta pertinente aclarar que la controversia suscitada en torno a la procedencia de la aplicación del sistema de ajuste de resultados contables para el cálculo del impuesto a las ganancias, ha quedado zanjada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaídas en las causas “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía s/amparo”, del 30/6/2005 (Fallos: 328:2567) y “Candy S.A. c/A.F.I.P. y otro s/acción de amparo”, del 3/7/2009 (Fallos: 332:1571).-

En la primera de las causas citadas, el Máximo Tribunal desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los preceptos que impedían aplicar el “ajuste por inflación” y rechazó la acción de amparo entablada. Consideró que la prohibición al reajuste de valores -así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas- tal como ordenaban los preceptos cuestionados, resultaba ser un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, quien tenía a su cargo la fijación del valor de la moneda, por lo que no cabía pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación. Señaló que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no eran puntos sobre los que el Poder Judicial debiera pronunciarse, por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exigía que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional fuera manifiesta, clara e indudable. Puntualizó que el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no resultaba un método apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. Añadió que tal compulsa no trascendía el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada.-

En el segundo de los pronunciamientos enunciados (Fallos: 322:1571; “Candy”), dictado cinco años más tarde, el Alto Tribunal, si bien reiteró los argumentos expresados en la causa anteriormente citada, y, en atención a ellos, desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado contra las normas que prohibían el ajuste impositivo por inflación, de otro lado, examinó los efectos de tales normas para el caso concreto y concluyó que se había demostrado la confiscatoriedad del impuesto calculado sin aplicar el mecanismo de ajuste.-

Sostuvo en dicha oportunidad, que:
– para que la confiscatoriedad se verificara, debía producirse una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital;
– la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de riqueza o actividad gravada, entre otros factores, podía justificar que la determinación del límite variara en más o en menos; tope que no era absoluto sino relativo, incluso susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo;
-en todos estos casos, resultaba determinante la actividad probatoria desplegada al efecto, requiriendo una prueba concluyente tendiente a acreditar la confiscatoriedad alegada.-

Ello sentado, al analizar las probanzas obrantes en esos actuados, destacó que del “informe especial de contador público” acompañado por la reclamante se desprendía que de no recurrirse en el período fiscal finalizado el 31/12/2002 al mecanismo correctivo -es decir, si se determinaba el impuesto a las ganancias sin aplicar el “ajuste por inflación”-, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no resultaba del 35% sino que representaba el 62% del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades -también ajustadas- obtenidas por la actora durante el ejercicio de ese mismo año, porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición; resultados que coincidían en líneas generales con los alcanzados por el experto contable designado en esos autos.-

Puso de relieve que, en el caso, debía tenerse especialmente en consideración que se trataba de un ejercicio signado por un grave estado de perturbación económica, social y política que dio lugar a una de las crisis más graves de la historia contemporánea del país, con importantes cambios económicos que se tradujeron -entre otros aspectos- en el abandono de la ley de convertibilidad y la consecuente variación del poder adquisitivo de la moneda, con la debida implicancia en el índice de precios tanto a nivel mayorista como minorista.-

En función de lo expuesto, tuvo por acreditada y sustentada la posición de la actora.-

Aclaró que si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el “ajuste por inflación”, y el importe que resultaba de aplicar a tal fin el referido mecanismo no resultaba un medio apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, ello no debía entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configurase un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presentaba una desproporción de magnitud tal que permitiera extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no era adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretendía gravar.-

Así las cosas, entendió que en función de las conclusiones alcanzadas debía concluirse que la prohibición de utilizar el mecanismo en cuestión resultaba inaplicable en esos autos en la medida en que la alícuota efectiva a ingresar -de acuerdo con esos parámetros- insumía una sustancial porción de las rentas obtenidas por la firma actora y excedía cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un supuesto de confiscatoriedad. En consecuencia, declaró procedente en el caso, la aplicación del “ajuste por inflación” por el período fiscal correspondiente al año 2002, que allí se reclamaba.-

Reseñados los términos de los fallos precedentemente citados, interesa destacar que si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquél (conf. C.S.J.N., en Fallos: 311:1.644 y 2.004 y esta Sala, en autos: “Bravo de Laguna, Leandro c/E.N. -E.M.G.E.- Resol. 5/VI/95 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.” del 8/11/2012).-

Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley (ver esta Sala in re “Consolidar Administradora de Riesgo del c/E.N. – A.F.I.P. D.G.I. – Resol. L.G.C.N. 140/08 c/Dirección General Impositiva”, expte. 13.345/08, del 3 de junio de 2014).-

Desde esta perspectiva, según surge de los parámetros expuestos por el Alto Tribunal, en la medida en que resulte afectado el derecho de propiedad de un contribuyente por verificarse un supuesto de confiscatoriedad, debe considerarse inaplicable la normativa que prohíbe la utilización del mecanismo de ajuste por inflación previsto en el título VI de la ley 20.628.-

Y, por ser ello así, resulta que para dilucidar la controversia planteada en autos relativa al ejercicio contable 2002, debe estarse al resultado de la prueba producida.-

V.- Que en las presentes actuaciones, la actora acompañó a los efectos de acreditar su tesitura, un Informe Especial de Aplicación de los Criterios Emanados del Título VI de la ley 20.628 y sus modificatorias en la determinación del impuesto a las ganancias” (fs. 42/44).-

Asimismo, ofreció la prueba pericial contable.-

El informe del experto luce agregado a fs. 278/282vta.-

En la sentencia apelada, como se vio, el Sr. juez a quo destacó que del informe pericial antes indicado, resultaba con claridad que la prohibición de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación previsto en el Título VI de la ley del impuesto a las ganancias ocasionaba que la alícuota efectiva a ingresar insumiera una sustancial porción de las rentas obtenidas por la firma actora y excediera cualquier límite razonable de imposición, configurándose así un caso de confiscatoriedad.-

Aclaró que ello era así, dado que la suma que la contribuyente debería abonar en concepto de impuesto a las ganancias determinado sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación -$ 868.146,35–, representaría para la empresa un 282,64% de la ganancia efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal 2002 -$ 307.150,25–, lo que generaría no sólo la absorción de la totalidad de dicha ganancia, sino que, de haberse pagado dicho impuesto, se afectaría el activo patrimonial, llevando a la actora a descapitalizarse por una suma de $ 560.996,10.-

Concluyó que, en tales condiciones, correspondía declarar procedente con relación a Arfinsa Financiera Argentina S.A. la aplicación del denominado mecanismo de ajuste por inflación.-

El Fisco Nacional se agravia de lo así decidido.-

Sostiene que la sentencia se ha dictado sin realizar un profundo análisis del tema.-

En tal sentido, se agravia de la falta de consideración de las serias observaciones planteadas oportunamente respecto del informe pericial; objeciones consistentes en que: -los puntos propuestos por la accionante resultan insuficientes e improcedentes para acreditar el perjuicio que la aplicación de las normas le provoca; la falta de respuesta concreta por parte del perito del modo en que la actora lleva sus libros; – cálculo del impuesto realizado mediante el simple cotejo de números que surgían de los formularios proforma de declaración jurada preparados por la propia actora; – falta de verificación de la veracidad de las registraciones; – el sistema utilizado resulta suficiente para determinar –como lo hace el perito-, el resultado neto del período fiscal 2002 sin aplicar el ajuste por inflación; – importe arribado no determinado por tareas técnicas propias en la labor pericial, con indicación de éstas y de la registración y documentación de respaldo, de modo de permitir determinar la validez de aquél; falta de liquidación del impuesto.-

Destaca que las circunstancias apuntadas se contradicen con la alta complejidad que implica efectuar la determinación del resultado impositivo de acuerdo a las normas del impuesto a las ganancias, más aún cuando tales valores son los que deberían tenerse en cuenta para considerar la existencia de confiscatoriedad. Asevera que la prueba pericial oportunamente producida no ha servido para establecer en forma concluyente la existencia de la alegada confiscatoriedad del impuesto.-

Manifiesta que el Sr. juez de grado, “… -previo a emitir la decisión aquí cuestionada y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36 inciso 4º del Código Procesal- podría haber conocido el modo en que la responsable confeccionó su balance impositivo y cotejar que los datos consignados en el mismo se encontraran –o no- respaldados por el debido soporte documental” (sic).-

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura (entre otros, el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa “Santiago Dugan Trocello”; Fallos: 328:2567).-

Señala que las conclusión arribada en el fallo apelado, en cuanto a que en las presentes actuaciones se supera el porcentaje de confiscatoriedad establecido en el Caso Candy merece reserva, “ya que se ha tomado el resultado impositivo ajustado por inflación determinado por el perito quien ha ratificado que no ha efectuado la liquidación del gravamen que permita aseverar tanto los distintos guarismos resultantes con ajuste por inflación como sin inflación” (sic).-

Refiere a los resultados de fuente argentina y de fuente extranjera y rechaza el concepto utilizado por la sentencia relativo a una posible descapitalización.-

VI.- Que en orden a los agravios expuestos por la demandada, interesa recordar, en primer lugar, que aun cuando –como bien señala la recurrente- por la doctrina sentada en la causa “Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (Fallos:328:2567) el Alto Tribunal señaló que el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo no era apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad, debe necesariamente añadirse a lo afirmado, a los efectos de dilucidar la presente cuestión, que en el posterior pronunciamiento recaído en la causa “Candy” (Fallos: 332:1571), se sostuvo que ello no debía entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configurase un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presentaba una desproporción de magnitud tal que permitiera extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no era adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretendía gravar.-

Así, siguiendo el razonamiento del precedente “Candy” supra citado, en el pronunciamiento aquí apelado se puso de relieve que, de no aplicarse el mecanismo de ajuste por inflación, el monto que la contribuyente debería abonar en concepto de impuesto a las ganancias representaría para la empresa un 282,64% de la ganancia efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal en discusión, lo que implicaría tanto la absorción de la totalidad de dicha ganancia como la afectación del activo patrimonial. Ello, con sustento en lo informado por el perito contador.-

En tales condiciones, se vislumbra que, prima facie, el pronunciamiento apelado ha aplicado correctamente al sub lite, el criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al fallar in re “Candy S.A.”.-

El Fisco Nacional intenta, en rigor, restar valor probatorio a la prueba pericial rendida en autos.-

De la compulsa del expediente se desprende que:
– a fs. 265/266vta. la parte actora solicitó que se ordenara la producción de la prueba pericial contable y se designaran perito contador y consultores técnicos;
– mediante el auto del 5 de junio de 2006 –ver fs. 266vta.-, se recibió la causa a prueba por el término de cuarenta días, auto que fue notificado al Fisco Nacional por cédula el día 21 de noviembre de 2006 –fs. 267/vta.-;
– a fs. 268/vta., la actora propuso que se designara como consultor técnico al contador Carlos Gabriel Barros;
– por auto de fs. 271vta., se corrió vista a la contraria de los puntos de pericia propuestos por la actora;
– en la providencia de fs. 273, del 10 de agosto de 2007, se designó perito contador único de oficio;
– a fs. 273 el contador público nacional Carlos A. Campodónico aceptó el cargo;
– el 23 de abril de 2008, el mencionado contador presentó el informe pericial, mientras que el consultor técnico designado por la actora manifestó no tener observación alguna “… que hacer en cuanto a que la información que allí se brinda es exacta, y es coincidente con mis verificaciones y apreciaciones personales…” (sic) -fs. 278/282vta.-;
– a fs. 283, se confirió traslado a las partes del informe pericial acompañado, providencia que fue notificada por cédula al fisco a fs. 287/vta.;
– el Fisco Nacional contestó el traslado a fs. 288/289vta.; a fs. 289vta. se dió traslado al perito de la impugnación formulada, el que fue respondido por el experto a fs. 294/296;
– a fs. 297 se confirió traslado al fisco de las aclaraciones formuladas al informe pericial, quien contestó a fs. 299/300vta.;
– ante el traslado de las impugnaciones formuladas en esta última presentación, el perito respondió a fs. 306/307vta.;
– a fs. 310/319, el fisco observó la contestación del experto y, ante el traslado conferido a fs. 320, el perito contestó a fs. 340/342vta.,
– ante el nuevo traslado conferido a fs. 343, el Fisco Nacional respondió a fs. 347/351vta.-; el traslado a esta nueva impugnación –fs. 352- fue contestado por el contador a fs. 363/364vta.;
– finalmente, frente al traslado de las aclaraciones formuladas por el perito, conferido a fs. 365, el fisco contestó a fs. 368/369vta.;
– a fs. 375 se pusieron los autos para alegar; a fs. 393 se ordenó agregar los alegados presentados por la actora –ver fs. 378/385- y por la demandada –fs.387/390vta.-

En su primera presentación impugnatoria, sostuvo el fisco que el informe pericial fue confeccionado a la medida de los intereses de la actora; destacó que el experto no había llevado a cabo la liquidación del impuesto (ganancia 2002) incluyendo el procedimiento de ajuste por inflación, para justificar los resultados a que arribaba. Reprochó que la tarea había sido la de compulsar lo que había realizado a priori la actora. Sostuvo que el experto no se expidió sobre si los libros de la empresa eran llevados en legal forma. Hizo alusión a las normas aplicables y señaló que la pericia confirmaba el error originario de la accionante, porque las normas que regulaban la mecánica de liquidación del impuesto a las ganancias para el período en cuestión no determinaban la aplicación de coeficiente alguno de actualización. Insistió en que en el punto 3 el perito se limitó a transcribir cifras solamente en función de los montos que surgían de los estados contables, sin profundizar sobre la veracidad de los ajustes insertos en la declaración jurada; añadió que sin la mención de la documentación respaldatoria se tornaba imposible el mínimo control de legalidad.-

En su segunda contestación, el demandado sostuvo que el perito había confirmado que no practicó la determinación del gravamen. Reitera que el experto no practicó la liquidación pendiente del ajuste y que omitió “… expedirse sobre la ilegalidad de los libros, situación que no mejora con sus aclaraciones” (sic).-

En la tercera de sus presentaciones, el Fisco Nacional hizo hincapié en las respuestas brindadas por el experto en cuanto a los libros de la empresa, que entendió insuficientes.-

En la cuarta contestación, el demandado ratificó íntegramente las impugnaciones vertidas en sus presentaciones anteriores. Afirmó que el perito continuaba sin desarrollar la liquidación del impuesto a las ganancias del ejercicio 2002. Añadió en dicha oportunidad que había sido el propio perito el que impidió a su parte controlar la prueba, ya que conforme surgía de fs. 278 “… únicamente se ha constituido en la administración de la actora conjuntamente con el consultor técnico de la parte actora, Dr. Carlos Gabriel Barcos” (sic). Sostuvo que ello era a todas luces incongruente, pues iba de sujo que justamente la actora conocía acabadamente sus números y no necesitaba controlar la producción de la prueba “… mientras que a esta parte resultaba esencial en virtud de a los fines de practicar la liquidación del impuesto a las ganancias los obligados proceden a auto declarar la materia imponible y, en consecuencia, esta Administración Federal a priori desconoce si la misma se ajusta a la realidad de los hechos, premisa que el Máximo Tribunal se ha ocupado de resaltar en la causa Santiago Dugan Trocello S.R.L.” (sic). Destacó que no solo el impuesto a las ganancias era de autoliquidación y liquidación compleja (la ley poseía más de un centenar de artículos), sino que el procedimiento de ajuste por inflación era de cálculo extenso y complejo. Postuló que esta conducta imposibilitó el derecho que asistía a su parte, previsto en el art. 471 del C.P.C.C.N., y lo colocó en un estado de indefensión. Adujo que la falta de cumplimiento de la bilateralidad convertía a las pruebas en extra-procesales. Insistió en la falta de mención de la documentación respaldatoria.-

En su última presentación, reitera las manifestaciones esgrimidas en la anterior.-

Reseñadas así las objeciones del Fisco Nacional, cabe apuntar que las relacionadas con los puntos de pericia resultan inatendibles, toda vez que, tal como se vio, en las presentes actuaciones se notificó a dicha parte el auto de apertura a prueba, y, asimismo, se dio traslado de los puntos de pericia propuestos por la actora, sin que el demandada formulara la manifestación a que se refería el artículo 478 del C.P.C.C.N., propusiera otros puntos o impugnara los propuestos por su contraria, de conformidad con lo previsto por el art. 460 del citado ordenamiento.-

Asimismo, por idénticas razones, el reproche relacionado con la imposibilidad de controlar la prueba, además de resultar introducido recién en la cuarta presentación impugnatoria, carece de asidero. A lo que debe añadirse, que el Fisco Nacional tampoco propuso un consultor técnico.-

Consecuentemente, cabe concluir que si el fisco no ejerció, pudiendo hacerlo, la facultad prevista por el art. 460 del C.P.C.C.N., a los efectos de ejercer el control que estimara corresponder por parte de un profesional de la materia –consultor técnico- que participara de los procedimientos relativos a la pericia contable, mal puede alegar la falta de bilateralidad o quejarse por cuanto el único consultor fue el propuesto por la actora.-

Por otra parte, en punto al reproche consistente en que las conclusiones del perito fueron elaboradas pura y exclusivamente sobre la base de los datos suministrados por la propia empresa, sin haber verificado la documentación respaldatoria, cabe apuntar que ya en otra oportunidad, se ha sostenido que “…las críticas de la demandada debieron necesariamente traducirse en una liquidación que controvirtiera la información contable –ratificada por el perito- y las tareas de auditoría invocadas debieron producirse en la etapa probatoria de autos, que fue el momento procesal oportuno para hacer valer sus defensas.”. Se añadió en dicha ocasión que “[l]as circunstancias que le impidieron actuar de tal modo (es decir, avocarse al estudio de las registraciones de la actora para corroborar su veracidad, determinar la base contable, efectuar los cálculos correspondientes, etc.) no son oponibles a su contraria, que ofreció y produjo la prueba que acreditó su posición y dio sustento a su pretensión” (cfr. esta Sala in re “Ferrero Argentina SA c/ EN-AFIP DGI-ley 24073 s/ proceso de conocimiento”, expte. 26.296/2003, del 29 de mayo de 2012 –y sus citas-, sentencia firme, en atención a que el Alto Tribunal declaró que el recurso extraordinario cuya denegatoria originaba la queja, resultaba inadmisible en los términos del art. 280 del C.P.C.C.N. –ver F. 310 XLVIII, Recurso de hecho, “Ferrero Argentina S.A. c/ Estado Nacional – AFIP – DGI ley 24.073 s/ proceso de conocimiento”, del 30 de octubre de 2012-).-

En orden a la pregunta consistente a si los libros de la empresa actora son llevados en legal forma, debe considerarse como suficiente respuesta a las objeciones del fisco, lo informado por el experto en su presentación de fs. 294/296vta., en donde expresa que en el informe pericial, en respuesta a la pregunta 1, “… detalla los datos de los libros Societarios y Contables pertenecientes a la Actora, informando: Rúbrica, fecha de la misma, cantidad total de folios y último utilizado (explicitando su contenido), por último aclara que ‘no se han encontrado raspaduras, ni interlineaciones, ni enmiendas’” (sic). Señala, asimismo, el experto que “[d]el análisis del contenido de la anterior respuesta puede colegirse que los libros de la Actora son llevados en legal forma en sus aspectos explícitos” (sic) y que “… ha elegido responder este punto detallando e identificando cada uno de los mismos, en el entendimiento que la presente respuesta abarcaba lo solicitado en el punto pericial” (sic) –ver fs. 295- . A lo que debe añadirse lo expresado por el perito contador C.A.C. a fs. 307/vta. y 341/342vta., todo lo cual priva de sustento a las objeciones formuladas por el fisco en cuanto a la falta de respuesta certera en este aspecto.-

En cuanto al reproche atinente a la falta de liquidación del impuesto, interesa destacar la respuesta dada por el experto, en la que señala que no ha llevado a cabo la liquidación del impuesto a las ganancias (período 2002), “… sencillamente porque no ha sido solicitada esta tarea dentro de los distintos puntos periciales propuestos por la Parte Actora, si la Parte Demandada en el momento procesal oportuno hubiera solicitado este punto de pericia, previa autorización de V.S., el perito hubiera procedido a responderlo” (sic).-

Merece reiterarse que el Fisco Nacional no impugnó los puntos de pericia propuestos por la actora ni propuso otros distintos.-

Ha de advertirse, por lo demás, que el único aspecto relevante en la presente causa es el relacionado estrictamente con el ajuste por inflación, por lo que no se encuentran en discusión los restantes aspectos que hacen a la determinación impositiva. A esta altura del análisis, en cuanto a las críticas formuladas respecto del valor probatorio de la pericial contable, corresponde poner de resalto que debe reconocerse validez a las conclusiones del experto para la decisión de aspectos que requieren apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la evidencia de errores manifiestos o insuficiencia de conocimientos científicos (Fallos: 319:469; 320:326), circunstancias que a criterio de este Tribunal no concurren en el caso.-

Por último, y en atención a todo lo hasta aquí expuesto, se advierte que las quejas del fisco, dirigidas a cuestionar la utilización por parte del juzgador de los contenidos que surgen del informe pericial a los efectos de fundar su pronunciamiento, sólo trasuntan una mera discrepancia con lo decidido, sin que logren objetar de manera eficaz los extremos que se desprenden de dicho informe.-

VII.- Que el demandado sostiene al expresar agravios que el contribuyente declara en el año 2002 resultados de fuente extranjera y de fuente argentina.-

Respecto del planteo que se intenta elaborar en tal sentido, debe señalarse que éste no ha sido introducido oportunamente por el Fisco Nacional, ya que al contestar la demanda, nada adujo sobre la cuestión, pese a que entre la documental acompañada al escrito de incio se encuentra una copia de la declaración jurada del impuesto a las ganancias, en la que se plasman los resultados de fuente argentina y extranjera –ver fs. 38-.-

Lo expuesto resulta suficiente para desestimar dicho planteo, el que, por otra parte, se encuentra limitado a meras afirmaciones sin un adecuado desarrollo argumental, que permita refutar las conclusiones del experto receptadas en la sentencia, en cuanto a las cifras que arrojaría para el período fiscal 2002 en el impuesto a las ganancias la falta de aplicación del mencionado mecanismo de ajuste por inflación.-

En relación a lo indicado en cuanto a las atribuciones del juez conferidas por el art. 36 del inc. 4 del C.P.C.C.N., cabe remitirse lo expuesto en el considerando anterior en cuanto a la notificación de la apertura a prueba, el traslado de los puntos de pericia y la falta de designación de un consultor técnico por parte del Fisco Nacional, por lo que el demandado no puede ahora pretender que la falta de petición oportuna en cuanto al contenido y el control del informe pericial sea suplido de oficio por el juzgado.-

Por último, los dichos expuestos en el memorial atinentes a la comparación del mayor impuesto resultante de la falta de ajuste por inflación con el patrimonio neto y con los activos de la empresa (los dos últimos, según surgen de la declaración jurada de ganancias del año 2002), no alcanzan para refutar la conclusión del magistrado, consistente en que “… de haberse pagado dicho impuesto se afectaría el activo patrimonial, llevando a la actora a descapitalizarse por la suma de $ 560.996,10.” (sic).-

Consecuentemente, por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde desestimar el recurso del Fisco Nacional.-

VIII.- Que si bien en el punto I. OBJETO del escrito de fs. 410/417 el demandado sostiene que viene a expresar los agravios que le causa la sentencia de grado en tanto ha hecho lugar a la demanda de la actora y aplica las costas por su orden, posteriormente no expresa queja concreta alguna en cuanto a la imposición de costas dispuesta por el Sr. juez de grado, por lo que no cabe formular consideración alguna sobre la cuestión.-

En cuanto a las costas de esta instancia, en mérito a las particularidades del caso y el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Candy”, y en atención a la forma como se decide, corresponde distribuirlas en el orden causado (conf. segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N.).-

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) desestimar la apelación de la demandada y confirmar el pronunciamiento recurrido; 2°) imponer las costas de esta instancia por su orden.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Fdo.: MARÍA CLAUDIA CAPUTI – JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA – LUIS M. MARQUEZ

 

 

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