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Convenio multilateral en empresa agropecuaria

Arnaud Iribarne ha enviado la siguiente consulta:

Se trata de una agropecuaria que tiene un campo en una jurisdicción y vende parte de su producción dentro de la misma provincia y el resto en otra jurisdicción.

Aplica el Art. 13 del Convenio cuando vende fuera de la jurisdicción y el Art. 2 en las ventas en la misma provincia.

Algunos colegas sostienen que para confeccionar la planilla de CM 05 debe distribuir los ingresos:

a)      Las ventas en la misma provincia, en esa jurisdicción.

b)      Las ventas del Art. 13 solo considerar el 15% en la provincia receptora y el otro 85% considerarlo NO COMPUTABLE.

En lo que concierne a los gastos:

a)      Los vinculados a las ventas del Art. 2 de acuerdo a donde se produce el gasto.

b)      Los vinculados a las ventas del Art. 13 El 15% “arrastra” el 15% de los gastos.

Para el año 2015 notamos que hubo una única venta. La misma fue en la otra jurisdicción.

Aplicando este criterio tenemos un coeficiente del 100% de los ingresos en la jurisdicción receptora y el 15% de los gastos de toda la empresa, a la misma jurisdicción receptora.

Este criterio otorga un coeficiente distorsionado, enorme en la receptora, y casi inexistente donde se encuentra el establecimiento, donde está todo el personal, todas las instalaciones, todos los gastos tanto de producción como de estructura.

SE PREGUNTA:

¿Es correcto un criterio que se menciona más arriba?

O, por el contrario, se deben considerar todas las ventas:

a)      Los ingresos del 15% en la receptora y el 85% en la productora. Cuando se vende entro de la misma jurisdicción tomar el 100% en dicha provincia (A efectos de calcular el coeficiente)

b)      Los gastos  en función de los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción.

 

Posted by on mayo 6, 2016 in Uncategorized

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Aspectos tributarios de Uber en la Argentina

La aparición en Buenos Aires de Uber ha dado lugar a diversas polémicas, que son bien conocidas por todos.

El funcionamiento del sistema, según publican los medios de comunicación, es el siguiente: los pasajeros interesados en contratar el servicio deben bajar una aplicación a su teléfono celular y cargar los datos de su tarjeta de crédito, de la cual se debitará el costo de los viajes que realicen. Aquellos que se ofrezcan como choferes, por su parte, quienes son identificados por Uber como “socios”, deben cumplir ciertos requisitos, y reciben periódicamente la liquidación de los viajes que realicen. Uber retiene una comisión de ese monto, que representa su beneficio.

Los aspectos tributarios del negocio dan lugar a muchas preguntas, algunas de las cuales se enuncian y se invita a los lectores a contestarlas y/o agregar sus propias inquietudes:

  • El sistema Uber parece no tener sede en el país, ¿es un beneficiario del exterior?
  • En tal caso, ¿quién es el responsable de actuar como agente de retención? ¿La entidad emisora de la tarjeta de crédito?
  • El taxista, a tenor de la jurisprudencia vigente, es un sujeto empresa, ¿pero el transportista de Uber será tal? ¿Y si presta servicios en forma no continua? ¿Existe el sujeto empresa temporario e intermitente?
  • ¿Uber esta eximido de emitir facturas?
  • ¿Sus prestaciones están alcanzadas por IVA?
 

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Presentación sobre Imposición patrimonial

Comparto esta presentación sobre algunos aspectos teóricos de la imposición patrimonial.

 

Posted by on marzo 15, 2016 in Uncategorized

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Cesión de sucursal

Hemos recibido la siguiente consulta:

Una empresa posee una sucursal en otra ciudad y decide cederla en las siguientes condiciones:

  1. Entrega bienes de cambio e instalaciones y el comprador se hace cargo del personal con su antigüedad y demás derechos devengados: vacaciones no gozadas y otros. Alternativa:
  2. Entrega el local, sin bienes de cambio e instalaciones y el comprador se hace cargo del personal con su antigüedad y demás derechos devengados: vacaciones no gozadas y otros.
Se pregunta el tratamiento que correspondería darle a ambas alternativas en los impuestos a las ganancias y sobre el valor agregado.
 

Posted by on marzo 2, 2016 in Uncategorized

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Exenciones: concepto de “bien público”

La sala B de la Cámara Federal de Córdoba se ha expedido, el 21/12/2015, en autos Centro Comercial e Industrial de Arroyito c/ AFIP sobre los requisitos que deben cumplimentar las asociaciones civiles y fundaciones para gozar de la exención del art. 20 inc. f).

En el caso se trataba de una entidad que prestaba diversos servicios a sus asociados y, a tenor de otros fallos de la Corte, entre ellos la Asociación Rosarina de Anestesiología, considerando que “…para ser beneficiado o poder acceder a la exención impositiva que nos ocupa, no basta o no alcanza con la mera enunciación de objetivos o postulados que, aparentemente, resultan socialmente útiles y benefician a la sociedad en su conjunto pero que, en los hechos, sólo tienen aplicación concreta en relación al grupo de aquellos que se encuentran asociados o afiliados a la entidad…” y que “… las mismas constituyen claramente labores y actividades que tienden a beneficiar el interés puramente individual de cada uno de sus asociados”.

Por último, dice que: “… la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo sobre la temática aquí analizada, entendió que una correcta interpretación del art. 20, inc. f, de la ley del impuesto a las ganancias la lleva a concluir que una exégesis o interpretación que afirme “…que el concepto de beneficio público no se altera si la finalidad de la asociación se circunscribe al beneficio exclusivo de los socios de la entidad, haciendo de tal manera que los réditos o recursos logrados por el esfuerzo común sean destinados únicamente al beneficio de los socios…es palmariamente contradictoria con la noción de entidad de “beneficio público” que justifica el otorgamiento de la exención del impuesto a las ganancias, en tanto implicaría admitir la dispensa del tributo aunque el único fin perseguido por el ente sea el beneficio de sus propios integrantes…”.

CFCórdoba, sala B, Centro Comercial e Industrial de Arroyito c/ AFIP

 

Posted by on enero 22, 2016 in Exenciones

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La Corte y la coparticipación

Como es de público conocimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en autos ” Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”. Al respecto hemos recibido un  primer comentario de Lisandro Yolis, donde se analizan los aspectos generales de la cuestión y los avatares de la sentencia; es el que sigue:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, este 24 de noviembre de 2015, ha dictado una categórica sentencia sobre el Régimen de Coparticipación Federal: CSJ 538/2009 “Santa Fe, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad”.

El análisis de la sentencia es más que complejo. Por lo tanto, en estas breves líneas se hará un somero planteo sobre un tema formal y de índole político del fallo, dejando para más adelante tanto la cuestión de fondo como otras cuestiones de forma.

El momento histórico en el que se decide emitir una sentencia no es un tema para nada menor y no ha sido dejado librado al azar por los miembros del Máximo Tribunal.

Para entender mejor el punto, corresponde hacer algunas precisiones.

La causa fue iniciada por la Provincia de Santa Fe en el año 2009.

Idas y vueltas, audiencias en el medio, dictamen de la Procuración General de la Nación, en concreto el expediente quedó en condiciones de dictar sentencia el día 4 de junio de 2012.

Pases y más pases entre las vocalías, algunas cuestiones suscitadas en el interín, y, finalmente, la sentencia sale, como se dijo, el 24 de noviembre de 2015.

Sin embargo, hay un detalle que no puede soslayarse.

De la página del Poder Judicial (www.pjn.gob.ar), donde se puede hacer un seguimiento del trámite del expediente surge un detalle interesante: la causa tuvo un “parate” de un año. El 14 de julio de 2014 se observa un pase a la Vocalía Nº 1. El siguiente movimiento es un despacho del 14 de agosto de 2015.

¿Qué paso en el medio? Bueno, ese detalle se desconoce. Lo cierto es que la Corte Suprema es muy oportuna para dictar sus sentencias. En este caso, eligió la semana inmediatamente posterior a la definición del nuevo presidente, donde se coronó la “oposición”.

Esto no puede ser un tema menor. Más aún, cuando declara la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la masa coparticipable de impuestos que el gobierno nacional utilizaba para financiar la  ANSES, obliga a devolver sumas millonarias a las Provincias y, como si fuera poco, le “hace un tirón de orejas”, principalmente, a los poderes federales para que elaboren un nuevo régimen de coparticipación federal.

La oportunidad de la sentencia lleva a preguntas obvias y obligatorias, aunque sin respuestas para un humilde abogado que carece de poderes sobrenaturales: ¿Habría sacado igualmente la sentencia esta semana si las elecciones hubiesen tenido un resultado diferente? ¿Habría resuelto en el mismo sentido y con las afirmaciones categóricas con las que define el tema?

En línea con este planteo argumental y aun cuando los jueces hablan a través de sus sentencias, no pueden soslayarse los dichos del propio presidente del Alto Tribunal (http://www.lanacion.com.ar/1848734-lorenzetti-aclaro-que-el-fallo-que-devuelve-fondos-a-provincias-no-condiciona-al-proximo-gobierno), donde deja entrever que había que dictar esta sentencia en este preciso momento, entre otras razones porque el Doctor Fayt se retira.

Además, la Doctora Highton de Nolasco no suscribió la sentencia, sin embargo, en la misma fecha se la ve intervenir en otras sentencias con su firma.

Entonces, surgen otras preguntas obvias y obligatorias: ¿Era necesaria la firma del Doctor Fayt? ¿Por qué razón la Doctora Highton de Nolasco no suscribe la sentencia? ¿Era necesaria la firma del Doctor Fayt, porque la Doctora Highton de Nolasco no coincidía con el criterio? ¿Por qué la Doctora Highton de Nolasco no manifestó su disidencia (si es que la había)? Si el Doctor Fayt se retira, entonces ¿la sentencia podría no haber salido o haber salido antes? Si el expediente estuvo parado un año, ¿no podría haberse esperado a la integración del Máximo Tribunal con nuevos miembros? ¿Era necesario que la sentencia salga mientras siga el oficialismo en el Poder Ejecutivo, es decir, antes del cambio de autoridades? Nuevamente, ¿por qué la sentencia no salió antes?

Como puede observarse, desde el punto de vista estrictamente formal y político la sentencia deja más dudas que certezas.

 

Posted by on noviembre 27, 2015 in Uncategorized

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Los impuestos provinciales y la prescripción

Con referencia a la prescripción liberatoria, el nuevo Código establece en el art. 2560 un plazo genérico de cinco años “…excepto que este previsto uno diferente en la legislación local” y, el art. 2572, el plazo de dos años para “…el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas”. La interpretación  de estas normas, en especial en lo referido a  los impuestos provinciales, no es un tema pacífico, existiendo diversas posiciones.  Parte de la doctrina sostiene que a los impuestos se aplica el art. 2572, pues se devengan por años, mientras que otros afirman se aplica el art. 2560 que fija el plazo genérico.

En este último caso, las dudas surgen respecto de la primacía o no de las normas provinciales sobre prescripción de los impuestos, por sobre las del Código ya que, más allá de la letra de éste que así lo establece, se alega que la Constitución nacional dispone que la legislación de fondo (con expresa mención  a los Códigos Civil y Comercial) es potestad del gobierno nacional, no pudiendo ejercer las provincias estas facultades, las que han sido delegadas y, por último, que una ley, como lo es el Código Civil y Comercial de la Nación, no puede modificar esta expresa manda constitucional.

El Superior Tribunal de Justicia de CABA, en épocas de vigencia del Código Civil anterior, se había expedido en autos Sociedad Italiana de Beneficencia en el sentido de otorgar primacía a las normas locales, pese a lo resuelto por la Corte en Ficrosa SA.

El mismo Tribunal superior, en el fallo “Fornaguera Sempe, Sara Stella y otros” del 23/1/2015, que se adjunta, se ha vuelto a expedir en el mismo sentido que su antecedente Sociedad Italiana de Beneficencia.

 

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Agentes de retención. Aplicación del art. 40

La Corte, en autos San Juan SA c/DGI (27/10/2015), ha fallado un caso de aplicación del art. 40 de la ley de impuesto a las ganancias, dicha norma autoriza al fisco a impugnar los gastos, cuando no se hubiere practicado la retención del impuesto.

El contribuyente sustentó su defensa en que la erogación correspondía a compra de bienes de cambio, los que constituyen un “costo” no un “gasto”, por lo que la norma no sería aplicable y en no haber podido actuar como agente de retención, debido a que las adquisiciones de bienes, en un periodo de profunda crisis económica, fueron realizadas mediante un pool de compras, que negociaba directamente las condiciones con los proveedores e incluso efectuaba los pagos a éstos.

La Corte rechazó la distinción entre “gastos” y “costos”, diciendo que la norma se aplicaba a los “pagos” y, además, que acreditado el incumplimiento de la obligación legal que pesa sobre el agente de retención, la consecuencia prevista por la norma -la posibilidad de que el Fisco impugne en el balance fiscal el gasto realizado por aquel (art. 40, LIG)- excede el mero interés patrimonial que es protegido por otras disposiciones del ordenamiento jurídico al consagrar la responsabilidad solidaria por el tributo omitido (art. 8, inc. c), L. 11683) y, en consecuencia, funciona como un castigo al infractor, cuya finalidad es restaurar el orden jurídico infringido, y no reparar un perjuicio o constituir una fuente de recursos para el erario.

 

Posted by on noviembre 5, 2015 in Omision de retener

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Aclaración sobre la 3ª edición del libro Impuesto a las Ganancias

Quisiera aclarar que, por un error, en la tercera edición de mi libro “Impuesto a las Ganancias” figura que la fecha de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es el 1/1/2016, cuando la correcta es el 01/08/2015. Al momento de entregar la obra a la editorial (en diciembre de 2014), la fecha estipulada era el 1/1/2016. Luego, esa fecha se adelantó, pero el cambió no fue recogido en el texto.

Me disculpo por este error, que excede mi responsabilidad. Me han prometido que en la versión en e-book se realizará la corrección correspondiente.

 

Jornada del nuevo Código Civil y Comercial

El miércoles 21 se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA la Jornada del nuevo Código Civil y Comercial, donde participé como coordinador y expositor en la Conferencia “Aspectos Tributarios”. Haciendo click en el link pueden acceder a mi presentación: “Código Civil y Comercial de la Nación: Aspectos impositivos de las modificaciones relacionadas con las personas físicas“.

 

 

Posted by on octubre 23, 2015 in Nuevo Código Civil

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