RSS

Aspectos tributarios de Uber en la Argentina

abril 21

La aparición en Buenos Aires de Uber ha dado lugar a diversas polémicas, que son bien conocidas por todos.

El funcionamiento del sistema, según publican los medios de comunicación, es el siguiente: los pasajeros interesados en contratar el servicio deben bajar una aplicación a su teléfono celular y cargar los datos de su tarjeta de crédito, de la cual se debitará el costo de los viajes que realicen. Aquellos que se ofrezcan como choferes, por su parte, quienes son identificados por Uber como “socios”, deben cumplir ciertos requisitos, y reciben periódicamente la liquidación de los viajes que realicen. Uber retiene una comisión de ese monto, que representa su beneficio.

Los aspectos tributarios del negocio dan lugar a muchas preguntas, algunas de las cuales se enuncian y se invita a los lectores a contestarlas y/o agregar sus propias inquietudes:

  • El sistema Uber parece no tener sede en el país, ¿es un beneficiario del exterior?
  • En tal caso, ¿quién es el responsable de actuar como agente de retención? ¿La entidad emisora de la tarjeta de crédito?
  • El taxista, a tenor de la jurisprudencia vigente, es un sujeto empresa, ¿pero el transportista de Uber será tal? ¿Y si presta servicios en forma no continua? ¿Existe el sujeto empresa temporario e intermitente?
  • ¿Uber esta eximido de emitir facturas?
  • ¿Sus prestaciones están alcanzadas por IVA?
 

Tags: ,

6 responses to “Aspectos tributarios de Uber en la Argentina

  1. Ciudadano Kane

    abril 21, 2016 at 5:23 pm

    UBER debería aclarar varias cosas antes de seguir operando en el país, no? https://www.youtube.com/watch?v=BX6OtY5WyKM

     
  2. Pedro Kondratiuk

    abril 21, 2016 at 9:31 pm

    Solo para incorporar preguntas algo jurisdiccionales que se omiten en la consulta ya que no son taxis:: ¿la comisiòn está gravada por ingresos brutos?, ¿y el valor del viaje?.

     
  3. Carlos Pezzini

    mayo 9, 2016 at 5:18 pm

    Las dos caras de Uber
    SEGUIRFernando TomeoPARA LA NACIONLUNES 09 DE MAYO DE 2016
    4430

    A modo del doctor Jekyll y el señor Hyde, Uber presenta dos caras.

    Por una parte, un irrefutable lado positivo. Nadie duda de su potencialidad, de que es dable elegir entre un Uber y un taxi, que es lícito competir libremente, que las tecnologías avanzan y que los modelos de negocio tradicionales deben adaptarse a ellas, que Internet nos cambió y nos facilita la vida y que Uber, definitivamente, juega este partido. Sostener lo contrario sería mirar el campo vecino.

    Pero el otro lado de Uber no parece positivo cuando irrumpe en la Argentina sin ajustarse a la ley, actuando como una aplicación que “facilita” el transporte de personas, una actividad que supone regulación legal porque conlleva riesgo y peligro para la vida de la gente.

    Este razonamiento no implica decirle que no a Uber, sino más bien decirle que sí, pero bajo el amparo de la ley, porque si bien Internet es indudablemente el gran invento del siglo pasado, no puede convertirse en un espacio sin ley. La ley debe regir para todos, incluso para las empresas “intermediarias” en Internet.

    En particular, se vería con buenos ojos que Uber, de una vez por todas, constituyera representación legal en el país o una sociedad local a fin de que pueda ser notificada fácilmente de una medida judicial (como las dictadas recientemente por la justicia de la ciudad de Buenos Aires) o de una demanda. Hasta ahora existen sólo manifestaciones de que los trámites están en curso. En otras palabras, el día en que escribo esta columna, para notificar legalmente a Uber debemos concurrir a Amsterdam o a California, únicos domicilios informados por la empresa.

    También sería conveniente analizar algunas situaciones que plantean los términos de uso de la plataforma.

    Click Aqui
    El contrato que firma el usuario con Uber es un contrato de adhesión con cláusulas predispuestas, que nadie lee. Entre ellas surgen algunas curiosidades a precisar.

    Uber no garantiza la calidad, sustentabilidad ni la seguridad del servicio. En caso de daños en la utilización del servicio o pérdidas, Uber limita su responsabilidad a 500 dólares como máximo. Asimismo, en caso de conflictos o disputas vinculadas al servicio, se establece la obligación de someterse al arbitraje de la American Arbitration Association. Esto supone, por ejemplo, y dicho en criollo, que si el lector viaja en un Uber con su familia y el conductor sufre un accidente y como consecuencia de ello mueren todos los que viajaban en el auto (y otras cuatro personas atropelladas), Uber responde (luego de concurrir al arbitraje) hasta los importes señalados.

    Por supuesto, esta última situación podría soslayarse con un seguro adecuado contratado por el uberista, que, hasta el presente, no existe en la Argentina: no hay pólizas de seguros en nuestro país que hoy cubran contingencias para uberistas.

    A estas situaciones se agregan otras conocidas, tales como que Uber no tributa en el país (la comisión por viaje que cobra no sabemos a dónde viaja ni dónde tributa); manipula y puede filtrar datos personales de sus usuarios (tal como fue revelado recientemente), y se expone a reclamos de sus propios choferes, que no saben qué papel juegan en relación con la empresa, la cual, hace pocos días, acordó pagar millones de dólares por demandas colectivas en los Estados Unidos para no reconocer el carácter de “empleados” de sus uberistas.

    En conclusión, es válida la llegada de Uber al país; bienvenidos sean la tecnología y el poder de elección de la gente: todos respetamos eso. Pero el desembarco de Uber en la Argentina requiere un ajuste legislativo en materia de transporte que en modo alguno se agota en el art. 1280 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que invoca la empresa para justificar su actuación en el país.

    Su actividad también plantea la necesidad de establecer reglas de juego claras para intermediarios de Internet que venimos reclamando desde hace años desde el ámbito académico y judicial ante el absoluto silencio legislativo: quizás Uber prenda la luz.

    Abogado especialista en tecnologías y profesor de Derecho Informático y Societario de la Facultad de Derecho (UBA)

     
    • Juan Manuel Degreef

      diciembre 4, 2016 at 8:59 am

      Excelente explicación. Abarca todos los aspectos q necesitaba entender sobre a quien se le pagan esas comisiones q deben estar haciendo un banquete de mordidas fiscales en todos lados del mundo. Esta inteligentísima y bien amalgamada “app” a la forma fria y buscadora solo de ganancias q el sistema capitalista nos empuja, se aprovecha de los agujeros negros legales q hay en base a los descubrimientos de nuevas formas de vendernos algun servicio o reinventar y modernizar alguno, con el motivo de lo que todos ya sabemos: Generar ganancias. “Profit”… Las críticas llegan a esta empresa, enmascarada en velos de una simple “app”, de no proveer seguridad ni a sus usuarios, ni choferes. De quitarles sustento a las empresas y proveedores de servicios de transporte y unas cuantas cosas mas relacionadas al uso en si, y no al asunto q genuinamente nos compete a todos… A donde va el dinero de las “comisiones”? Es la unica pregunta q importa en realidad! La claridad de actividad tributaria es fundamental para que el sector privado no use su musculo económico para doblegarnos… Gracias don Carlos x su tiempo para ayudarnos a entender q es lo que sucede antes que dea demasiado tarde… Ups. Ya es demasiado tarde, no? Mandémosle cartas a esas siniestras direcciones estadounidenses!!

       
  4. Enrique Skiarski

    mayo 20, 2016 at 6:34 pm

    El art. 118 de la ley 19550, tercer párrafo dice: “Para el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal asiento o cualquier otra especie de representación permanente, debe:

    1) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.

    2) Fijar un domicilio en la República, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por esta ley para las sociedades que se constituyan en la República;

    3) Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.

    Si se tratare de una sucursal se determinará además el capital que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales.
    O sea que aunque no tenga establecimiento ni representación permanente, por el solo hecho de ejercer habitualmente actos comprendidos en el objeto social,, UBER debe inscribirse en la Inspección General de Justicia.

     
    • Juan Manuel Degreef

      diciembre 4, 2016 at 9:06 am

      Excelente agregado hermano. Se cae de maduro que claramente no cumplen xq su poder economico ( lei/escuche q la “app” esta valuada en billónes…) les permite pagar para operar dentro del vacio legal q este nuevo tipo de intermediarios genera en el capitalismo…

       

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

39.353 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress